La historia se repite. El legado criminal de estructuras paramilitares tiene caras nuevas en el mapa político que se disputará en octubre
Redacción Política
Una docena de departamentos del país se encuentran en peligro para las próximas elecciones de octubre. Paramilitarismo, narcotráfico, mafias de la contratación y la administración pública están al asecho de las administraciones locales y las corporaciones públicas.
La historia se repite. La compra y venta de avales, la trashumancia electoral, la financiación de campañas por parte de contratistas del Estado y las herencias políticas en las regiones, hacen parte del paisaje electoral del país. De ello no se salva ningún partido de la Unidad Nacional como tampoco el Centro Democrático, quienes admiten que existen cuestionamientos pero su respuesta es: los delitos tienen responsabilidad personal y mientras no sean judicializados no asumen ninguna consecuencia política.
La fundación Paz y Reconciliación, Pares, publicó una investigación llamada “Los candidatos a gobernación y alcaldías herederos de la ilegalidad”. Allí se describen las relaciones entre las estructuras ilegales, carteles de la contratación y los candidatos a gobernaciones y alcaldías en departamentos como el Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. Esa alianza criminal determina quién y por qué va a ocupar cargos uninominales y a corporaciones públicas.
Los uribistas
El Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, y cuyo capital político se ha gestado en Antioquia, tiene cuestionamientos en el municipio de Rionegro. Su candidato a la alcaldía Andrés Julián Rendón, denuncia Pares, es la estructura política de propiedad del exsenador y cuestionado por parapolítica Luis Alfredo Ramos; mientras que en Yarumal, el aval se lo otorgaron a Carlos Guillermo Atehortúa, quien tiene investigaciones en la Contraloría departamental de Antioquia por un presunto detrimento al patrimonio público por la construcción de un parque por un valor de 2.850 millones de pesos; al día de hoy la obra se encuentra en ruinas.
En Turbo, Antioquia, la situación es más grave, según explica Pares. El Centro Democrático apoya a Alejandro Abuchar quien es el heredero de la estructura política de su hermano, Fernando Abuchar González alias Mello quien fue pedido en extradición por los Estados Unidos en 2008 por el delito de narcotráfico, y por ser colaborador de Carlos Mario Jiménez, Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar. Fernando Abuchar es cuñado de Elkin Darío Guerrero Agámez, El Brujo, también pedido en extradición en 2008. Ambos pertenecientes a la estructura de Macaco.
Y en la capital del país, su candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, Francisco Santos, se encuentra con un proceso judicial en investigación por los presuntos nexos con los paramilitares y su intención de comandar el Bloque Capital de esa organización criminal.
Los godos
Por su parte, el Partido Conservador va por la gobernación del departamento de Caquetá, apoyando a Arnulfo Gasca, señalado de presuntos vínculos con narcotraficantes y esposo de la suspendida alcaldesa de Florencia, Gloria Patricia Farfán.
Por la alcaldía de la ciudad de Cartagena, aspira el partido azul con Antonio Quinto Guerra, célebre por iniciar campaña desde agosto de 2014, con una fiesta de derroche. Cuentan los asistentes que Guerra repartió 3600 botellas de wiski, ponchos y camisetas promocionando su nombre a la alcaldía de la heroica. El candidato conservador ya se siente ganador. Y no es para menos pues lo apoya la estructura política de la senadora Nadia Blel, quien es hija del condenado por parapolítica Vicente Blel y según Pares: “Tiene el apoyo de la mayoría de concejales de Cartagena: Vicentico Blel Scaff de Cambio Radical – hijo del condenado por parapolítica Vicente Blel, Boris Anaya del Partido Liberal, David Dager también liberal, César Pión del partido de la U, de la casa García Romero, William López conservador, William Pérez de la U, Hernando Truco liberal, Wilson Toncel de Cambio Radical, cuñado de la hija del condenado Javier Cáceres y Salim Antonio Guerra, también de Cambio Radical, pero pertenece al grupo de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López alias “La Gata”.
Partido Verde
El Secretario de Gobierno y el contratista. El Partido Verde apoya en el municipio de Angostura, Antioquia a Daniel Isauro Cárdenas, investigado por la Procuraduría luego de ejecutar un contrato de asesoría del municipio de Angostura, mientras se desempeñaba como Secretario de Gobierno. De acuerdo a información conocida por VOZ, el contrato es por una cuantía de 54 millones de pesos y lo terminó en diciembre de 2012.
El caso Acuña
El aspirante a la gobernación de Sucre es Yahir Acuña. El cuestionado parlamentario y cacique sucreño a quien todos los partidos le hacen el quite en público pero todos lo visitan en privado para recibir su apoyo. Acuña arrancó su carrera en la política junto al paramilitar Salvador Arana, fue nombrado por el paramilitar Diego Vecino ante jueces de Justicia y Paz como la ficha de las autodefensas para apropiarse de la Universidad de Sucre, fue concejal de la mano del condenado Álvaro el Gordo García, luego diputado y representante a la Cámara con el apoyo de Enilce López alias “La Gata”. Pese a todas las acusaciones solamente tiene una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con los paramilitares.
Los Gnecco
El trapo rojo, como dicen los dirigentes liberales será defendido en la gobernación del Cesar por Arturo Caldéron, quien es apoyado por Hernando Molina Araujo, exgobernador condenado por parapolítica y Benjamín Calderón, socio de La Gata en el negocio del chance.
Su contrincante será del partido de la U; Francisco Ovalle Angarita, es apoyado por la familia Gnecco cuestionada por tener relaciones con narcotraficantes, contrabandista de gasolina y paramilitares. Los Gnecco son los dueños de la administración, pues Cielo Gnneco Cerchar, es madre del actual gobernador Luis Alberto Monsalvo.
La lista es interminable. Los nombres de quienes aspiran a las alcaldías y gobernaciones que tienen relación directa con el paramilitarismo son la mayoría. La mayoría es la clientela que se favorece de las sumas de dinero repartidas por los contratistas del Estado para contribuir a las campañas electorales de cada uno de los candidatos, a cambio de seguir manejando los multimillonarios negocios de la salud, la infraestructura y los contratos de suministro. Mientras las autoridades del Consejo Nacional Electoral guardan silencio, pues buena parte de sus magistrados son fichas políticas de todos los partidos cuestionados por paramilitarismo.
