Centros de investigación, la sociedad y la comunidad internacional llaman a la solidaridad con el paro y piden al gobierno nacional atender demandas de las comunidades agrarias
Este paro nacional inició el 30 de mayo, con más de 100.000 personas en las principales calles del país. Pero a pesar de que las exigencias son contundentes, y de que el gobierno mismo ha reconocido que no ha cumplido en su totalidad, la respuesta hasta ahora, ha sido el despliegue del aparato militar hacia los sitios de concentración de las marchas.
Solidaridad internacional ante violencia estatal
La comunidad internacional expresa su preocupación por las acciones que el gobierno nacional viene adelantando en contra de las comunidades campesinas, indígenas y afros que hoy se movilizan en todo el país a fin de exigir derechos y garantías que hasta hoy se han negado a cumplir, a pesar de existir un compromiso por parte de Juan Manuel Santos con la mesa de negociaciones de la Cumbre Agraria. Así lo expresaron un grupo de parlamentarios amigos de Colombia por medio de un comunicado. Estos parlamentarios representan a más de 85 miembros del parlamento Británico.
El comunicado de los congresistas llama la atención sobre al gobierno nacional y aseguran: “En este momento clave de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, con el acuerdo final cada vez más cerca, nos preocupa profundamente la falta de garantías para la protesta pacífica en Colombia. Llamamos al gobierno nacional a garantizar la seguridad de todos los que participan en el paro”.
Cuando hablan de la seguridad de los participantes del paro, se refieren a las acciones que han sido denunciadas por la Cumbre Agraria, pues se ha dado un trato desmedido por parte de la fuerza pública contra los cientos de manifestantes, principalmente a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios Esmad. Esta preocupación cobra importancia en tanto trascurridos seis días del paro, estos aparatos de seguridad del estado ha asesinado a tres indígenas y otras 135 personas han quedado heridas. Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz murieron a causa de un impacto de bala; Willington Quibarecama Naquirucama fue atropellado por un tanque de la policía, otros más han sido detenidos.
Por otra parte desde diversos rincones del país, también se han llevado a cabo acciones de solidaridad y de acompañamiento que respaldan las exigencias de las comunidades y a su vez condenan la brutalidad con que el gobierno de Santos, ha pasado a hablar de paz, para ordenar acciones militares contra la población civil.
En la ciudad de Popayán por ejemplo, se adelanta una vigilia por los derechos en la iglesia de San Francisco para dar a conocer sus problemáticas, solidarizarse con los campesinos en la vía Panamericana y para generar un espacio de diálogo entre sus voceros y la alcaldía municipal. Esta iniciativa contiene un pliego local de exigencias sobre las altas tarifas de servicios y transporte público, el déficit de vivienda, la educación y la ausencia de una verdadera atención en salud pública, entre otros.
La academia con el paro
Igualmente el grupo de investigación sobre Conflicto, Región y Sociedades Rurales de la Universidad Javeriana transmitió por medio de un comunicado su descontento, afirmando que “vemos con suma preocupación la negligencia gubernamental, las estrategias dilatorias y la falta de soluciones reales a los problemas del campo colombiano, sumado a las pocas garantías que tienen los manifestantes para expresar sus demandas frente a un Estado que limita y deslegitima el ejercicio pleno del derecho a la protesta, la movilización y la libre expresión a través de mecanismos como el señalamiento y la estigmatización con el argumento de las infiltraciones de grupos armados”.
Así mismo señalan, que apoyan la minga toda vez que “hemos podido constatar que Colombia necesita solucionar los problemas estructurales del campo. Al fin y al cabo ¿No fue esa una de las principales razones para llevar a cabo los diálogos, negociaciones y acuerdos con la FARC–EP en La Habana?”.
Se espera que el gobierno atienda demandas y frene acciones militaristas contra la población civil, pues hasta ahora la mesa de la Cumbre Agraria ha dicho, que en medio de la violencia estatal no podrán sentarse a negociar y exigen el desmonte del Esmad, catalogado como el principal aparato represor del Estado.
