Si la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo se toma en serio como lo ha planteado el Fiscal General de la Nación, se estaría pensando en una verdadera democracia, pues la autonomía de las mujeres no puede medirse sobre la opinión pública.
Ana Elsa Rojas Rey y Renata Cabrales
Estamos acostumbrados(as) a que sobre el cuerpo de las mujeres decidan todos, menos ellas. Algo propio de una mujer como el hecho de querer o no ser madre, es tema de arena pública. La iglesia es la primera en tomar la palabra y sacar a colación temas como el pecado, la culpa y el castigo divino, por no respetar la vida de los fetos. Y todo esto con el fin de confirmar una y otra vez que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no importan, que la iglesia y la moral están por encima de ellos y que estas pueden ser juzgadas públicamente por personas fanáticas religiosas en los lugares donde se practican abortos, quienes las catalogan de irresponsables por no usar anticonceptivos, cosa que la religión también prohíbe, creando así una contradicción en aquellas mujeres cuyas creencias religiosas las mantienen en constantes disyuntivas sobre el tema lo que las conduce a la muerte.
Catalina Ruiz Navarro columnista de El Espectador, afirma al respecto que “lo irresponsable no es quedar embarazada sino tener un hijo que no podemos criar”, y por otra parte, “ninguna mujer se enfrenta al aborto por placer”, argumenta Marta Elena Royo, directora ejecutiva de Profamilia.
Tomar en serio la discusión
Si la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo se toma en serio como lo ha planteado el Fiscal General de la Nación, en el Foro Aborto del pasado 10 de noviembre, que como sabemos viene trabajando desde el Congreso un proyecto para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, se estaría pensando en una verdadera democracia, pues la autonomía de las mujeres no puede medirse sobre la opinión pública pues está atravesada claramente por un contenido de doble moral, ejercido por los jerarcas de la iglesia quienes de manera incongruente defienden la moral y las buenas costumbres. Estos personajes que se creen portadores de la autonomía de las mujeres, están cargados de acciones hipócritas porque dicen defender la vida y se callan frente a informes de la Unicef que revelan que el 12% de la población infantil sufre de desnutrición crónica, pues de estos niños no todos morirán pero debido a su enfermedad no prestarán servicio a la sociedad en un ambiente sano y adecuado, ya que su coeficiente intelectual no es el mismo de un niño o niña bien alimentado.
El Espectador del 24 de enero del 2015 en uno de sus artículos dice que mientras Colombia aspira a estar dentro de los países más ricos, cada 33 horas muere un niño de hambre. En La Guajira 35 de cada 100 niños y niñas menores de cinco años mueren de hambre según el DANE, a eso sumarle los miles de niños y niñas que deambulan en las calles de las grandes ciudades. Este grave problema de salud pública no inmuta a las personas moralistas, y biblia en mano defienden la vida mientras la muerte ronda a los 14,6 millones de pobres y 4,5 millones de indigentes. Ellos son los adalides de la vida y se aferran a decidir por el cuerpo de las mujeres, pensando que ellas todavía son tuteladas.
El aborto clandestino: un asunto público
Los abortos clandestinos son un asunto de salud pública. Para el 2008, según el Instituto Guttmacher, el 99,92% de abortos practicados fueron clandestinos y dese luego ilegales. (El Espectador).Cifra que no se puede tomar como una realidad, ya que estos abortos por su misma razón de práctica judicializada o penalizada, es bastante difícil que se dé información sobre el tema, para hacer un diagnóstico que pueda dar cuenta del verdadero número de mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Anualmente ocurren 412.000 abortos inducidos, vistos de otra forma, cada año una de cada 26 colombianas en edad reproductiva (15 a 44 años) tienen un aborto, de acuerdo con la última investigación realizada en el 2008. El aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad femenina.
Las mujeres abortan a diario y muchas de ellas son las más pobres que arriesgan sus vidas en lugares clandestinos sin las más mínimas condiciones sanitarias. El mismo informe registra que en Colombia anualmente 911.897 embarazos no son planeados lo que significa 89 de cada 1.000 mujeres, y cerca de 44% de ese tipo de embarazos terminan en abortos inducidos.
