viernes, marzo 29, 2024
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¿El Congreso de la paz?

Inician sesiones ordinarias del Congreso de la República. Los 268 congresistas tienen la responsabilidad de allanar el camino de los acuerdos de paz. De la retórica a los hechos

El Presidente saliente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, toma el juramento a los nuevos miembros del Legislativo Foto Andrés Piscov – SIG.
El Presidente saliente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, toma el juramento a los nuevos miembros del Legislativo Foto Andrés Piscov – SIG.

Hernán Camacho

Con la toma de juramento por el pleno de los senadores y representantes elegidos el pasado marzo, arrancó la nueva legislatura del parlamento llamada por el presidente Juan Manuel Santos el “Congreso de la paz”.

Con un extenso discurso marcado por el tema de la paz, el mandatario pidió respaldo al nuevo Congreso para aprobar las iniciativas legislativas que se desprendan del proceso que se adelanta en La Habana con la insurgencia de las FARC-EP. La ley estatutaria para regular el marco jurídico para la paz, la ley de desarrollo rural, la ley de baldíos en la altillanura y la ley para la formalización de la propiedad rural, fueron anunciados temas que coinciden con aspectos pactados en el punto de desarrollo agrario integral en los acuerdos entre Estado y guerrilla. No obstante, ninguna pista dio el mandatario sobre el contenido de tales iniciativas.

“Por eso hoy al conmemorar los 204 años de nuestra independencia, cuando el sentido de patria nos debe congregar. Hago un llamado a todos los estamentos políticos y sociales a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz”, dijo el reelecto presidente al inicio de su intervención en el Capitolio. A pesar de lo dicho, la realidad muestra otra cosa.

La contradicción

Las iniciativas de paz requieren convertirse en políticas públicas fundidas en el Plan de Desarrollo Nacional, que aún se está construyendo y que debe recoger los verdaderos cambios en dirección a la paz y construir un nuevo país. Por ello el ahora senador Iván Cepeda insiste en la necesidad de abrir una etapa previa a los acuerdos conocidos desde Cuba, diseñando las condiciones institucionales y presupuestales capaces de atender las transformaciones y acciones que requiere la paz.

“Queremos presentar un componente legislativo en relación a la paz para tener éxito en la refrendación de los acuerdos. Consideramos que es necesario tomar esos asuntos como estratégicos para que no nos sorprenda un acuerdo final sin crear las condiciones para la paz en el Plan Nacional de Desarrollo”, declaró Cepeda.

La oposición democrática

La izquierda colombiana le pide a Santos impulsar una agenda de paz que incluya temas sociales, económicos y políticos en torno a los cambios que reclaman los colombianos y que están vinculados con la agenda para la terminación del conflicto discutida en el proceso de paz. El Partido Comunista Colombiano (PCC) ha reclamado la implementación de una normatividad respecto a las garantías de la participación política de la oposición, el desarrollo rural y la política de drogas de uso ilícito.

En reciente carta política celebrando el 84 aniversario, el PCC señala que, aunque Santos fue elegido con los votos por la paz, hasta ahora no se alejará de su posición de clase en defensa del modelo económico neoliberal denominado la tercera vía. “Santos gobernará con una fuerte presión de su propia clase en términos de su modelo social neoliberal y de los poderosos factores guerreristas incrustados en el poder económico y en el Estado. Por eso, su victoria electoral no atenúa la contradicción entre los sectores dominantes, que pretenden perpetuar con la guerra sus odiosas fuentes de enriquecimiento y el grueso de la sociedad que anhela una solución política para poner fin al drama de la guerra contrainsurgente”.

Hablan las insurgencias

Los máximos comandantes de las FARC y el ELN enviaron un mensaje al Congreso de la República insinuando su papel histórico en el respaldo al proceso de paz y a la solución política al conflicto. Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez le dijeron al parlamento que era el momento de entregar muestras reales de voluntad política contra la violencia social que produce el modelo económico neoliberal:

“La paz de Colombia reclama un alto en las viejas costumbres y mecánicas de actuación del estamento parlamentario, para propiciar una reflexión necesaria”.

