A encarrillar el rumbo. Decretos presidenciales para la implementación

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Comisiones de trabajo de las FARC-EP y Gobierno Nacional, anuncian los decretos presidenciales.

Tres decretos fundamentales para recomponer la implementación del proceso de paz

Hernán Camacho

A pesar de las dificultades, las decisiones adversas al proceso de implementación, los sistemáticos incumplimiento en los compromisos gubernamentales con las zonas veredales de normalización y el lento proceso legislativo del fast track, las FARC-EP siguen firmes en su empeño por sacar adelante el proceso de paz.

Después de la decisión de la Corte Constitucional de modificar el fast track, y de permitir que los acuerdos de La Habana, puedan ser modificados por iniciativa legislativa, el Gobierno nacional debió actuar con mayor decisión emitió 34 decretos con fuerza de ley que permitirán impulsar el proceso de paz y superar sus dificultades.

A un día de terminar las facultades especiales, otorgadas por el Congreso de la República al presidente Juan Manuel Santos, este logró reconducir la implementación. Asuntos de tierras, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, materialización de la comisión de lucha contra el paramilitarismo y el protocolo de entrega de bienes producto de la economía de guerra de la insurgencia, fueron algunos de los temas abordados en la cascada normativa.

Los decretos llegan en un momento de incertidumbre política luego que la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación, Csivi, de la que hacen parte las FARC-EP y el Gobierno, por consenso aprobaran los decretos se aminoran los daños producidos por la Corte.

Al respecto, el jurista Diego Martínez, señaló: “En un ambiente tan complejo, muchos sectores hubieran apostado todo, para que el proceso de paz en esta etapa se destruyera. Las más recientes decisiones de las delegaciones de paz y la Comisión de Seguimiento y Verificación a lo acordado, Csivi, tomaron decisiones que ponen en jaque al guerrerismo y permitirán avanzar el proceso”.

Ante el temor que los decretos con fuerza de ley corran la misma suerte que el marco legislativo de refrendación de los acuerdos y puedan ser modificados parcial o totalmente, Martínez, subrayó: “Los decretos los hemos estudiado y sustentado lo suficiente para estar seguros que van a superar el control automático de la Corte, debido a que cumplen los criterios que ese mismo alto tribunal ha señalado: conexidad objetiva y material con el proceso de paz”, y añade Martínez, que las fuerzas sociales deben salir a expresar el respaldo a los decretos de ley pues la Corte Constitucional ha tomado posiciones políticas y no jurídicas respecto al proceso de paz.

Contra el paramilitarismo

Uno de los decretos que servirá para afianzar el proceso de paz es el que determina la creación de la comisión de investigación y combate al paramilitarismo. Dicha figura estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y tendrá competencia para investigar los más de cinco mil casos que vinculan ese fenómeno con la institucionalidad, la fuerza pública y los sectores empresariales. Pero dicha iniciativa va de la mano con el acto legislativo que pretende considerar el paramilitarismo como un tipo penal, prohibir las organizaciones de ese tipo y alentar el pacto de sacar las armas de la política.

Un hecho que ha tenido resistencia entre los sectores más conservadores del Congreso de la República. El propio senador del partido Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, señaló que la aprobación de la iniciativa que prohíbe el paramilitarismo en Colombia es una claudicación del Estado a las FARC.

Señala el decreto 898 del 29 de mayo de 2017: “se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Sustitución de cultivos

En cuanto al punto de sustitución de cultivos denominados ilícitos, con la firma de uno de los decretos presidenciales, se transforma de fondo la lucha contra el narcotráfico, que ya no será la persecución al eslabón más débil de la cadena productiva, los cultivadores; sino que permitirá la consolidación de un plan voluntario de sustitución que le dará al campesinado las condiciones socio económicas ideales para no depender económicamente de ese cultivo. El plan contempla como eje del desarrollo campesino la producción agrícola sostenible.

“Que el Acuerdo Final en el referido punto 4 reconoce que muchas regiones y comunidades del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y abandono, se han visto afectadas directamente por el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas, incidiendo en la profundización de su marginalidad, de la inequidad, de la violencia en razón del género y en su falta de desarrollo, así mismo, reconoce que la producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales han tenido graves efectos sobre la población colombiana, tanto en el campo como en la ciudad, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades”, indica el decreto 896 de 2017.

Al respecto, Diego Martínez señala: “El siguiente paso, en relación al tema de cultivos denominados ilícitos, es la ley de alternatividad penal que permitiría que los campesinos que fueron judicializados y se encuentra internos en las cárceles del país por narcotráfico, por el hecho de tener cultivos de hoja de coca, adquieran su libertad”.

Tierras

El otro decreto de singular importancia es aquel que trata del desarrollo agrario integral, punto primero de la agenda para la terminación del conflicto. Lo que pretende el decreto es sentar las bases jurídicas para el acceso y la formalización de la tierra a campesinos que hoy no la tienen o la tienen poca, regular la tenencia de la tierra de los pequeños y medianos empresarios. Se pretende evitar que las tierras baldías, destinadas para uso exclusivo del campesinado, apropiadas ilegalmente a manos de los grandes empresarios sean arropadas con legalidad. La prioridad en la distribución de las tres millones de hectáreas habilitadas para el desarrollo integral quede en manos del campesinado. En esencia pretenden impulsar la economía campesina.

No obstante, al lado del decreto, hacen tránsito en el parlamento los proyectos de ley que crean el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el que regula el servicio público de adecuación de tierras. Es allí tal vez el escenario en donde la Unidad Nacional y los sectores más afines a la paz puedan derrotar las intenciones reformistas de la derecha y mantener la fidelidad de los acuerdos.

@camachohernan

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