Duque abonó el terreno para los grupos armados

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Desplazados deben dormir en albergues y un colegio que se tomaron para poder pernoctar.

“Ya no hay gente en el río o en las orillas porque todas las personas han sido desplazadas, y las que no han podido salir están confinadas en las casas de sus fincas por el miedo a los grupos armados”, lideresa afro

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada

La Perla del Pacífico, Tumaco, es uno de los municipios más grandes del país. Está ubicado en el departamento de Nariño, y además de sus límites con el departamento del Cauca, este también se ubica cerca de la frontera con el Ecuador. Rodeado por varias islas y con un inmenso paisaje de selva y de agua dulce que conecta al mar, la multiétnica región pacífica nariñense, sobresale como una perla azul al caer la tarde.

Esta región multicolor, con más de 200 mil habitantes, de gente alegre y cantaora, hoy es un grito que clama parar la guerra. Desde el mes de noviembre del año pasado, grupos armados que se disputan el territorio amenazan la tranquilidad de los pobladores de las zonas rurales obligándolos a desplazarse, desde el mes de diciembre a la cabecera municipal, para poder salvaguardar sus vidas. A la fecha, cerca de cuatro mil personas están desamparadas en el municipio y luego de una semana, las ayudas humanitarias y la atención del Gobierno nacional, no existen.

La esperanza de la perla

Años atrás, mientras se adelantaban los acuerdos de paz en el municipio de Tumaco y sus veredas, los habitantes pensaban en la posibilidad de empezar a vivir mejor. El auge de la coca y el abandono del Estado abrieron la puerta para que los grupos armados de paramilitares y narcotraficantes llegaran al territorio a disputarse el poder local con la guerrilla de las FARC-EP.

En la zona había diferentes vías de acceso terrestre y marítimo que facilitaban el tráfico, tierra fértil, abandono de las instituciones del Estado y corrupción de los aparatos militares estatales, lo cual facilitaba la tarea. Y Tumaco se convirtió con el tiempo en una de las zonas más productoras de la mata de coca, marihuana y amapola a nivel nacional. Para esa producción sí había mercado, sí había salidas, a diferencia de los productos propios de la economía local, y las familias humildes, pescadoras y agricultoras se abocaron al cultivo ilegal como una salida a su economía familiar.

Pero, la disputa por el control territorial, que se dio a sangre y fuego, rompió con la tranquilidad de sus pobladores y también aumentó el reclutamiento de jóvenes para los grupos armados. Ya no solo se trataba de la ausencia de garantías sociales o laborales, también había llegado la guerra. La Perla había sido sometida a una oleada de violencia y su situación era estratégica para el contrabando de mercancía ilícita por las vías que de los ríos conducen hacia al mar. La droga no fue la única que se impuso en el contrabando, también se denunció el tráfico de armas, incluso, la trata de personas.

Por esas razones, las comunidades votaron por la paz en el plebiscito, querían vivir en paz y conformaron el capítulo de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, con el objetivo de participar del piloto para la sustitución gradual y concertada, enmarcada en el punto 4 de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional y, entregadas las armas de la guerrilla, se esperaba que la guerra también culminara. Como decían sus habitantes, para entonces, querían volver a tener la tranquilidad de “caminar o ir en lancha, y pescar sin mirar para atrás”, como sucedió luego de la llegada de la coca a la región.

La población que habita a las orillas del río ha deshabitado el territorio por miedo a los grupos armados. Foto Carolina Tejada.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, basado en datos de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el periodo 2010-2018, destinó para el Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS, importantes recursos de la cooperación internacional y del presupuesto de la Nación. De allí se beneficiarían 54.000 familias, que con mucha esperanza se vincularon al programa. Sin embargo, terminado el gobierno de Santos, ese proceso prácticamente se frenó.

Según Naya Orjuela, del Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda y quienes vienen acompañando a comunidades en el territorio, la actual crisis humanitaria de Tumaco es producto del abandono del Estado y en particular “de la ausencia de la implementación de los acuerdos de paz. La mayoría de personas del territorio vieron con entusiasmo la firma de los acuerdos y esperaban que con la salida de la guerrilla de las FARC-EP del territorio llegara el Estado a la región, pero no ha sido así”.

Cuenta la defensora de derechos humanos que el incumplimiento de los planes de sustitución de cultivos, de forma voluntaria, que se habían pactado entre las comunidades y el Gobierno se quedó en censos y reuniones para acordar el plan de sustitución, pero estos acuerdos quedaron en el papel: “Apenas se ha cumplido una parte de esos compromisos y en su gran mayoría no se han ejecutado. Para la población es muy difícil participar en esta sustitución y de nuevo las organizaciones criminales han llegado al territorio a imponer los cultivos y, por otro lado, no hay alternativas para que la población se pueda dedicar a otra labor para subsistir”.

