Duro informe en Naciones Unidas

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*Redacción DD.HH.

A inicios del mes de marzo esta oficina en Colombia, presentó un informe en donde además de celebrar el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC – EP, mencionan su preocupación por la sistemática violación a los derechos humanos

Además del informe en donde se resaltan duros desafíos por parte del gobierno nacional en aras de corresponder con la garantía de derechos para el conjunto de la sociedad, en particular para las organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales, los elementos de corrupción en el país, entre otros, el informe de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Colombia también menciona algunas recomendaciones. Dicho trabajo se adelantó, dado que las partes negociadoras solicitaron el apoyo de la Oficina.

Al inicio del informe, la Oficina del Alto Comisionado, asegura que gracias a las demoras en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, se generaron altos niveles de “vulnerabilidad, incertidumbre inseguridad para la población en zonas de conflicto. También socavó la confianza de los integrantes de las FARC-EP en el proceso de paz”.

Uno de esos elementos es el reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos. Por ello destaca que la guerrilla de las FARC-EP reconociera su responsabilidad en varios hechos en los que la población civil se vió directamente afectadas. Por  otro lado, que el Gobierno de Juan Manuel Santos reconociera el año pasado, la persecución y violencia sistemáticas sufridas anteriormente por el partido político Unión Patriótica, así como también destacó la necesidad del compromiso del Estado en la no repetición. Se resalta que la garantía de los derechos humanos, mencionados en el Acuerdo de Paz, es el eje central que permitirá asegurar la complementariedad en la implementación de todos sus aspectos.

El seguimiento sobre el acuerdo de paz

Al respecto del sistema integral de justicia transicional en el acuerdo, comenta que es necesaria la “coordinación y coherencia entre las distintas entidades del sistema y con otras instituciones nacionales. (…). Entidades tales como la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General, la jurisdicción penal militar, y el Congreso, deberán en dos o tres años, presentar informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre las investigaciones existentes de delitos relacionados con el conflicto. Lo cual será garantía de que la jurisdicción especial para la paz pueda actuar con celeridad en la investigación, procesamiento, atribución de responsabilidad y establecimiento de la verdad.

Derechos humanos en el ámbito rural

Algunos de los elementos que la Oficina ha identificado como estructurales y como desafíos en materia de derechos humanos que requieren atención para garantizar la paz, tienen que ver con las áreas rurales.

Con preocupación se menciona el incremento de la violencia en las áreas que antes ocupaban las FARC-EP. El informe asegura: “Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consoliden nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros (…). La Oficina sigue observando dificultades en el acceso a la justicia”. Esta misma preocupación la han expresado las organizaciones agrarias y de derechos humanos, pues ha sido evidente el copamiento de los grupos paramilitares, en aquellas zonas donde ya no se encuentran las FARC.

Desde el Alto Comisionado plantean que la respuesta estatal a la violencia que se viene incrementando debe pasar por abordar los factores “estructurales que favorecen las actividades económicas ilegales, especialmente la corrupción, con el fin de garantizar el pleno goce de derechos de la población. Se debe asegurar que haya articulación entre los ámbitos nacional y local para asegurar una efectiva prevención social, comunitaria y situacional del delito, así como la participación de las comunidades en las decisiones que las afectan”.

Derechos económicos, sociales y culturales

Colombia se ubica como uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la región. En las zonas agrarias es donde más se vive este fenómeno. La oficina del Alto Comisionado, asegura que se da por la limitada presencia y capacidad local del Estado; “inefectiva coordinación nacional-local, conflicto armado, limitado acceso a la justicia, corrupción, insuficiente integración de derechos a la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas; insuficiente medición de la realización progresiva, y limitada rendición de cuentas”.

Casos como los vividos en La Guajira, en relación a los problemas nutricionales que afectan primordialmente a las niñas y niños indígenas wayúu, evidencian la ineficacia del Estado, pues entre enero y noviembre, el Instituto Nacional de Salud reportó 352 casos de niñas y niños con bajo peso al nacer y 75 muertes por desnutrición.

El caso del departamento del Chocó también cobró gran importancia, según el informe: “Las niñas y niños afrocolombianos e indígenas en Chocó siguen muriendo a causa de enfermedades prevenibles, debido a la limitada disponibilidad y acceso a servicios de salud y la falta de agua potable y saneamiento básico. Entre enero y agosto se reportó la muerte de nueve niñas y niños, únicamente en Riosucio. Según el Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad materna en Chocó es de 181,64 por 100.000, frente a 33,70 en Bogotá”.

El informe resalta que la situación de los y las defensoras de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación. “Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios1; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual. Entre las 59 víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes Lgbti, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles”. Además de otras cifras en donde se muestran las agresiones y asesinatos de sindicalistas y de integrantes de movimientos sociales y políticos.

El mayor porcentaje de las víctimas de estas agresiones es de las zonas rurales. Unos 25 casos ocurrieron en zonas con presencia histórica de las FARC-EP. La Oficina registró 11 casos de captura y detención de defensores de derechos humanos en áreas rurales con la presencia de actores armados. Estas cifras superan las del año 2015.

En este sentido, la Oficina nuevamente reiteró su preocupación sobre el alto nivel de impunidad frente a las constantes agresiones en contra los defensores de derechos humanos.

Recomendó al Estado ratificar los Protocolos Facultativos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura. Así como a la comunidad internacional para que dé su apoyo financiero y técnico al proceso de paz, entre otros elementos.

1 Cuatro asesinatos adicionales están aún en proceso de verificación

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