El Acuerdo General y la Mesa de La Habana: Un año después…

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¿Cómo están los diálogos de paz después de un año de aprobado el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la instalación de la Mesa de La Habana?

Hernando López

El 26 de agosto de 2012 fue firmado en La Habana, Cuba, el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre los representantes del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, dado a conocer el 7 de septiembre del mismo año; el 18 de octubre de 2012, en Osolo, Noruega, se instaló la mesa de diálogo y un mes después, el 19 de noviembre, comenzaron las conversaciones de paz en La Habana, con el respaldo nacional e internacional. Solo las fuerzas oscuras de la reacción y de la extrema derecha se opusieron al acontecimiento histórico, casi que ignorado por la Casa Blanca, cuyo vocero hizo una tímida e inocua mención del suceso nacional y mundial.

Fue un largo recorrido a través de la “fase exploratoria”, colmada de vicisitudes y tropiezos, el peor de ellos la muerte del comandante Alfonso Cano, quien era el interlocutor del presidente Santos en las aproximaciones que conducirían a abrir la puerta en la búsqueda de la paz, hecho que puso a prueba la voluntad de paz de la insurgencia.

El resultado de esta primera etapa fue el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, documento medular que guía los diálogos y que por su contenido es la hoja de ruta para llegar al punto culminante: paz con justicia social. El Acuerdo incluye el preámbulo que define la existencia del conflicto y su naturaleza política y social y, por ende, esclarece que la “construcción de la paz es asunto de toda la sociedad” porque implica, entre otros cosas, el fortalecimiento de la democracia, mayor equidad social y la protección de los derechos humanos, causas del conflicto. Contiene también la agenda de seis puntos y las reglas de funcionamiento que terminan con la máxima de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Son los tres componentes del Acuerdo General con fuerza vinculante. Partes de la integralidad, que debe ser acatada.

Importantes avances

El 19 de noviembre del año pasado comenzaron los diálogos de paz, en el Centro de Convenciones de La Habana, Cuba, centrados en forma exclusiva en la agenda contenida en el Acuerdo General. Por primera vez, un intento de solución política dialogada con las FARC comenzaba por el derecho, en los temas de fondo que originaron el conflicto.

Nunca la oligarquía colombiana había aceptado discutir los cambios políticos, económicos y sociales con la insurgencia, en el entendido que fueron las causas del conflicto armado. Fue posible, quizás, porque ocho años después de la “seguridad democrática” y de la aguda confrontación armada, fracasó la vía militar, porque a pesar de los tantos anuncios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de que aplastaría a la guerrilla de las FARC, nunca lo logró.

A pesar de que el gobierno de Santos cree que está sentado con una guerrilla derrotada y que será fácil someterla en la mesa de diálogo con dádivas efímeras y superficiales, no logró esquivar la agenda sociopolítica que está en pleno desarrollo aunque en medio de evidentes contradicciones entre las partes.

Sin embargo, tanto Humberto de la Calle Lombana como Iván Márquez, principales voceros de las dos partes, han reconocido que nunca se avanzó tanto en un proceso de paz con las FARC-EP. Los resultados están a la vista: acuerdo parcial sobre el primer punto: “política de desarrollo agrario integral”; foros de política agraria y participación política ya realizados, y en este mes sobre el narcotráfico y los cultivos ilícitos, debate sobre la participación ciudadana, estatuto de la oposición, fortalecimiento de la democracia, víctimas y mecanismos de refrendación. Es una vasta temática que desborda los dos puntos hasta ahora desarrollados. Por la mesa han pasado expertos economistas y politólogos y son múltiples las reuniones de las dos delegaciones por aparte con expertos nacionales e internacionales sobre los puntos de la agenda.

La equivocación del Gobierno

A pesar de los avances existen preocupaciones e inquietudes por las continuas equivocaciones del Gobierno Nacional que viola el Acuerdo General de forma flagrante, acudiendo como suele hacerlo al autoritarismo y a las imposiciones, negando el carácter bilateral del diálogo. Son las dos partes las que producen los acuerdos y no la decisión unilateral del presidente Santos.

