Paro Nacional: en el Congreso y en las calles

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Los jóvenes han sido los protagonistas de las movilizaciones en el contexto del paro nacional. Foto Sophie Martínez

El Comité Nacional de Paro presenta ante el Congreso de la República 10 proyectos de ley que darían respuesta a la grave crisis social del país. Se preparan más movilizaciones para finales de agosto

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino

En la presente semana, el Comité Nacional de Paro, CNP, presenta ante el Congreso de la República 10 proyectos de ley que interpretan cada uno de los puntos del pliego de emergencia presentado por la misma organización en junio de 2020, y que darían soluciones a la crisis económica y social agravada por la pandemia mundial.

Para conocer los alcances de los proyectos radicados, VOZ habló con Francisco Maltés, uno de los voceros del CNP.

En primer lugar, está la renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, propuesta de gran importancia en la actual coyuntura de crisis agravada por el mal manejo de la pandemia. “El Dane hace 15 días informó que dos millones 600 mil familias habían dejado de consumir una tercera comida al día. Además, hay 11 millones de desplazados por la violencia, cuatro millones de desempleados. Por eso la urgencia de la renta básica”, justifica Francisco Maltés.

Para el CNP los recursos pueden salir de dos fuentes como son la monetización de una parte de las reservas internacionales que están en más de 60 mil millones de dólares, o de una emisión de dinero del Banco de la República, en calidad de préstamo al Gobierno nacional.

La medida se debe aplicar por 13 meses porque según cálculos de científicos la pandemia puede durar un año más y quienes están en el rebusque deben ser protegidos.

Universidades y salud

En segunda medida, está el proyecto para la gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matrícula cero. Los beneficiados serán 800 mil estudiantes que cursan programas en las universidades públicas. Es importante anotar que algunos entes educativos han desarrollado la propuesta, aunque contando con sus recursos, lo que ha profundizado su crisis financiera. Por este motivo, la propuesta es que los 700 mil millones de pesos que se requieren por semestre deben ser girados por el Gobierno nacional y que la gratuidad en la educación se convierta en una política estatal. Los dineros saldrían del presupuesto nacional, o del préstamo del Banco de la República.

En el tema del fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia, se tuvieron en cuenta tres aspectos que integran el proyecto de ley: la desaparición de la intermediación de las EPS para que no se queden con gran parte de los dineros para la salud: “Deben ser giros directos del Gobierno a las Empresas Sociales del Estado, en segundo lugar creemos que se debe fortalecer la república hospitalaria, que ha demostrado serias dificultades para atender las necesidades de los ciudadanos, y tercero, los trabajadores de la salud deben tener un trabajo decente, es decir, un nombramiento reglamentario y no prestación de servicios”, explica Maltés.

Las Mipymes y el campo

El cuarto proyecto presentado tiene como objetivo apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo. En este tópico, la propuesta está sustentada en el quiebre de 500 mil pequeñas y medianas empresas en el último año. “El Gobierno prefirió darle los auxilios a las megaempresas que hacen parte de conglomerados económicos en los que generalmente hay bancos. Ese error de Duque conllevó al quiebre de las otras. Por eso, las ayudas deben ser para las MiPymes”, argumenta el líder sindical.

En relación con el proyecto que busca apoyos para la reactivación del sector agropecuario, Maltés explica que la importación de productos similares a los que produce Colombia debe tener un arancel muy fuerte para proteger y promover la industria nacional y a los consumidores. “Creemos que nos podemos proteger vía aranceles, que es una vía legal en el plano del comercio internacional”.

La idea de la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social, es tumbar la reforma laboral y pensional que esta significa, y que fue expedida vía de facultades extraordinarias del Ejecutivo, sin control del Congreso.

Por otra parte, está el proyecto de ley para crear acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género. Se basa en que el confinamiento por la pandemia se ha prestado para que la violencia de género se haya exacerbado, por lo que se busca la reglamentación que castigue con más fuerza a infractores. De lo que se trata es de protección a las mujeres y a la población LGBTI.

Protesta y juventud

Acerca de las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el proyecto se basa en la normatividad vigente y en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que garantiza la protesta como un derecho fundamental: “Nos basamos en la sentencia de la Corte, en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, en lo referido a la participación de las organizaciones sociales, y en los estándares internacionales”, anota Francisco Maltés y agrega que cada vez que el Gobierno nacional va a presentar un proyecto para restringirla se hace necesario tener una alternativa para hacer un debate político.

Sobre la reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud, se presenta por la necesidad de tener una política para los jóvenes que se base en tres ejes: Ingresos, educación y trabajo decente.

En cuanto a la reforma a la Policía, el CNP también se basa en las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que esta institución no dependa del Ministerio de Defensa y no vulnere los derechos humanos.

Mayorías de derecha

Los proyectos se presentan por un alto número de congresistas de los partidos del Pacto Histórico, de la Coalición de la Esperanza y algunos del Partido Liberal y la U. “Aspiramos a que los congresistas no solo firmen la presentación de los proyectos sino también el trámite y su aprobación”, dice Maltés.

Aunque para muchos, dada la naturaleza política de la mayoría de parlamentarios, los proyectos no tendrán futuro, desde el CNP se cree que estos deben responderles a sus electores: “Los electores son personas de diferentes fuerzas políticas que han perdido el empleo, empresas que se han quebrado, jóvenes que han dejado de estudiar, entonces, deben ser responsables con ellos”, argumenta el vocero del CNP y presidentes de la CUT.

Acerca de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, el sindicalista dice que se entendió que en esta no se debe gravar la canasta básica ni los salarios ni las pensiones.

Sin embargo, el CNP cree que debe haber una modificación del estatuto tributario, para que cumpla la Constitución en el sentido de que los impuestos deben ser progresivos, “es decir, el que más tiene más paga y no como sucede hoy que quienes menos tenemos somos los que más pagamos”, expresa el dirigente sindical.

Mientras tanto, se siguen preparando movilizaciones, y el 5 de agosto, vía plataformas de internet de organizaciones sociales, con el apoyo de algunas universidades y reuniones presenciales, se hará una jornada pedagógica nacional en la que se explicarán los contenidos y alcances de los proyectos de ley. Asimismo, el CNP anuncia grandes movilizaciones en todo el país, para finales del mes de agosto, y ha tenido acercamientos y reuniones con jóvenes de la Primera Línea.