jueves, marzo 28, 2024
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En la mira del nuevo Código de Policía

Lejos de preservar la convivencia, la razón de ser del nuevo código, consiste en darle legalidad al abuso de autoridad y convertir infundadamente en indisciplinados sociales a poblaciones vulnerables y estigmatizadas como los jóvenes.

 Foto: http://www.colombialegalcorp.com/

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Ivanovich Jiménez

El pasado 15 de junio, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en el último debate la reforma al Código de Policía. Con una abrumadora votación de 91 votos a favor y 3 en contra, los más de 240 artículos pasarán ahora a conciliación en el Senado, donde como es de costumbre saldría a “pupitrazo” a sanción presidencial.

El nuevo código, otorga poderes exorbitantes a la Policía Nacional, a partir de una nueva conceptualización de “convivencia ciudadana” que se sobrepone a derechos fundamentales de la población, tales como, la libertad, la movilidad, la privacidad, la libre asociación, la protesta social y el derecho al trabajo, entre otros. Lejos de preservar la convivencia, la razón de ser del nuevo código, consiste en darle legalidad al abuso de autoridad y convertir infundadamente en indisciplinados sociales a poblaciones vulnerables y estigmatizadas como los jóvenes.

Un código que promueve la exclusión y la delincuencia juvenil

Colombia cuenta con uno de los índices más altos en Latinoamérica de exclusión para la población juvenil; esto es, jóvenes que no tienen acceso a la educación ni a un empleo estable, lo que se evidencia no solo en el denso sector de jóvenes que conforman el ejército de desocupados, sino que es uno de los motivos que obliga a esta población a vivir del rebusque o vincularse a la delincuencia.

Sin embargo, esta realidad social no es un motivo de preocupación para el legislador colombiano. Por el contrario, llama la atención que un joven que se gane la vida vendiendo dulces en un bus de servicio público, sea un hecho que ponga en riesgo la “convivencia” según el nuevo Código de Policía. La nueva normatividad expresamente prohíbe estas actividades, y otorga facultad a la policía, para detener y conducir a las estaciones, a quienes sean sorprendidos en actividades como esta.

Dándole a un problema social, un tratamiento punitivo, el Estado colombiano se distancia de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que, frente a los vendedores ambulantes señaló lo siguiente: “si el estado no los quiere en las calles, los debe reubicar en sitios adecuados para que se ganen la vida”. Así las cosas, a un joven excluido le daría igual robar un celular o vender un caramelo en un bus, porque en ambos casos debe esconderse y no dejarse agarrar de la policía.

Un código que cercena el derecho a la protesta

El carácter transformador de la juventud consiste en su capacidad de movilización en defensa de sus reivindicaciones más sentidas. El movimiento de la séptima papeleta que dio como resultado la convocatoria a la asamblea nacional constituyente del 91, y las movilizaciones del 2011 dirigidas por la MANE, que revirtieron la disposición del gobierno nacional en dar pasos agigantados hacia la privatización de la educación superior, son dos ejemplos de cómo la movilización social y popular, es una herramienta eficaz en la conquista de los derechos de la población colombiana, y como la juventud ha sido un factor determinante en ella. Sin embargo, la forma como se concibe la protesta social desde la nueva norma, es de preocupar.

En primer lugar, el código solo permite las protestas que busquen un “fin legítimo”. No obstante, la legitimidad de dicho fin es una cuestión exclusiva de las autoridades. Esta realidad, implica ineludible el cierre de la agenda democrática; solo unas reivindicaciones, las que persigan fines “legítimos”, caben en dicha agenda y no otra. En otras palabras, las movilizaciones, mítines, plantones, manifestaciones públicas, etc., que según las autoridades no tengan un fin legítimo, no se podrán hacer, y aquellas que se hagan, serán disueltas por la policía utilizando la fuerza, tal como lo ordena el código.

Es bastante paradójico, que el mismo estado haga pensar a los jóvenes que la única forma de expresar sus ideas, consideradas ilegitimas, sea apelar a la lucha armada. Evidentemente no estamos frente a una medida de prevención, por el contrario, se trata de una normatividad que contraviene los propósitos de la transición actual hacia la paz.

Un código que criminaliza la vida juvenil

Con lo que hemos visto, es claro que el articulado aprobado de manera exprés por los “padres de la patria”, y que el próximo 20 de julio continuará su trámite para convertirse en ley de la república, no busca prevenir comportamientos irresponsables; legaliza la estigmatización y el abuso policial contra ciertos sectores de la sociedad, siendo los jóvenes, quizá uno de los sectores más afectados.

Entre las prohibiciones que contempla la nueva norma se encuentran entre otras el consumo de bebidas alcohólicas en conciertos, la ocupación de sitios públicos y el grafiti.

Es absurdo creer, por ejemplo, que un joven que viaja a Bogotá de cualquier lugar del país para ver a su artista favorito que sólo se ven una vez en la vida, que lleva montado en un bus varias horas, que pagó una boleta que generalmente es costosa, que caminando hacia el concierto lleva una cerveza en la mano y que la Policía por eso no las deja entrar, se va a devolver tranquilamente a la terminal a coger un bus de regreso.

La prohibición del grafiti, como método de expresión juvenil, nos revive el trágico episodio de Diego Felipe Becerra, asesinado cobardemente por la Policía mientras se encontraba dibujando lo que sabía hacer en una pared de Bogotá. Pareciera que con esta medida se legalizará el proceder de la policía contra estos jóvenes. Pero independientemente de ello sí se evidencia la disposición de estigmatizar y seguir atropellando a los jóvenes que realizan este tipo de trabajo.

En cuanto a la ocupación de los sitios públicos, las calles, las plazas públicas y los parques, son escenarios naturales de los jóvenes. ¿Qué es un parque o una plaza sin jóvenes practicando Skate, o jugando un picadito de fútbol? Esto podría ser motivo de detención, si la policía considera que se está afectando la convivencia. ¿Que son los jóvenes si sus derechos no los pueden reclamar en las calles o en las plazas públicas? Estamos a punto de ingresar a una lógica en la que al joven no se le permitirá ser joven. La Policía Nacional hoy no resuelve los problemas de la comunidad, sino los problemas del Estado y las clases en el poder.

Es justo que Colombia modifique el actual Código de Policía. Pero no por uno que restrinja libertades y criminalice a la juventud. Es necesario que todos los actores sociales, políticos y académicos, sumen esfuerzos en la movilización, con el objetivo de detener un Código Nacional de Policía, que promueve y justifica el abuso y la brutalidad policial contra la juventud, y defiende los beneficios de los poderosos en Colombia.

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