En medio de extraordinarias movilizaciones sociales, en que los trabajadores reclaman salarios decentes y derechos sociales, el país austral va a las elecciones el próximo domingo
Huelgas nacionales en varias actividades de servicios públicos chilenos, algunas de las cuales llevan hasta cuatro semanas de duración, han servido de marco a la campaña electoral que llega a su recta final y que concluirá con los comicios generales del próximo 17 de noviembre en ese país.
Catorce gremios económicos, que integran la Mesa del Sector Público, lideran la protesta, que provocó un paro general de actividades el jueves de la semana pasada y puso en las calles a los trabajadores del sistema médico legal, a los empleados municipales, a los recolectores de basuras, a los funcionarios de los ministerios del Trabajo, Obras Públicas, Educación y Tesorería General de la Nación, entre otros sectores. Los huelguistas reclaman aumentos de salario decentes, estabilidad, regulación del derecho a la huelga y otras reivindicaciones.
Este preámbulo de lucha social, que mide la intensidad de las reclamaciones de cambios sociales democráticos, enmarca las elecciones presidenciales, en las que la candidata del Movimiento Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, obtendría el 47 por ciento de la votación, con lo que no necesitaría llegar a una segunda vuelta. Aunque el padrón electoral establece que el ganador necesita la mitad más uno de la votación, si ésta triplica los resultados de su inmediato seguidor, no habrá tercera vuelta, y este sería el caso de Bachelet.
La candidata de Nueva Mayoría registró un programa de gobierno que propone reformas en el sistema educativo, en materia tributaria y una reforma constitucional que reemplace buena parte de la actual carta política, aprobada bajo la dictadura de Pinochet.
El Partido Comunista de Chile, que hace parte de la base social de apoyo a Michelle Bachelet, presentó una propuesta programática de siete capítulos, sugiere la revisión del derecho de huelga, un estado moderno garantista, el fortalecimiento regulador del estado en la economía, un régimen de libertades individuales y mecanismos de integración latinoamericana, robusteciendo especialmente la colaboración con la CELAC.
