El convenio que firmaron los negociadores de Fecode fue rechazado por algunos docentes en todo el país, quienes también criticaron la manera inconsulta como se levantó el paro
Juan Carlos Hurtado F.
De manera sorpresiva y luego de un día de paro nacional del magisterio, el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, decidió levantar sin consultar el cese de actividades, el pasado 11 de septiembre.
La decisión inmediatamente generó interrogantes en docentes de todo el país porque una manifestación como esa solo puede ser suspendida por la junta nacional de Fecode. Además, inicialmente el paro era indefinido, luego se programó para tres días y solo duró uno. En varias ciudades los maestros llamaron a continuar el cese de actividades, realizaron marchas de protesta contra la dirección sindical, hicieron asambleas y marchas por diferentes calles. También expresaron desacuerdo con lo firmado por los negociadores.
El ejecutivo tomó la decisión de firmar porque según ellos, los objetivos planteados en el paro fueron resueltos y favorecen a los docentes en temas como salud y seguridad social, deudas y prima de servicios.
Pedro Arango, del ejecutivo nacional de Fecode, explicó que no hubo tiempo de preguntar a la junta nacional porque el gobierno presionó la inmediata firma del acuerdo. “No dio tiempo de consultar, sin embargo, hubiéramos podido tomar la decisión de convocarla, pero después de cinco días de negociación ya todo estaba acordado y el gobierno exigió firmar antes del 11 de septiembre”.
En la junta nacional del día 12, se hicieron críticas y observaciones, se analizó el documento de acuerdo y finalmente se aprobó por mayoría la suspensión del paro y aceptar lo firmado. De 74, votaron 58 a favor, 13 se abstuvieron y tres votos fueron en contra.
También discutieron sobre lo inconveniente e improcedente de negociar a referendo, es decir, consultando constantemente lo acordado; aunque se restrinja la democracia sindical, se debe facultar al ejecutivo y a la comisión negociadora para que tome decisiones.
El acuerdo
Pero ¿qué fue lo que se firmó? En lo relacionado a la problemática de salud, “se acordó un plan de choque para que en dos meses se dé solución a todo lo represado en cirugías, medicamentos, citas médicas generales y de especialistas, y de ahí en adelante normalizar. Para ello se nombrarán auditorías médicas externas que vigilarán el cumplimiento del pliego de condiciones, del servicio y del contrato. Y unas para la vigilancia administrativa y financiera. En caso de incumplimiento se hará un plan de mejoramiento y se iniciarán las sanciones hasta terminar el contrato. No se puede decir, ‘ustedes están cumpliendo mal el servicio’ y quitárseles el contrato, tiene que haber un debido proceso”, explicó el profesor Arango.
Los docentes mantendrán el régimen especial en salud. La ley ordinaria contemplará un artículo excepcionando al magisterio y en seis meses el Presidente de la República establecerá una reglamentación de las contrataciones de salud de los maestros. Así no estarán al vaivén de que en cada contrato se modifique el pliego de condiciones. No estarán cobijados por la Ley 100 sino por la 91.
También se aprobó la reglamentación de las enfermedades profesionales y el manual de calificación, ley para el magisterio cuya ponente fue la senadora Gloria Inés Ramírez. Falta la reglamentación y la sanción, que se hará antes de un mes.
Deudas
Con respecto a deudas se hará el cálculo de su monto total, que son aproximadamente 88 billones a 2029, relacionados con seguridad social de los maestros activos y pensionados. Se acordó que el pasivo pensional de los entes territoriales, 32 billones, se gire inmediatamente al fondo. “Estamos pidiendo tres billones de reserva técnica para que haya presupuesto y no se dilate el pago de nuestras prestaciones, porque por ejemplo, las cesantías deben pagarse en 45 días hábiles y a veces pasan meses o un año, así como las pensiones. Con esa reserva se agiliza el pago. Está proyectado que en cinco años haya nueve billones de pesos”, anota Pedro Arango.
Las deudas de hace 10 años, de primas extralegales, ascensos, aumento salarial, asciende a 900 mil millones. “Se acordó girar 320 mil millones de lo que está certificado, o del cruce de listas, las cédulas, que hayan hecho un contrato de fiducia con una empresa para girar el dinero, y el gobernador haga un convenio de pago. De esa plata se cancelará hasta diciembre 240 mil millones y en febrero y marzo el resto. Lo que no está certificado, en julio de 2014”, explicó Arango.
Con respecto a la retroactividad de la prima de servicios, se nombrará una comisión para que haga una discusión sobre el tema y los ajustes necesarios para mantener la retroactividad, considerarla factor salarial y compatible con las otras primas.
El Consejo de Estado es el que regula la seguridad social del magisterio, pero el Ministerio de Educación retomó un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que niega los factores salariales a otros trabajadores, para con base en eso negarlos a los docentes. Con el ánimo de no pagar pidió un concepto a la Corte Constitucional. Ante esto se nombró una comisión del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los maestros, para ir a la Corte a discutir en busca que el concepto salga favorable a los educadoeres.
Sobre los conflictos de los docentes del 1278, Pedro Arango explicó: “Es algo que se está trabajando en el tema de Estatuto Único, creemos que es injusto que a un docente que no tiene maestría y doctorado, tenga que hacérsele una evaluación para ascender y si no asciende no le valen los títulos porque no le suben el salario. Se acordó entregarles un estímulo mientras se resuelve el problema de la evaluación; hay plazo de acordar el monto hasta enero. Lo otro es lo del aumento salarial de los nuevos maestros, pues el gobierno en años anteriores ordenó el pago de un aumento de 8%, pero hubo un año en que aumentaron 3% y les quedaron debiendo cinco. En eso no se logró porque con la CUT el año pasado fue negociado el aumento para todos los estatales, y se acordó para dos años, entonces el gobierno argumentó eso, que ya había un acuerdo. Pero de los objetivos que nos planteamos con este paro se consiguió más del 95% de lo que habíamos puesto como meta”.
Protección a docentes
En el tema de derechos humanos, después de la firma del acuerdo, el Ministerio de Educación expidió un decreto con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, para que se traslade por un periodo de tres meses al maestro amenazado solamente con radicar la denuncia. Luego, provisionalmente otros tres meses en caso que no se resuelva el problema, para luego hacer el traslado definitivo.
Antes un maestro amenazado no podía irse porque al dejar de asistir al colegio le abrían un proceso por abandono de cargo, y en ese tiempo era asesinado.
