El concepto de autoridad del gobierno

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Editorial del Semanario Voz

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, declaró después del Consejo de Ministros del pasado lunes 15 de julio, que “no habrá más plata para los sectores que amenazan con paro”, en velada amenaza a la ola de conflictos sociales que se desatan en el país ante la incuria y la desatención del gobierno nacional a las comunidades más humildes o desamparadas de las políticas gubernamentales.

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Pero plata nunca la ha habido, con paros o sin paros. Porque las promesas oficiales para resolver las reclamaciones y movilizaciones de sectores populares y de trabajadores, nunca se cumplen. Es la razón por la cual los campesinos del Catatumbo no aceptan levantar los bloqueos en las vías, porque es la manera de presionar soluciones que nunca llegan. Con falsas promesas es inviable el acuerdo. No hay credibilidad en el poder central, jamás cumplen los compromisos, dicen los campesinos, desesperados con más de un mes de parálisis, pero firmes y decididos a mantener el movimiento hasta las últimas consecuencias.

Pero no es solo el Catatumbo. Viene el paro de los caficultores, también engañados por el actual gobierno que no cumplió los acuerdos de la reciente movilización; los mineros también amenazan con el paro, porque no hubo concertación con el Ministro de Minas por las mismas razones; y viene en camino un paro nacional agrario, antesala del paro cívico nacional, que no podrán detenerlos con cantaletas represivas ni demagógicos anuncios.

Plata sí hay, pero para los poderosos. Los grandes caficultores están contentos, como los terratenientes y ganaderos, al fin y al cabo los mismos. Y, por supuesto, los beneficiarios de la confianza inversionista, exonerados de impuestos, como lo disfrutan las transnacionales y los grupos económicos. Y qué decir del capital financiero, consentido del modelo, que se lucra del dolor y la sangre de los colombianos. Auténticos parásitos de la sociedad.

Entonces, plata sí hay. Lo que no existe es un gobierno que refleje las necesidades y los intereses de las mayorías, dispuesto a asumir la solución de ingentes problemas, viejos y nuevos, que aumentan la brecha social, la desigualdad y la pobreza en el país.

La crisis del país deviene del modelo de acumulación de libre mercado neoliberal, expresión del capitalismo salvaje y de la dictadura del capital. Para ello hicieron la reforma tributaria, acompañada de otras medidas plutocráticas. Es el modelo inamovible que el presidente Juan Manuel Santos y los voceros gubernamentales no quieren abordar en La Habana, porque es innegociable. Así será difícil resolver el reguero de conflictos sociales y, peor aún, el conflicto político, social y armado, cuya solución dialogada se busca en La Habana.

El gobierno de Santos pretende enfrentar los paros y movilizaciones populares con el mismo argumento de siempre: “Están infiltrados por la guerrilla”. No innovan el discurso, un anacrónico argumento. Es la forma de justificar la represión y el tratamiento de orden público, ahora con el rigor del fuero militar que les da a los militares licencia para matar y esgrimir el “blanco legítimo” con un discurso de autoridad que nadie cree. La autoridad surge de la legitimidad que da la democracia y el instinto social, cuando ellos no existen lo legítimo es la resistencia, la rebelión de las masas y la lucha popular.

Los diálogos de La Habana y la posible mesa con el ELN son indispensables, deben tener el apoyo del movimiento popular, así la CUT esté dormida sobre el lastre del presunto fraude en las recientes elecciones internas. Pero en ningún momento ese respaldo a la paz obliga a la tregua en la movilización y la protesta social. Las mesas de diálogo no detienen la lucha de clases, porque tampoco impiden la explotación capitalista. Aunque sí exigen gestos de paz del gobierno que no se ven por ninguna parte.

La represión y el autoritarismo, agenciados por el gobierno que no escucha ni siquiera la voz de la ONU, le hace perder legitimidad y, sobre todo, atenúa la credibilidad de las insurgencias en la voluntad de paz de la oligarquía colombiana. La paz es con democracia y justicia social, de lo contrario será la paz de los sepulcros.