Las movilizaciones sociales en el país son doblemente victimizadas por el gobierno nacional
Hernán Camacho
Más garrote que zanahoria, es en síntesis, el discurso del presidente Juan Manuel Santos para solucionar las exigencias de los sectores sociales que se movilizan en el país. Intentar bajar el ruido de las protestas y escaparse de ponerles la cara, es la estrategia que cada vez le sale peor al gobierno.
Para muchos analistas no causa extrañeza que un gobierno como el de Santos, privilegie el diálogo con los grandes gremios de la producción y no con el campesinado, como ocurrió en El Catatumbo. Tampoco preocupa que la reacción contra esos sectores populares que manifiestan su inconformismo en las calles sea el discurso duro al estilo de su antecesor. Lo que sorprende es la indiferencia a los problemas pasadas las tormentas y lo “mala paga” que se ha vuelto.
Brutalidad sobre el diálogo
El Catatumbo, fue el escenario del discurso duro: señalar, estigmatizar y aplicar una fuerza desmedida del aparato militar. Cinco mil efectivos de la Policía desembarcaron en Ocaña para hacer frente a las protestas que a lo largo de tres semanas dejaron cuatro labriegos asesinados por francotiradores de la fuerza pública según denunciaron directivos de la Asociación Campesina del Catatumbo, quienes en entrevista con el Fiscal General de la Nación, presentaron material probatorio que compromete a la Policía con esas muertes.
Y no es para menos, si se tiene en cuenta que para callar las voces de protesta son los mandos militares los que dicen qué se puede o no negociar, como lo corroboraron las declaraciones a la prensa regional entregadas por el general de la Policía Nacional, Yesid Vásquez Mena, jefe del regional número cinco y encargado de los operativos policiales en Ocaña y Tibú: desactivar a cualquier precio cualquier movilización social. Un comportamiento reprochable del que el Ejecutivo parece cómplice cuando asegura que las manifestaciones: “están infiltradas por la guerrilla”.
VOZ conoció varias fotografías logradas en medio de los enfrentamientos en El Catatumbo, donde se logra identificar miembros de la fuerza pública con ropa de civil, protegidos con escudos que los identifican como miembros de la Policía Nacional. “Esos son los que se infiltran y producen disparos” dicen los campesinos. La evidencia es palmaria.
Sin fórmulas
Pero el descontento social se ha generalizado y no se detiene con la simple estigmatización. La falta de audacia política para mitigar los problemas sociales dejando como último recurso el diálogo, y eso le está costando a Juan Manuel Santos.
Se agotó el protocolo de crisis aplicable a las movilizaciones sociales. En todas se repite el libreto: primero el menosprecio de los problemas sociales, luego el desdén frente a las razones que llevan a las gentes del común y sectores populares a lanzarse a la calles para ser escuchados, después el señalamiento y el estribillo de cualquiera de los ministros del gabinete: “Están desinformados, no hay razón para protestar”. Y por supuesto, la represión.
Lucho Garzón
En este panorama el nada efectivo consejero presidencial para la movilización social, Luis Eduardo Garzón, ocupa un lugar especial. Basta recordar el reciente paro departamental en el Caquetá, en donde distintas organizaciones sociales allí expresaron su malestar por la ausencia de un plan de educación para sus comunidades rurales.
Allí, el paro tuvo que completar tres semanas, y un considerable desabastecimiento para que hiciera presencia el Consejero para la Movilización Social. Garzón se presentó sin soluciones e hizo profundizar la crisis con imposiciones leoninas y cero diálogo, hecho que molestó a sus interlocutores.
Y como en el Caquetá, en el Catatumbo, se necesitaba un representante del gobierno con poder de decisión para conducir discusiones tan profundas como la Zona de Reserva Campesina para la región, la sustitución de sembrados de coca y el desarrollo campesino de los siete municipios que conforman El Catatumbo. “Para ser ministro le falta altura” dijo la comisión negociadora de los campesinos en Tibú. “Así no es, Santos”, agregaron.
Descontento general
El gobierno se raja en conciliaciones y en acuerdos. Hay una generalizada inconformidad en sectores sociales y populares quienes siguen reclamando al gobierno, cumplir con los compromisos adquiridos luego de las protestas.
El pasado mes de febrero se llevó acabo el paro cafetero que convocó a pequeños, medianos y grandes productores del grano por la crisis del sector; tras una difícil negociación se levantó la protesta con un catálogo de acuerdos mínimos, entre otros, un subsidio directo al productor y mejoras de infraestructura y atención social en las zonas cafeteras donde es mayoritariamente visible la crisis.
Los cafeteros seis meses después votan un nuevo paro cafetero, pero esta vez invitando a otros sectores del agro a que se sumen a una movilización nacional que le reclame al Ejecutivo la indiferencia sobre ellos.
Absurdos argumentos
A juicio de los analistas políticos, nada puede estar condicionado a los resultados de La Habana, como lo expuso el ministro de agricultura, Francisco Estupiñan, en las primeras conversaciones con los campesinos catatumberos. Las exigencias de los caficultores, arroceros, pequeños ganaderos, paneleros no pasan por el acuerdo parcial de la agenda para la terminación del conflicto que discuten las FARC y el Gobierno, va más allá.
Olga Quintero, una de las voceras de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, rechazó de manera contundente dichas afirmaciones: “El tema de reserva campesina se viene tocando desde el año 1990, y no entendemos cómo ahora se dice que debemos esperarnos a un acuerdo allá para valer el derecho que tenemos acá, no.”, lo que demuestra una falta de voluntad política del gobierno para con el campesinado y con el agro en general, para dilatar las soluciones.
Doble discurso
Cómo decirle a los cafeteros o a cualquier otro sector agrario en dificultades que las soluciones a vivienda, agua y saneamiento básico, estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, el fomento de la economía solidaria y cooperativa rural, los planes de apoyo y consolidación para generar o mejorar los ingresos de la economía campesina y de medianos productores tengan que esperar a suscribir el acuerdo, si son reivindicaciones propias del campesinado hace décadas.
El doble discurso de Santos tiene molesto al campesinado. Por una parte, profundiza el conflicto social del país en materia agraria con paños de agua tibia que no solucionan estructuralmente las problemáticas. Y por otro lado, sin el menor asomo de pudor entrega como piñata títulos de explotación minera a multinacionales por todo el territorio. Así no habrá un ambiente real de paz.