Precisamente, en abril del 2017, las familias cultivadoras de coca y amapola ante los incumplimientos del Gobierno nacional iniciaron varias jornadas de paro, durante un mes cerraron la vía al mar exigiendo su participación en el Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS. Más de 16.000 familias habían firmado el plan de sustitución de cultivos. El gobierno no cumplía con los acuerdos, las zonas abandonadas por la guerrilla se empezaban a copar por los grupos armados en disputa y las instituciones brillaban por su ausencia en los territorios.

La crisis continúo sin soluciones para las comunidades y solo en el 2018, el municipio de Tumaco cerró el año con 200 asesinatos.

Un terreno para la violencia y el narcotráfico

Hace un año, en enero, la Defensoría del Pueblo sacó una Alerta Temprana en la que advertía de desplazamientos forzados de, al menos 1.600 personas, producto de la confrontación armada entre los grupos que hacen presencia en las zonas rurales de Tumaco.

En el mes de marzo, las comunidades y organizaciones sociales y defensoras de DD.HH. realizaron una audiencia pública en la que convocaron a la Comisión de Paz del Congreso. De 22 integrantes que componen la Comisión solo asistieron tres senadores; Gustavo Bolívar, Aída Avella y Gustavo Petro, y muy pocos delegados de las instituciones del Estado. En ese espacio las comunidades le expresaron al Gobierno nacional la necesidad de tomar medidas de tipo preventivo para evitar una tragedia humanitaria. Denunciaron las confrontaciones armadas, los desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y la ausencia de garantías para la vida de los pobladores. Pero las medidas nunca llegaron.

VOZ fue el único periódico de carácter nacional que llegó a Tumaco, que pudo difundir en sus redes las demandas de la población, y la comunidad pedía que las soluciones a estos problemas no fueran solo militares, exigían inversión social, y nuevamente, cumplir con el Acuerdo de Paz ya firmado, así como reanudar las negociaciones con el ELN.

En esa ocasión las mujeres organizadas en asociaciones y juntas de acción comunal expresaron que, “Las mujeres nos hemos convertido en un objeto de la guerra, hemos sido víctimas de retaliaciones lo cual ha hecho que nuestro ritmo de vida cambie, a tal punto que tengamos que encerrarnos en nuestras casas por temor a ser atacadas”. Igualmente, pedían un diálogo con la comunidad, las autoridades locales y departamentales, para buscar salidas a las problemáticas de la población.

La audiencia se realizó en marzo, en el coliseo del pueblo y las comunidades indígenas, campesinas y afros llegaron en chalupas, con miedo y amenazadas, pero querían hablar, denunciar, alertar sobre una tragedia humanitaria y el gobierno no escuchó.

Tumaco: secuestrado por los violentos

Según Naya Orjuela, los desplazamientos se vienen dando desde el mes de noviembre con mayor auge: “Los desplazamientos masivos se han dado desde los meses de noviembre y diciembre, estos se agudizaron y hoy los municipios más afectados de la región son: Olaya Herrera, Magui Payán, Roberto Payán, Barbacoas y Tumaco. Las organizaciones y la misma población han expresado que la situación tiende a empeorar”. La población desplazada hace parte del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí y ya han pasado casi dos semanas de haber abandonado el territorio, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados en los últimos días.

También explica que es muy difícil para la población afirmar qué tipo de organizaciones son las que están en confrontación: “Lo cierto es que existe una disputa territorial por el control, tanto de la producción como de la comercialización del uso ilícito y sus derivados que generan una millonaria cantidad de recursos para las organizaciones ilegales”.

Además del desplazamiento, las comunidades denuncian asesinatos selectivos, desapariciones y torturas. Según una comunicación pública del Colectivo SocioJurídico Orlando Fals Borda, “en la vía Junín- Barbacoas, el 9 de enero, fueron asesinados dos mineros que al parecer no pertenecían a la zona. La comunidad ha informado que fueron torturados, amordazados, violados y asesinados por grupos armados no identificados. Este mismo día se registró un enfrentamiento entre hombres de grupos armados ilegales que se encontraban en dos lanchas, quedando en medio la población civil, y que luego de estos hechos están siendo víctimas de confinamiento, dado que estos grupos ilegales les han prohibido transportarse en sus lanchas y canoas por el río Telembí”.

