El SENA se marchita

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Juan Carlos Hurtado F.

La entidad que nació hace 56 años por iniciativa y con recursos aportados por los trabajadores para entregar instrucción técnica, afronta dificultades de desfinanciación que pueden llevarla a su privatización. La nueva directora hace la tarea. Protestas en todo el país

La semana pasada, en diferentes ciudades del país, funcionarios y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se manifestaron contra políticas gubernamentales y de la dirección de la institución de educación profesional -que según ellos-, la ponen en peligro. Marchas y asambleas permanentes, fueron las formas como se exteriorizó el problema y se exigieron soluciones.

El conflicto tiene origen en políticas de gobiernos anteriores y del actual, que buscan la desfinanciación de la entidad, para en un futuro justificar su privatización o el cobro por sus servicios.

Según manifestantes, el nombramiento de Gina Parody como directora nacional, se hizo para garantizar el proceso de marchitamiento de la entidad. Además, aseguran que no cumple con los requisitos exigidos para asumir el cargo de directora, le falta experiencia en gerencia pública, por lo que fue necesario avalarle los años como congresista. Otra muestra de la continuación de la politiquería y el clientelismo al interior de la entidad.

Desfinanciación

Y es que no solo la reforma tributaria del actual gobierno nacional le resta recursos vitales al SENA. Desde el Legislativo se impulsaba el proyecto de Ley 184 referente al contrato de aprendizaje. Aunque fue detenido gracias al lobby parlamentario y a la movilización de los aprendices e instructores, el plan intentaba dar las mismas garantías a estudiantes universitarios, lo que de una u otra manera restaba posibilidades de los aprendices.

También se planteaba que las empresas crearan unidades vocacionales de aprendizaje, que son pequeños SENA al interior de estas. La experiencia ya se realiza en El Cerrejón, donde forman sus propios aprendices y no apoyan a la institución. Otra forma de marchitar a la entidad.

Otro de los ataques al que se resisten, es al proyecto de ley 177 que cursa en el Congreso e intenta articular la educación del Sena con la educación media y la superior. Es la unión entre la educación formal y la no formal.

“Se hace con el objetivo de vincular al SENA al Ministerio de Educación. Desde hace tiempo se viene aplicando una política de desfinanciación, como lo de las transferencias de los municipios y departamentos y que las universidades asuman el pasivo pensional. Ahora, quieren meter al SENA a ayudar a financiar la formación de la educación media y que ayude a cumplir las metas del Ministerio de Educación, para que con el presupuesto de esta entidad se cubran los huecos que han dejado las malas políticas de la educación formal”, explica Marcel Guarnizo, coordinador nacional del Colectivo de Jóvenes Trabajadores.

Primeros recortes

La reforma tributaria afectó de manera muy fuerte el presupuesto del SENA, ya que ahora este se financiará a partir de las ganancias que reporten las empresas al final de un periodo fiscal. Ante esto y las protestas, la directora, Gina Parody argumenta que los recursos no solo se mantendrán sino que aumentarán en los próximos años. A un medio de información nacional, le dijo que con la reciente expedición de dos decretos del gobierno se garantizan para este año más de 979 mil millones de pesos a través del Impuesto sobre la Renta para la Equidad que le entrega al Sena el 1,4% de las utilidades de las empresas.

Según Guarnizo, “Para 2014 se ha manifestado que el presupuesto va a ser dos puntos por encima de la inflación. Pero en 2009 el aumento del presupuesto fue del 30%. Por eso decimos que dos puntos es muy poco en términos de lo que se necesita. Eso pone en riesgo la existencia de la entidad desde el punto de vista presupuestal a partir del año 2014. Y por otro lado, consideramos que se puso a Gina Parody para garantizar el marchitamiento y justificar en algún momento la entrada de capital privado o privatización, como ha pasado con otras entidades como Telecom, la Caja Agraria, el Seguro Social, que los redujeron a su mínima expresión, afectaron su capacidad presupuestal y sus funciones, y justificaron su privatización.”

Existen dos rubros llamados bienestar al aprendiz y bienestar a funcionarios. Y se denuncia que la directora emitió una resolución de austeridad fiscal, asumida por directores de centro en las regiones para disminuirlo o no ejecutar ciertas actividades.

Otro punto débil de la institución, es una planta paralela de instructores de contrato, en contravía a sentencias de la Corte Constitucional que manifiestan que las entidades del Estado no pueden contratar por órdenes de prestación de servicios, personal que desarrolle una función misional.

Pilares endebles

Hay cuatro pilares que sostienen la entidad: el presupuesto, el contrato de aprendizaje, la autonomía administrativa y la calidad de la formación profesional integral. Estos son afectados por diversas decisiones. El presupuesto perturbado por la reforma tributaria que lo afecta porque ya no hay un flujo mensual sino ganancias inciertas de empresas.

La autonomía administrativa permitía la distribución de esos recursos. Ahora el impuesto sobre la renta depende del presupuesto general de la nación, estará supeditado a los planes nacionales de desarrollo, a cada gobierno.

Se logró detener el proyecto de ley que afectaba el contrato de aprendizaje, pero que ya había sido golpeado en el gobierno de Uribe con la pérdida de su carácter laboral, y cursan otras iniciativas en el mismo sentido.

La institución ahora dicta cursos pertenecientes a educación superior, como la formación de técnicos profesionales y tecnólogos, lo que no corresponde a su misión institucional y -según aprendices- afecta la calidad de la formación. Al ser dañadas estas bases, paulatinamente la institución se extingue.

Acercamientos

El pasado 6 de junio, hubo una reunión del consejo nacional del SENA, con asistencia de representantes de trabajadores, empresarios, la dirección de la entidad y el gobierno nacional. En esta, Jorge Gamboa, quien representó a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, solicitó un mejor relacionamiento entre la dirección de la institución y el sindicalismo.

La propuesta tiene como objetivo que se discuta presupuesto y nómina, ya que actualmente hay a término indefinido 6.500 trabajadores de los cuales tres mil son administrativos y 3.500 instructores, pero con 27 mil contratistas.

“También se planteó que haya compromiso por parte del Estado en el contrato de aprendizaje para que las empresas hagan sus aportes; que no sea un 50% del salario mínimo sino mayor de un 75% y que se dé a todos los aprendices”, comentó Gamboa.

Quedaron programadas reuniones entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para estudiar soluciones a las diferentes problemáticas de la entidad. Soluciones que deben comprometer al ejecutivo, al legislativo y a la dirección de la institución y pasar necesariamente por recuperar los recursos de funcionamiento, mejorar su calidad en cuanto a formas de contratación de instructores y administradores, y garantías laborales para quienes se capaciten, entre otros temas. Es decir, una discusión sobre el modelo económico.