Tres temas copan la agenda legislativa hoy: Plan Nacional de Desarrollo, equilibrio de poderes y fuero penal militar, y cada uno tiene un interés particular que lesiona la paz y la democracia
Hernán Camacho
@camachohernan
La agenda legislativa es contra el proceso de paz, afirma el parlamentario Alirio Uribe, quien además de militar en el Polo Democrático, lo antecede un trabajo destacado como defensor de derechos humanos. Uribe habló con VOZ sobre la agenda legislativa que se discute en el Congreso de la República. Confiesa que hay poco por hacer en un Congreso de mayoría santista y uribista.
–¿Cómo va la reforma al equilibrio de poderes?
–La reforma al equilibrio de poderes pone de presente que el país tiene una clase dominante sin interés real de hacer cambios. Lamentamos que por todos esos intereses no se pueda hacer una reforma para equilibrar los poderes y fortalecer la democracia en el país. El mejor ejemplo es la reforma que se pretende a la Comisión de Acusación y la impunidad de los más altos funcionarios del Estado.
Se está creando una Comisión de Aforados con falencias serias, que amplía el fuero del presidente, el fiscal y los altos magistrados. Ahora se amplió al vicepresidente, procurador, defensor del pueblo y contralor, lo que en consecuencia incrementa la impunidad de quienes ostentan esos cargos; así como la escogencia de los magistrados de la Comisión de Aforados, a dedo, por el presidente de la República. La pregunta es: ¿qué independencia puede tener ese magistrado aforado si es escogido por el propio presidente? Uno percibe un desaforado ánimo presidencialista. Lo único rescatable de la reforma es la prohibición de la reelección presidencial e impedir el “yo te elijo tú me eliges” entre las cortes. Y pare de contar.
–El equilibrio de poderes tiene intereses, contiene temas electorales. ¿Cuál es el impacto de esa reforma en lo político?
–La reforma tiene temas que debilitan la participación de la izquierda en las elecciones. La creación de la circunscripción especial del Senado para determinados territorios va a poner en riesgo las curules de los partidos minoritarios, así como el diseño de la lista cerrada facilitará el clientelismo y golpeará directamente la participación de las minorías y de la izquierda.
La reforma del equilibrio de poderes no va a equilibrar nada, y cobra sentido la propuesta de asamblea nacional constituyente que viene sonando desde distintas voces políticas y desde la Delegación de Paz de las FARC. Uno no siente que este Congreso, que lo acompaña el clientelismo y la politiquería, vaya a votar una reforma política para garantizar la participación de las minorías o de las mayorías que nunca han participado, que han sido excluidas políticamente.
–¿La reforma parece ajustada a la medida de los intereses vicepresidenciales y de la Procuraduría de Ordóñez?
–El tema de Vargas Lleras es un espaldarazo del Congreso para su lanzamiento como candidato presidencial, y de paso entregarle un fuero político que impida la investigación de asuntos que tengan que ver con el presupuesto que él está manejando, con las prácticas clientelistas, a costa del patrimonio de los colombianos. Y lo del procurador es de doble vía: hoy meter a Ordóñez en ese fuero puede ponerlo en riesgo si es que los aforados que lo van a juzgar son escogidos por el presidente. En ese caso no se sabe qué se está moviendo bajo la mesa. Pero sí es cierto que esos fueros tienen intereses poderosos detrás de las discusiones en las comisiones y en las plenarias del Congreso de la República.
–Lo invito a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, que va cumpliendo su trámite legislativo de manera silenciosa.
–Lo más grave del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es que tenga como bases: la paz, la educación y la equidad. Y de la paz no hay nada, todo lo contrario, el artículo 122 define a las Fuerzas Militares como un ejército mercenario para exportar tropas, inteligencia y fuerza a solicitud de los extranjeros, y es nada más y nada menos que el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden de terminar el conflicto colombiano para justificar la inversión de ese país en las Fuerzas Militares nuestras y ponerlas ahora al servicio de planes imperiales de la OTAN.
–Entonces el PND nada tiene que ver con los acuerdos de La Habana. ¿Qué se está aprobando para el próximo cuatrienio?
–Cuando uno confronta a Simón Gaviria, jefe de Planeación Nacional, contesta que en La Habana “nada está acordado hasta que todo este acordado”, entonces el Plan no puede recoger ningún acuerdo porque en La Habana no se ha terminado el diálogo. Esa afirmación es débil y nos lleva a pensar que se está legislando en contra del proceso de paz, y eso es una contradicción con una de las bases del Plan.
Respecto al componente de educación, el Plan está absolutamente desfinanciado. Sus proyecciones de crecimiento educativo para 2025 no están justificadas en el presupuesto. Hay pérdida de poder adquisitivo en el presupuesto plurianual que no está siendo analizado. Es decir: no va haber dinero para capacitación docente ni para mejorar los índices de educación. Todo es una carreta bien armada.
–Se afirma que detrás de cada artículo del PND hay un negocio. ¿Es eso cierto?
–Cuando miramos la derogatoria de los artículos que sugiere el PND se afectan al menos cincuenta leyes. Y esa derogatoria trae consigo un interés privado. Eso hace que no exista unidad de materia en el Plan de Desarrollo y lo peor es que temas neurálgicos solo podrán hacerse efectivos siempre que se emitan por decreto presidencial. La burguesía colombiana se enriqueció con cincuenta años de guerra, despojo, acumulación, el paramilitarismo, y ahora quiere seguir ganando con una paz que le sirva solo a sus negocios. Yo advierto que si se firma un acuerdo de paz pero la oposición democrática, no la otra, y la izquierda en Colombia no se hacen al poder, no se va a llegar a la verdadera paz.
–El fuero penal militar nuevamente esta ad aportas de convertirse en ley. ¿Qué se conoce de ese proyecto?
–El gobierno nacional ha venido reculando, ha venido quitándole temas que garantizaban la impunidad de los militares frente a sus crímenes. Pero no es por voluntad del ejecutivo, es por la presión y el trabajo político desde la oposición, las voces democráticas y los defensores de derechos humanos, dejando a la reforma con menos dientes y aspiramos a no dejar salir a la luz jurídica un fuero penal militar. Para las Fuerzas Militares esto se convirtió en una especie de honor militar para obtener impunidad total.
La paz pasa por desmovilizar la guerrilla, desmontar el paramilitarismo y judicializar el terrorismo de Estado, depurando el Ejército y la Policía de los miembros comprometidos en violaciones de derechos humanos. Para evitar eso, los militares quieren su fuero penal. El 99% de los militares y policías que no están comprometidos con esas violaciones no se solidarizan con los casi 10 mil que están investigados. Necesitamos la verdad y el desmonte de la estructura y la doctrina que patrocinaron esos crímenes.
–Sobre la agenda legislativa de los sectores de izquierda, ¿qué podemos señalar?
–Nosotros creemos que el proceso de paz debe abrir la puerta para la agenda social que ha sido aplazada en el país. Esa agenda solo se va a lograr con la movilización social y la unidad de todos los sectores sociales, incluida la izquierda. El Polo en su IV Congreso debe asumir la tarea de una agenda de paz y darle a esos temas la importancia que se merece. Pero la agenda social no es de interés de las mayorías santistas y uribistas. Esa agenda social se debe hacer con movilización en las calles.
