Libardo Muñoz
“…el viejo esquema de explotación que ha sido la triste historia de estas tierras latinoamericanas, que han vivido al servicio de las necesidades ajenas, donde la explotación de los recursos naturales no ha dejado más que agujeros y fantasmas porque cuando se agotan, se van sin decir adiós y si te he visto no me acuerdo” Eduardo Galeano
Entre 1500 y 1890 los españoles, ingleses y gringos se llevaron de Colombia 653 millones de pesos “oro”, en oro metálico y 35 millones en plata.
Las guerras de independencia fueron, en parte, financiadas con oro de Antioquia y Marmato. En 1822 se pignoraron las minas de Santa Ana, Pamplona y Marmato por 50 años para poder pagar créditos a Inglaterra.
En 1829 Bolívar, desde Quito, expidió un decreto en el que se transfería la propiedad soberana del subsuelo de las manos de la corona española a las del Estado colombiano.
Cuando vinieron los colonizadores españoles sólo encontraron minas de socavón en Buriticá y Marmato. Los indios de la región trabajaban con instrumentos de madera y de cerámica, lo que hacía de la minería una actividad precaria y difícil. El español trajo los instrumentos de hierro y así comenzaron las excavaciones, los primeros túneles y el oro de vetas en lo que hoy es Antioquia, Santander y Huila. Se trabajaba más en aluvión, pues este daba un oro más puro y mejor pagado que el de socavón, que requería más inversión.
Desde mucho antes de la Colonia española hasta nuestros días, tanto los indígenas, como los criollos, los descendientes campesinos extraen minerales de modo que en toda la extensión de la historia nacional siempre existieron y existirán pequeños y medianos mineros artesanales, aceptados por las autoridades pues pagan impuestos aun sin títulos o concesiones.
Estos artesanos, organizados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, consideran que el conflicto actual que se cierne sobre ellos se originó hace dos décadas en el llamado Consenso de Washington, a través del gobierno de Virgilio Barco. Comenzaron en ese momento unas maniobras para acomodar las normas legales a la funesta “apertura económica” de César Gaviria Trujillo, se legisla a favor de la gran minería, mientras se va eliminando la pequeña y la mediana.
Hoy, más de 200 empresas mineras internacionales tienen los ojos puestos sobre Colombia. Los dos últimos gobiernos dieron en concesión más de nueve mil títulos, que engloban 4’988.360 Ha otorgadas por 30 años prorrogables a otros tantos, es decir, la entrega de la soberanía de buena parte del territorio colombiano para la eternidad. Hay muchas otras más empresas mineras extranjeras haciendo fila para arrasar a Colombia, con la ayuda de estos gobiernos impúdicamente traidores a los intereses de la comunidad.
Viene más pérdida de soberanía nacional sobre páramos, campos agrícolas y reservas forestales, en perjuicio de más de dos millones de pequeños, medianos y mineros artesanales informales de nuestro país.
Así se manejan los recursos naturales tan valiosos como el oro de los colombianos, por cuenta de las mafias del capitalismo local e internacional.
