El procurador pirómano

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El procurador Alejandro Ordóñez en la cuerda floja, aunque maniobra para quedarse.

A propósito del debate sobre la validez o no de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. ¿Una personalidad tan controvertida y peligrosa, cómo puede representar el ministerio público?

El procurador Alejandro Ordóñez en la cuerda floja, aunque maniobra para quedarse.
El procurador Alejandro Ordóñez en la cuerda floja, aunque maniobra para quedarse.

Carlos A. Lozano Guillén

El 13 de mayo de 1978, Día de la Virgen de Fátima para más señas, el entonces estudiante Alejandro Ordóñez Maldonado fue uno de los protagonistas de una escena dantesca en Bucaramanga, cuando un grupo de jóvenes ingresó a la Biblioteca Pública “Gabriel Turbay”, “decomisó” unos libros y con ellos hizo una pila en el centro del parque San Pío X y les prendió fuego. Eran textos de Marx, Engels y Lenin, de Juan Jacobo Rousseau, de novelistas europeos y latinoamericanos, entre ellos de Gabriel García Márquez, considerados impíos y veneno comunista para la joven generación. Los libros ardieron en medio de un aquelarre propio de la Santa Inquisición o de las hordas nazis hitlerianas en la Alemania de los años 40 del siglo pasado.

Alejandro Ordóñez, estudiante de derecho de la Universidad Santo Tomás, a los 24 años de edad, pertenecía a un grupo fanático de jóvenes católicos, denominado Sociedad San Pío X, que buscaba imponer la fe religiosa a como diera lugar. Este tenía estrecha relación con Tradición, Familia y Propiedad, un grupo más violento y agresivo, que atacaba manifestaciones comunistas y a los activistas del PCC y de la JUCO que vendían en las plazas públicas el periódico VOZ Proletaria. En Medellín y Armenia jóvenes comunistas fueron heridos a cuchillo por los belicosos y violentos integrantes de TFP.

Este acontecimiento de hace 36 años, revelado en febrero de 2013 por el periodista Daniel Coronell en la revista Semana, retrata de cuerpo entero la personalidad controvertida y peligrosa de quien es en la actualidad el Procurador General de la Nación, elegido para un segundo periodo en dudosa legalidad. Ordóñez no es un hombre de ideas, sino un fanático religioso que persigue con saña a toda persona de una orilla ideológica antípoda a la suya. Lo ha demostrado con creces en su gestión.

Perseguidor de la izquierda

Como un Torquemada del siglo XXI, Ordóñez Maldonado se ha dedicado a perseguir a los funcionarios públicos de izquierda, como en los casos de Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez, Jorge Enrique Robledo o Jaime Caycedo, mientras trata con guantes de seda a sus copartidarios conservadores como Andrés Felipe Arias, recién condenado por la Corte Suprema de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, Bernardo Moreno y Diego Palacio, ex ministros y ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, absueltos o con tibias sanciones a pesar de los fallos o procesos judiciales en su contra en la jurisdicción penal.

El procurador Ordóñez no ha ocultado su simpatía y apoyo al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, correligionario en las causas más retrógradas y antidemocráticas en la segunda década del siglo XXI en el marco de transformaciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas y científicas, algunas inusitadas y casi inimaginables. En contraste, Ordóñez, como Uribe Vélez, sigue aferrado a doctrinas y fanatismos propios de la época medieval.

Desde la Procuraduría General de la Nación salen torpedos contra todo proceso progresista. Ordóñez se ha opuesto a los diálogos de paz con las fuerzas insurgentes; está por las salidas guerreristas, justificadas con falsos criterios institucionales y conservadores. Con agresividad persigue a jueces y funcionarios que acaten las jurisprudencias de la Corte Constitucional en materias como la igualdad de sexos, el matrimonio gay, el aborto, la despenalización de la dosis mínima y la legalización de las drogas ilícitas, con el argumento de que van en contra de la fe católica y de la familia. Sueña con un Estado confesional y clerical, en contravía de la democracia y del pluralismo.

La boda del año

La boda de la hija del procurador Alejandro Ordóñez, Natalia Ordóñez Hernández, en febrero de 2013, fue la demostración de su poder político e institucional. A la elegante y fastuosa recepción en el Country Club de Bogotá llegó la flor y nata de la rancia aristocracia capitalina y los representantes de los tres poderes públicos, de la política tradicional bipartidista, empresarios, industriales, ganaderos y diplomáticos. Fue un acto ostentoso, ritual y antipático en un país de tantas miserias y desigualdades sociales y humanas.

¿Cuál es el poder de procurador? Dicen los entendidos que no son su elocuencia, tampoco su inteligencia y menos aun su capacidad jurídica, que no son características en él. Menos aun sus ideas atrasadas y cavernarias en un mundo en que fluyen las ideas y las controversias en el terreno ideológico a pesar del derrumbe soviético que no sepultó el legado revolucionario y también gracias a sectores importantes a nivel planetario que luchan por transformaciones políticas y sociales avanzadas.

El poder descansa en la nómina de la Procuraduría que se extiende por todo el país, incluyendo la nómina paralela de contratistas que multiplica el poder burocrático de Ordóñez. Magistrados de las cortes, senadores y representantes, ministros y gobernadores, sin desestimar la cuota del sector privado, le deben favores muy bien pagados con el respaldo político, suficiente para ser reelegido a pesar de sus escandalosas actuaciones.

Reelección ilegal

Alejandro Ordóñez Maldonado fue reelegido en dudosa elección en el Senado de la República, no solo por aquello de la mermelada, sino porque, a juicio de eminentes juristas, la Constitución Política de 1991 que le dio un enorme poder al Procurador, como quiera que puede destituir a funcionarios elegidos por el voto ciudadano y no estableció de manera expresa la posibilidad de la reelección en este cargo. Es precisamente el tema que está en discusión del Consejo de Estado y que en los próximos días será resuelto por la sala plena.

Los días del procurador Ordóñez Maldonado estaban contados, la sección quinta del Consejo de Estado, habilitada como competente para estudiar y definir las demandas de nulidad de la reelección, presentadas por los juristas Ramiro Bejarano y Rodrigo Uprimy y la periodista Cecilia Orozco, se orientaba a aceptar los argumentos jurídicos de los demandantes. Así lo consignaba la ponencia del magistrado Alberto Yepes. De los cinco integrantes de la sección quinta, cuatro o por lo menos tres estaban por la nulidad del acto eleccionario. Pero surgió la tinterillada del procurador y su abogado, que recusaron a dos de los consejeros de estado para dilatar la decisión y dar tiempo para nuevas jugadas artificiosas que no jurídicas.

Por la intervención de los magistrados Marco Velilla, Alfonso Vargas y Bertha Lucía Ramírez, de la cuerda de Ordóñez, la sala plena del Consejo de Estado decidió que será esta la encargada de decidir la validez o no de la reelección.

Serán, entonces, los 31 magistrados de la sala plena los que decidirán en medio del tráfico de influencias, presiones y del lobby de Ordóñez y sus secuaces. El procurador busca con desespero salvarse. El objetivo es cambiar la correlación de fuerzas en la sala plena. Acudirá a más tinterilladas y tecnicismos jurídicos para prolongar la agonía o al final imponer la legalidad de una reelección ilegal.

Por el bien del país y en la perspectiva de un acuerdo político para la paz de Colombia, un individuo con estas características no puede ser el representante de la sociedad, es un enemigo de las libertades, de la paz y del progreso social. Desentona con los anhelos de democracia del pueblo colombiano.