La ayuda humanitaria de la gente de Tumaco llega, pero no es suficiente.

La población víctima de los desplazamientos y demás violaciones de los DD.HH. y DIH, hace parte del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí. Luego de la agudización de las confrontaciones, han pasado más de 12 días en el proceso de abandonar forzosamente el territorio. Algunos han huido al Ecuador, y la gran mayoría ha llegado a Tumaco.

Sin embargo, “Ya pasó una semana y apenas empieza a llegar la ayuda humanitaria. Se hicieron algunos censos sobre la población desplazada, pero la ayuda es insuficiente, se ha pedido apoyo a la comunidad nacional e internacional”, comenta Naya.

El pasado domingo, 19 de enero, se realizó una olla comunitaria en el municipio para poder ayudar a la gente que llevaba varios días desplazada, sobre todo, niños y personas mayores.

“La misma población desplazada se tomó un colegio como medida desesperada para poder albergarse, pues, además de su condición, estaba lloviendo mucho”, asegura la defensora, al tiempo que cuestiona: “no comprendemos cómo Colombia hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y tarde más de una semana para atender una crisis humanitaria de estas magnitudes. Ya había alertas y la misma Defensoría manifestó la necesidad de atención inmediata. Deja mucho que desear el hecho de que llegue a la zona ayuda militar, pero no ayudas humanitarias”.

Solidaridad y llamado al gobierno

VOZ también dialogó con una lideresa afro de Tumaco, quienes vienen ayudando de manera solidaria a las comunidades. Con los ánimos desbordados, ella cuenta que: “No alcanza la comida que se prepara para la gente, pues no paran de llegar más y más buscando ayuda. En el colegio que se tomaron hay alrededor de 620 personas, entre niños y personas mayores, y como no ha dejado de llover, el colegio se inundó. Es una tragedia, a pesar de las versiones de la alcaldesa”.

En el municipio, los comerciantes y habitantes, en general, han iniciado grupos de apoyo para ayudar en la emergencia, han donado comida, implementos para cocinar y abrigos, pero es insuficiente, la magnitud del problema supera la solidaridad local. Cuenta la lideresa afro que “los ríos quedaron desolados, ya no hay gente en el río o en las orillas, porque todas las personas han sido desplazadas y las que no han podido salir están confinadas en las casas de sus fincas por el miedo a los grupos armados”.

Para Naya, urge un plan de emergencia que atienda la crisis social, económica y humanitaria, “pero claro, no solo atender la humanitaria que en este momento es la más urgente porque la gente está durmiendo en la calle, en albergues, sin agua, alimentos o medicamentos y sin atención psicosocial, también urge una investigación sobre los hechos de asesinatos, amenazas a la población y a los líderes sociales, pues cuando la gente quiere denunciar el intento de cooptación de los territorios colectivos, es amenazada y ha tenido que abandonar sus lugares. Así que, una de las garantías para estas poblaciones es la vida”.

Para la lideresa afro, cuyo nombre hemos reservado por seguridad, las personas desearían volver a sus territorios, pero saben que corren peligro: “Según el General Eduardo Zapateiro del Ejército, ellos pueden brindar toda la seguridad para ello, lo dijo en una reunión que sostuvo con la alcaldesa y otros entes públicos, pero sabemos que no es posible. La realidad es otra, allá hay minas, están los grupos armados y tendría que andar un soldado por cada persona, pero ni así, se salen ellos de la zona y continúa la guerra”.

“Se le pide al gobierno un territorio libre de guerra”

La lideresa afro asegura que el miedo incrementa en la población porque saben de amenazas y de asesinatos selectivos. Por eso asegura: “Se le pide al gobierno un territorio libre de guerra. Con todas las garantías y las oportunidades para poder sostenerse y así poder mejorar su calidad de vida en un ámbito de credibilidad y crecimiento, no de pañitos de agua tibia con falsas esperanzas solo para salir de paso, pues en vez de mejorar las condiciones de la gente, las situaciones han empeorado porque están dejando a las familias en medio de todo este conflicto”.

Desde las comunidades étnicas y en general de la población, la solución a este panorama pasa por el cumplimento de los acuerdos de paz en todos los niveles, “incluyendo lo relacionado con el capítulo étnico. Desde las comunidades se apoya la organización territorial de los consejos comunitarios, que además están amparados por la ley 70 y que se respeten los acuerdos de las organizaciones indígenas con presencia en el territorio, así como los pueblos indígenas como lo son los Unipa, Camawari, Aciesna, que también han visto los incumplimientos de los acuerdos”.

4 Comentarios

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