Wilfrido Jiménez Díaz
Con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, sin duda alguna, los grandes empresarios y el círculo de constructores contratistas afectos a la Alcaldía Distrital de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico se han volcado a los respectivos despachos, a las sesiones del Concejo y la duma departamental, a exigir la construcción de obras de infraestructura que mejoren la explotación y comercialización de sus productos, y a esto le han llamado “el progreso de la ciudad”.
Pues bien, una de esas obras es la llamada “corredor de carga y acceso portuario”, que le fue asignada al Consorcio Convía, integrado éste por siete firmas contratistas, la mayoría de ellas del grupo Char-Nule (con otros nombres, claro está).
Esta obra se ubica paralela al caño de La Auyama entre la zona franca y los barrios Rebolo, La Luz y La Chinita, y en el ejercicio de la ejecución de la misma le robaron más de medio cajón del caudal al caño, para darle seguridad a la carretera que están construyendo y a los vehículos (tractomulas) que transportarán por ahí el carbón que se llevan al exterior; como si fuera poco, taponaron el caño cerca a su nacimiento para que tengan acceso sus vehículos y maquinarias para el trabajo en la construcción.
En muchas de las manifestaciones y protestas que han adelantado los vecinos de los barrios contiguos a esta obra, han denunciado que en años anteriores, cada vez que se producía un aguacero en la ciudad, sus casas se inundaban. “Blanco es, gallina lo pone y frito se come”, o sea que si antes se inundaban, teniendo el caño su caudal completo y sin taponamientos, ahora, con la llegada de las lluvias, la tragedia será de magnitudes incalculables.
El consorcio encargado de la construcción de dicha obra ha manifestado que para devolverle al caño los más de 12 metros que le quitaron, se lo harán en la margen de enfrente, es decir, en la calle 5ª, desde donde se inician las primeras viviendas de los barrios antes mencionados; lo que indica que necesitan que les desocupen todas las casas comprendidas en los 100 metros contiguos al caño, tal como se especifica en el proyecto. Lo malo fue que la Alcaldía dio la orden de construcción y se olvidaron de la pobre gente que habita este sector contiguo, obligada por la inequidad de este sistema injusto e inhumano.
Ahora, los quieren sacar a como sea y para la administración la propuesta es que la gente busque un arriendo y ellos lo pagan. Los afectados, con justa razón, no creen en esos pagos de arriendo, porque ya en ocasiones anteriores han quedado mal y la gente termina en la calle. Ahora lo que esperan, parece ser, es que llueva, la gente se inunde, pierda sus poquitas pertenencias, para ellos decretar la calamidad en “urgencia manifiesta” y así obligarlos a trasladarse a unos albergues; y ahí sí hay que cumplir la ley y si no, para eso está nuestra “gloriosa” Policía Nacional, experta en eso de gases, bolillos y maltratos. Así florece Barranquilla.