“Senadores y representantes debieran pensar en el terrible impacto que sus proyectos legislativos neoliberales están causando en los pobres, que son la mayoría de este país; en la desfiguración de la democracia que implican las normas restrictivas contenidas en sus leyes de seguridad ciudadana; en la urgencia de contener la exclusión abriendo las compuertas de la participación democrática de toda la sociedad; en el aliento que le daría a la paz la desmilitarización de la vida social; en la necesidad de sustraer del mercado y el lucro los bienes comunes y los derechos; en idear políticas eficaces para erradicar el clientelismo y la corrupción; y la adopción de medidas prácticas para la reapropiación social de la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, la cultura y la garantía de formas de ingreso que dignifiquen el trabajo”.

Las guerrillas insistieron en la necesidad de ampliar el respaldo a la paz. “Permítannos decirles que la paz no depende de una persona ni de un partido, ni de un gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Requiere ser adoptada como una política de Estado, para que a futuro nadie se atreva a reversar el eventual acuerdo de reconciliación, pretendiendo que el destino de Colombia sea el de la guerra perpetua. Lo que acordemos en una mesa de conversaciones debe ser asimilado a un gran tratado de paz, blindado por una decisión del pueblo soberano que trascienda hasta las generaciones venideras”.

Por su parte, Timoleón Jiménez recientemente reveló sus inquietudes sobre el discurso del Presidente Santos, describiendo la falta de voluntad política del mandatario y criticando su desatención al proceso y la situación real del mismo. “En realidad con todo ese discurso solo deja clara una cosa: su evidente intención de tranquilizar al gran capital, a los poderosos propietarios de tierras, a los inversionistas, a las fuerzas armadas, a la ultraderecha que lo ataca. ¿Y para el pobre pueblo qué? ¿De veras cree Santos que con esas concepciones alcanzará la paz para Colombia?”.

Las reformas no estructurales

En las primeras de cambio, voceros del gobierno nacional anuncian tres reformas estructurales. La justicia es una de ellas. Allí se pretende, según el ministro del ramo, reformular la capacidad nominadora de las Cortes y restringir su poder, como también abolir el Consejo Superior de la Judicatura y, sin embargo, temas como el acceso a la justicia o la protección del mecanismo de la tutela parecen intrascendentes.

El estatuto de la oposición no está por el momento en el radar del gobierno nacional. El jefe de la cartera política, el ministro Aurelio Iragorri, no se ha pronunciado al respecto. Salvo lo dicho por el presidente Santos anunciando la presentación de un proyecto de acto legislativo que modifique la conformación del Senado aboliendo el voto preferencial y la circunscripción nacional para la elección a esa corporación, pero de la regulación del derecho a la oposición no se dice nada.

Lo mismo ocurre con temas como el fuero penal militar del que abiertamente el presidente ha anunciado su respaldo a la Fuerza Pública en la reforma a la Justicia penal militar donde ese tema es el más destacado. “Todo el honor y toda la gratitud a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Ellos son los guardianes de nuestra democracia, de nuestra libertad, de nuestros derechos, y serán también los guardianes de nuestra paz. Seguiremos fortaleciendo y modernizando a nuestra Fuerza Pública, y seguiremos trabajando por su seguridad jurídica, su bienestar y el de sus familias”, afirmó Santos.

Ese puede ser uno de los temas en los que coincide la agenda presidencial con la bancada encabezada por Álvaro Uribe. Él desde su curul arremetió contra la paz, el proceso que se adelanta en Cuba y manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de las Fuerzas Militares ante la Justicia ordinaria. La bancada del Centro Democrático lleva bajo su brazo la propuesta de poner en libertad a todos los militares procesados por falsos positivos mediante la creación de un tribunal pro témpore para la Fuerza Pública.

En esencia la tribuna parlamentaria será la primera prueba de fuego para el proceso de paz con las FARC y el ELN; y el escenario para el presidente Santos de hacer efectiva una agenda política que haga efectiva la voluntad de paz. Dos tareas fundamentales le esperan al gobierno y a la Unidad Nacional: el deslinde del militarismo y la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados.

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