Los uniformados intimidan a las comunidades y van con lista en mano buscando a campesinos acusados de guerrilleros por un supuesto desmovilizado y permanecen en las casas de las familias campesinas
Luis Cogollo
Diez campesinos, entre los que se encuentran tres menores, fueron retenidos por el Ejército en el alto Sinú. Los uniformados intimidan a las comunidades y van con lista en mano buscando a campesinos acusados de guerrilleros por un supuesto desmovilizado y permanecen en las casas de las familias campesinas en la vereda Igueronal, perteneciente al corregimiento de Crucito, zona rural del municipio de Tierralta, sur de Córdoba, donde hace poco más de un año se realizó una acción humanitaria.
Durante las horas de la mañana del pasado miércoles 11 fue retenido un primer grupo de jornaleros en un cultivo de hoja de coca. Los “raspachines”, como mejor se conocen, estaban en la labor de recolectar o “raspar” la hoja cuando fueron sorprendidos por los uniformados de la Brigada 17 adscritos al Batallón Junín y bajo el mando del sargento Novoa. De allí fueron trasladados en helicóptero hasta una “caleta” (lugar donde se procesa la base de coca) para reunirlos con otros campesinos que se encontraban igualmente detenidos en ese lugar, luego fueron trasladados hasta la cárcel municipal de Tierralta, donde se legalizó la captura.
La difícil situación económica, el complicado acceso a la zona, la poca rentabilidad de los cultivo de alimentos y el alto costo de los insumos agrícolas obligan a miles de campesinos a trabajar en estos cultivos de uso ilícito, arriesgando incluso su propia libertad para poder sostener a sus familias.
En la mañana del jueves, uno de los menores fue dejado en libertad. Los otros nueve campesinos, incluyendo a los dos menores, continúan en la cárcel. Mientras tanto, el Ejército continúa la búsqueda de los campesinos acusados de pertenecer a las FARC-EP. Entre los buscados se encuentra el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Igueronal perteneciente a la Asociación para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). Al parecer el Ejército ni siquiera conoce los nombres de sus perseguidos, pues según información de los campesinos los buscan por sobrenombres.
Todas estas acciones constituyen una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, puesto que al permanecer en las casas se pone en riesgo la integridad de sus habitantes. Aun siendo conscientes de que deben permanecer a una distancia no menor a los 500 metros de las casas campesinas, el Ejército continúa allí. Los abusos e intimidaciones a la población civil también constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Se demuestra una vez más la persecución al movimiento campesino y a la Asociación para el Desarrollo del Alto Sinú.
