Miles de desapariciones forzadas, la mayoría perpetradas por organismos de seguridad, están en la impunidad y sin ningún interés de los organismos judiciales por esclarecerlos. Verdades sobre criminalidad del Estado
Luis Jairo Ramírez H.
“Si bien es cierto todos los actores armados han cometido crímenes que han afectado a sectores de la sociedad, a la hora de establecer responsabilidades históricas frente a los mismos, con las consecuentes cargas de responsabilidad política y penal, no se pueden admitir tratamientos simétricos”.
“El Estado que se pretende legítimo con un orden constitucional y legal no puede aspirar que frente a graves violaciones de derechos humanos y al DIH sea tratado de manera idéntica a cualquier actor armado de carácter irregular. Quienes ejercen cualquier función pública, son responsables tanto por acción como por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades, máxime si se trata de quienes utilizan las armas en defensa de un orden constitucional y legal”.
Particularmente en los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y con el concurso de la gran prensa, el Establecimiento sacó provecho de un momento de gran sensibilidad nacional e internacional contra el secuestro por parte de la guerrilla para ocultar la existencia de las desapariciones forzadas, las masacres, el desplazamiento masivo, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, fruto de una estrategia oficial y sistemática de lucha contra adversarios políticos y contra los grupos desfavorecidos que se organizan en movimientos sociales. Se trata de una realidad que está calificada de terrorismo de Estado.
Gobierno elude responsabilidad
Esa estrategia de ocultamiento de los crímenes de Estado ha llegado al colmo, a propósito de la promulgación de la ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, cuando el gobierno no solo evadió el reconocimiento de su responsabilidad de los miles de crímenes cometidos por instituciones oficiales, sino que delimitó drásticamente los alcances de la ley solo a la “reparación de las víctimas”, pues incluir la verdad y la justicia llevaría inevitablemente a desnudar al principal victimario del país: el Estado paramilitar.
Sin duda, la aterradora práctica de desapariciones forzadas de opositores políticos por parte de organismos del Estado es un lastre de muchos años que difícilmente van a lograr esconder. Hace 35 años, bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978), en Colombia se registró el primer caso de desaparición forzada, el 9 de septiembre de 1977: mientras se desarrollaba un paro cívico nacional fueron detenidos y desaparecidos por unidades del F2 (Inteligencia de la Policía) Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad de Antioquia y militante de izquierda, y su compañero Mauricio Trujillo, en Barranquilla; este último luego logró escapar.
Pero es aún más aterrador comprender que mientras en 12 años –los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana- se documentaron en total 7.607 desapariciones, en un balance sobre la primera administración del presidente Álvaro Uribe, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario indicó que un total de 11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Colombia por causas sociopolíticas entre julio de 2002 y junio de 2006. Seguidamente, las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, periodo en el que se registraron 7.763 casos.
La Fiscalía General de la Nación advierte que la cifra llega a 50 mil (hasta abril de 2009), muchos más que los 30 mil desaparecidos ocurridos bajo los ocho años de la dictadura militar Argentina.
El régimen se jacta de tener un sistema judicial eficiente; a diario blanden cifras voluminosas de guerrilleros capturados y judicializados por uno u otro delito. De hecho hay algunos centenares de insurgentes presos y sometidos a las peores condiciones de hacinamiento, insalubridad y maltrato, y otros miles de campesinos y líderes sociales detenidos mediante montajes judiciales de las tropas, sindicados de rebelión, por el simple hecho de habitar en zonas de conflicto.
Lo cual querría decir que si hay un ejemplo donde no habría impunidad es precisamente en cuanto a la insurgencia se refiere. Así las cosas, cabría preguntar, ¿por qué piden que los sindicados de insurgentes pongan la cara a las víctimas, si aun siendo inocentes ya han sido condenados?
A todas luces, la situación de impunidad reina en el campo de los criminales de cuello blanco asentados en la llamada institucionalidad, Fuerza Pública, parapolíticos, para-economía, corruptos del sector público y privado. Estos sí que están llamados a ponerle la cara a los millones de víctimas de crímenes de Estado, sin lo cual difícilmente habrá reconciliación nacional.
