José R. Llanos
Es lógico que cada día el problema de la salud se agrave de manera dramática y que las soluciones que diseñan y aplican los distintos gobiernos resulten inocuas, y por tanto han conducido a la sin salida en que nos encontramos.
La razón es sabida, pero no existen voluntad ni propósito de abocar el problema en la forma que la situación exige, porque lesionaría los intereses de la clase empresarial que gobierna el país y se beneficia de la situación. Además, los entuertos que afectan al sector de la salud en Colombia, a la burguesía y a los terratenientes no los afecta. Ellos tienen recursos suficientes para financiar la atención de sus enfermedades y achaques. Incluso algunas veces hasta acuden al extranjero para curarse.
Cuando se empezaron a aplicar las estrategias y orientaciones del modelo neoliberal y su decálogo el Consenso de Washington, voces de médicos y científicos dedicados a la cuestión de la salud humana advirtieron y visionaron la catástrofe que hoy padece la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Se anticiparon los horrores de los paseos de la muerte, las urgencias atendidas después de las interminables y torturantes horas de espera padeciendo, sin piedad, la desatención de los facultativos.
El otro aspecto de este problema es halagüeño para los inversionistas que, aprovechando la ley defendida por Álvaro Uribe Vélez, la ley 100 de 1991, ven en los enfermos y en las enfermedades una especie de mercado donde el dolor humano se convierte en mercancía, objeto de ganancias y negocios. Por tanto, mientras en el gobierno estén los capitalistas o sus representantes, es inútil esperar soluciones que tengan en cuenta las reales necesidades de la inmensa mayoría de la población colombiana.
La situación se ve agravada por la naturaleza y la composición de la Cámara de Representantes y el Senado. Si bien es cierto que en esos cuerpos colegiados encontramos representantes progresistas, demócratas y comunistas, la correlación es ampliamente favorable a quienes defienden el modelo neoliberal con todas sus consecuencias, aunque sean lesivas para los usuarios del sistema de salud colombiano actual. Durante la discusión del proyecto de ley, quedó al descubierto un hecho grave: la dependencia y compromiso de algunos senadores con las empresas de salud, debido a que son financiadas sus campañas por esas empresas.
El gobierno de Juan Manuel Santos, y su ministro de Salud, ante el desastre del sector, decidieron presentar un proyecto de ley para reformar la normatividad que lo regula. Autista, como todo gobierno burgués, no tuvo en cuenta las propuestas de los médicos, a través de sus organizaciones gremiales y asociaciones científicas, la Asociación Médica Sindical, la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Colombiana.
Por tanto, las soluciones son aparenciales, ya que se han subordinado las reformas a los intereses del empresariado vinculado al ahora negocio hospitalario. La salud humana una vez más ha quedado, como afirma un médico demócrata, “en manos de los bancos, del capital financiero”.
La experiencia de la problemática nacional deja algunas enseñanzas que deben aplicarse ahora. Las soluciones de los problemas sociales se resuelven en favor del pueblo cuando se logra movilizar en defensa de sus propios objetivos. Por tanto, debemos apoyar las movilizaciones convocadas por el Movimiento Nacional por una Salud Digna, Por un Nuevo Modelo de Salud, por Anthoc. Los partidos políticos, la CUT y todo el sindicalismo deben contribuir a masificar y radicalizar aún más las protestas contra el macabro negocio de la salud.
La meta debe ser obligar al Estado a reasumir el deber de financiar el sistema de salud y reoficializar el sistema de la prevención, la atención médica y aun la distribución de los fármacos utilizados para superar las enfermedades. Una vez más el pueblo tiene la palabra, su acción organizada es la solución definitiva.