Según el periódico El País, 70.000 mujeres mueren al año, sobre todo en países donde las legislaciones son más restrictivas. Lo lamentable no es solo la muerte de mujeres, sino las que quedan vivas con secuelas muy serías de tipo físico y psicológico. Por ejemplo en Nicaragua, donde se han endurecido las penas en la prohibición de la interrupción del embarazo, la muerte por este fenómeno ha aumentado sobre todo en adolescentes.
El Foro Aborto liderado por Mónica Roa
El pasado martes 16 se llevó a cabo el Foro ‘Aborto legal en Colombia: Presente y Futuro’ con el fin de discutir los casos en que actualmente las mujeres pueden interrumpir de forma legal su embarazo. Estos se encuentran relacionados con los riesgos que el embarazo tenga para su salud tanto física como mental, incluyendo la angustia que pueda generarle por la afectación a su proyecto de vida.
La abogada Mónica Roa, Vicepresidenta de Women’s Link Worldwide’ y panelista del Foro, afirma que “las mujeres tienen derecho a optar por interrumpir su embarazo, continuarlo o dar su hijo en adopción, en cualquiera de los casos deben tener la posibilidad de conocer a fondo y con claridad las opciones con las que cuenta, el Estado debe respetar la decisión y otorgar todas las garantías, incluyendo la interrupción del embarazo”.
Según la abogada, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es importante abrir el debate sobre la eliminación de los requisitos para abortar en los primeros tres meses de embarazo; sin embargo, argumenta que es necesario que primero la sociedad tenga claridad sobre lo resuelto por la Corte Constitucional hace 10 años y que establece las circunstancias en las que hoy en día las mujeres pueden decidir la interrupción de su embarazo como garantía de sus derechos.
En su intervención, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expresó que en el aborto el médico certifica el riesgo y la mujer es quien decide si lo toma, por lo cual la voluntad de la mujer es el factor determinante para realizar la interrupción.
También ha expuesto en diferentes foros y conferencias que respeta el derecho individual de la mujer a decidir sobre su cuerpo y no está en contra del aborto inducido, en las doce primeras semanas de gestación, si esa es la determinación de la mujer.
En una entrevista el ministro Gaviria ya había confirmado que: “Yo estoy de acuerdo con el aborto legal. Creo además que el tema normativo está casi resuelto y la jurisprudencia de la Corte es suficientemente amplia. Los obstáculos para el aborto legal no son normativos: tienen que ver con el desconocimiento de los derechos ya existentes, con los prejuicios culturales y con la falta de capacidades en el Estado”.
Por su parte, esta semana también fueron centro del debate el hecho de la libertad otorgada por el Invima para la comercialización del Misoprostol sin una franja violeta en su empaque y la propuesta de un proyecto de ley desde la Fiscalía como ya mencionamos antes.
El Misoprostol es una victoria en la lucha por la autonomía de las mujeres. El medicamento, hace parte del POS desde 2012, y permite interrumpir el embarazo en la tranquilidad del hogar.
“Expediré una directiva sobre la causal salud. No se requiere que se concrete un daño. Con el solo riesgo basta. Debe verse la salud de forma integral.” afirma el fiscal Eduardo Montealegre en el Foro Aborto.
Por su parte, Mónica Roa insiste en que “nuestro principal objetivo es superar la desinformación que existe sobre las causas de aborto legal existentes, sobre todo la del riesgo para la salud, entendida como bienestar físico, mental y social”.
Según las cifras que algunos médicos presentaron en el Foro, en los últimos 10 años sólo 15.000 abortos han sido practicados legalmente y cientos de miles han sido clandestinamente, lo que significa que las mujeres tienen poco conocimiento sobre el derecho a abortar de manera legal y con la ayuda del Estado.
Para la representante a la Cámara, Angélica Lozano “nuestro proyecto de ley va a ser integral: incluirá educación sexual, maternidad segura, violencia sexual, VIH e infecciones de transmisión sexual, reproducción asistida, adopción y aborto”.
Y según Roa el país debe comprometerse con la educación sexual al ser los derechos reproductivos un asunto de todos y todas y resalta además el papel de los medios de comunicación y su responsabilidad para que las mujeres conozcan sus derechos.
