El Gobierno debe cumplir

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Zona Veredal de Normalización en La Elvira, Cauca. Foto: FARC-EP

El portal Las2Orillas en una lacónica y jocosa nota revela la real situación en que se encuentra la implementación del Acuerdo Final de La Habana y el nivel del incumplimiento del Gobierno Nacional: “El 20 de febrero pasado el presidente Juan Manuel Santos visitó la Zona Veredal de Las Carmelitas en el Putumayo para hablar de la buena marcha que tiene el proceso de paz. Horas antes se habían montado a toda velocidad carpas, hornos para hacer pan y pizza y hasta atenciones dirigidas por chefs. Esto sólo fue un espejismo. Cuando la comitiva presidencial se fue volvieron a quedar al sol y al agua los guerrilleros del Bloque Sur comandados por Joaquín Gómez.

Ante las promesas, la paciencia se le está acabando al líder máximo de las FARC quien escribió en su twitter: Invitamos a Juan Manuel Santos y su comitiva a una visita más a Las Carmelitas. Pero que no se olviden de sus botas”.

El mismo cuadro se había repetido en otros sitios. Llega la visita oficial y con antelación colocan carpas y otras comodidades muy atractivas, pero una vez concluida la actividad las retiran dejando el campo sin ninguna construcción para albergar a los centenares de guerrilleros que están a la espera para ocuparlas. De las 26 Zonas y Puntos de Transición y Normalización (ZPTN) que deberían estar listos para que las FARC-EP iniciaran la dejación de las armas y la preparación para hacer el tránsito a partido político, muy pocas están en condiciones de ser utilizadas. Sin embargo, el alto Comisionado de Paz dice que faltan solo seis y que el problema es que las FARC están exigiendo lujos y demasiadas comodidades.

Realmente no hay cumplimiento gubernamental. Ni en las ZPTN ni en otras disposiciones que son esperadas, entre ellas la amnistía que fue aprobada, vía fasttrack el 30 de diciembre de 2016. Han pasado más de sesenta días y la guerrillerada sigue esperando el indulto y el levantamiento de las órdenes de captura. ¿Cómo puede haber confianza? El fantasma del “conejo” sigue rondando entre los guerrilleros. Cunde la desconfianza de que algo negativo se está tramando, así los funcionarios del gobierno digan lo contrario.

Pero no se trata solo de eso. El poder continúa siendo el mismo, como si no se hubieran pactado unos acuerdos políticos y sociales de compromiso para fortalecer la democracia y las condiciones de vida de los más necesitados. La ley de Zidres y la reforma tributaria que tanto engolosinan al presidente Santos y a sus ministros, favorecen las condiciones de dominación histórica en el campo y en la ciudad. Son los campesinos y los trabajadores los que asumen el peso de la crisis nacional, mientras los ricos protegen sus capitales y aumentan las utilidades de sus negocios. Es la dictadura del capital. Lo mismo de siempre.

La semana pasada la protesta de los trabajadores petroleros, encabezada por el Presidente de la USO, fue reprimida por la Fuerza Pública, como si no existiera el compromiso, firmado por el presidente Santos, de dar buen trato a la protesta social. Como si fuera poco, continúan los asesinatos selectivos de dirigentes sociales y populares en los territorios. Es otro genocidio, como el de la Unión Patriótica en las décadas de los años 80 y 90.

El Gobierno Nacional tiene que dar muestras no solo de responsabilidad para cumplir el Acuerdo Final de La Habana y apoyar con decisión la rápida implementación, tal y como se comprometió, así como respetar las libertades y los derechos políticos, humanos y sociales de todos los ciudadanos. Es la manera de generar confianza no solo hacia los guerrilleros que quieren el cumplimiento de lo pactado, sino de la gente del común que espera que la paz genere bienestar y mejores condiciones de vida para los colombianos. Debe respetar el derecho a la protesta porque hay muchas necesidades acumuladas y son demasiados los incumplimientos de las autoridades y es obvio que el Acuerdo Final de La Habana despierte en las masas populares el espíritu de lucha.

Sí existe el paramilitarismo, enemigo de la paz. La extrema derecha gana terreno con un gobierno timorato, vacilante, de concesiones a los enemigos de la paz, que no asume con decisión la implementación del Acuerdo Final de La Habana que no solo le pone fin al conflicto de más de medio siglo sino que abre la puerta para cambios democráticos y sociales.

Las organizaciones que apoyaron la paz deben movilizarse. Exigir el cumplimiento del Acuerdo Final de La Habana, respaldar los diálogos de Ecuador y combatir el paramilitarismo, amenaza real a los colombianos, es lo mínimo que debe hacer el gobierno si es consecuente con los compromisos que asumió.

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