Las FARC no se han tragado el sapo del “marco jurídico para la paz” y de la “Ley Estatutaria del referendo”, presentados a discusión del Congreso, aprobado el primero y en curso el segundo, con la pretensión de convertirlos en “instrumentos de paz” sin contar con la decisión de la guerrilla. Son temas que están incluidos en el Acuerdo General y parte de la agenda, que el Gobierno quiere resolver a su manera y a las patadas para doblegar a la insurgencia.

La delegación de paz de las FARC-EP, declaró sobre el referendo lo siguiente: “El proyecto de Ley Estatutaria sobre un posible referendo que por iniciativa unilateral del gobierno se debate hoy en el Congreso, por más que se le vincule con el propósito de paz no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral. Se le sube el volumen a los parlantes que le otorgan falsas bondades para ocultar la gravedad de la crisis social que estremece a Colombia, al tiempo que con sus argumentos de que se trata de una solución del conflicto incluye la imposición de un esquema de sometimiento de la insurgencia, exonerando al Estado de sus inocultables responsabilidades que tiene como generador del conflicto y victimario”.

Pero es más, el Gobierno al someter a discusión del Congreso el referendo inconsulto con la contraparte en La Habana, pone en duda su viabilidad, porque dice que de pronto no resulta. Lo anota Timoleón Jiménez, comandante de las FARC-EP: “¿Puede un gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con carácter de urgencia, a fin de obtener una ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé?” Son las improvisaciones y contradicciones del gobierno de Santos, que da la sensación de transitar sin brújula y en medio de enormes equivocaciones.

Los tiempos fatales

Un obstáculo que amenaza la estabilidad de la mesa son los tiempos fatales gubernamentales. Para el presidente Santos la fecha límite es noviembre y si no hay acuerdo “nos levantamos” dice una y otra vez. Flagrante violación del Acuerdo General porque este no prevé tiempo fijo. Menciona es el “tiempo razonable”, que no es eterno pero sí el estrictamente indispensable para concretar la paz con justicia social. No hace alusión a la posibilidad de que una de las partes se levante de la mesa. Consigna es la necesidad de agilizar la mesa sobre la base de balances periódicos no para la ruptura como amenaza la parte oficial sino para imprimirle dinamismo a la discusión.

El Gobierno está acosado por la reelección. La paz es rehén de la ambición de Santos y sus áulicos. La intención es la “paz exprés”, denunciada por Iván Márquez en Oslo, que atormenta al Gobierno Nacional, en la idea equivocada de que está frente a una guerrilla derrotada, a que la agenda es para resolver asuntos de gobernabilidad y la llamada desmovilización guerrillera con la “entrega” de las armas. Sin importar que en la propia agenda se utilice el concepto de “dejación” de las armas. Es la paz romana sobre la base de dádivas para lograr la rendición. Otra forma de violar el Acuerdo General orientado es hacia la superación de las causas sempiternas y recientes del conflicto.

La Mesa de La Habana se encontró con el clima de inconformidad social que dio lugar a la mayor movilización agraria y popular de los últimos tiempos. En buena medida por la deuda histórica del régimen colombiano con el campo, las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio y porque el debate de La Habana sacó a la superficie viejos y nuevos problemas del campo y la ciudad, planteados desde la participación ciudadana. El Gobierno acudió al doble juego de ofrecer diálogo con los protestantes y ejercer violencia y represión contra la movilización del pueblo embravecido. Responsabilizó a las FARC y a la Marcha Patriótica dejando la sensación que su opción de paz es débil y mediocre. Lo dijo Angelino Garzón en frase casi lapidaria: “Si no resolvemos los bloqueos y las movilizaciones se acaba lo de La Habana”.

Un año después queda mucho camino que recorrer y bastante que rectificar. El Gobierno debe tomar las decisiones necesarias.