El viacrucis de los indultados

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Uno de los grandes compromisos de los primeros indultados es promover el proceso de paz, pero la pregunta es ¿lo podrán hacer en esas condiciones?

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Bibiana Ramírez

Por estos días corren las noticias de la grave situación de los presos políticos y de guerra en Colombia. Las cárceles andan hacinadas y el estado de salud de la mayoría de los presos es trágico. Muchos han muerto allí sin ser atendidos por un médico, como le sucedió el 5 de febrero a Jhon Jairo Moreno en Pereira. Este es el caso de Wilson Antonio López, un guerrillero de las FARC, capturado el 22 de abril de 2014 y condenado a 72 meses y que también es noticia porque fue uno de los indultados junto con otros 17, el pasado 22 de enero, que recibieron indultos por delitos políticos menores y que hacen parte de los compromisos acordados en La Habana. Quedarían faltando 13 para completar los 30 acordados.

El ministro de Justicia Yesid Reyes aclaró que se comprobó que estos guerrilleros no tenían investigaciones por otro tipo de delitos y que el compromiso de estos para recibir el indulto, es no volver a las filas de las FARC y participar de un proceso de reinserción social con el Gobierno.

“Van a estar en libertad pero estarán incorporados en un programa de reinserción social. Teníamos que tener asegurados qué iban a hacer al salir de la cárcel, cómo orientarlos durante los primeros días, ya que muchos de ellos no tienen arraigo familiar, por eso fuimos cuidadosos y no corrimos más de la cuenta”, dijo el ministro Reyes.

Sin embargo la realidad es otra. Wilson Antonio fue amenazado de muerte a principios de febrero cuando recién estaba viviendo en la vereda El Salado de Envigado.

Un drama que apenas comienza

Wilson estuvo gran parte de su prisión en la cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia y en diciembre fue trasladado a La Picota en Bogotá. Para él fue una gran noticia la de quedar en libertad sin pagar el tiempo al que había sido condenado, además porque no podía trabajar para reducir su pena debido al mal estado de salud en que se encontraba.

Estar con su familia era el mayor anhelo. Y lo logró. Llevaba un par de semanas viviendo en la vereda El Salado de Envigado, reintegrándose a la vida civil, sin embargo su salud no mejora y el esfuerzo por sobrevivir es grande.

Pero su felicidad se vio interrumpida cuando el primero de febrero llegan a su casa varios hombres, quienes luego de identificarse como miembros de la Oficina de Envigado, le manifiestan que por los medios de comunicación se enteraron de “quien es usted, sabemos a qué se dedica y de dónde viene”, que se lo dicen “para que mire a ver qué va a hacer porque por aquí no los queremos volver a ver”.

El 3 de febrero recibe una llamada anónima, donde le dicen “casi que no nos damos cuenta de quién es usted”, “lo vimos en televisión”, “se lo tenía muy bien guardado”, “sabemos dónde vive y donde está usted y su familia para que sepa de una vez de que se van a morir”.

La situación familiar de Wilson es dramática. La hija mayor, de 20 años, tiene problemas de arritmia cardiaca, no puede trabajar y quiere seguir estudiando. La esposa es de avanzada edad y tiene problemas de salud. El hijo menor de 17 años es el único que puede trabajar. Es el encargado de sostener el núcleo familiar. Trabaja en una finca ajena y se gana 400 mil pesos mensuales. También quiere terminar los estudios. Wilson está totalmente incapacitado.

La situación se agrava con las amenazas. El abogado defensor logró obtener unas medidas de protección por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR y de la Unidad Nacional de Protección UNP. Le dieron una ayuda económica de 1’700.000 pesos, un dinero para emergencias, también le entregaron un celular con comunicación directa con las autoridades.

Estuvieron en la Cruz Roja internacional. El mandato que tienen es limitado, les dicen que lo único que pueden hacer es presentar el caso ante la UNP y ACR, lo que ya había hecho el abogado, le sugieren enviar el caso a La Habana.

Salud en riesgo

Desde que Wilson ingresó a la cárcel, llevaba una herida de guerra en la pierna derecha que no fue atendida mientras mientras estuvo preso. Llevaba una esquirla de granada y que aún no ha sido extraída, por el contrario la herida se le infectó y se le expandió por gran parte de la pierna, causándole grandes dolores permanentes, con riesgo de gangrena y en consecuencia la pérdida de la pierna y hasta de la vida. Todo esto estando privado de la libertad, lo que lo incapacitó para desarrollar cualquier actividad allí.

La Corporación Colectivo de Abogados Suyana estuvo llevando el caso y en un comunicado dijeron que “después de interponer una tutela, fue valorado por médico tratante, quien ordenó hospitalización, por lo que fue remitido hacia un centro hospitalario, donde fue valorado nuevamente. El nuevo médico formuló medicamentos y recomendó retornarlo a reclusión, pues según el galeno el paciente no requería de hospitalización y con los medicamentos bastaba”.

A la fecha Wilson debió salir de Envigado y se encuentra en otro municipio, escondido y con una infección que no para y ningún médico le trata.

Uno de los grandes compromisos de los primeros indultados es promover el proceso de paz, pero la pregunta es ¿lo podrán hacer en esas condiciones?

Agencia Prensa Rural