Se ha avanzado pero falta mucho trecho aún. Está lejos el tal posconflicto, que no es otro que la implementación de los acuerdos y el desarrollo de la asamblea nacional constituyente que debe refrendar los acuerdos, dirimir los desacuerdos y aprobar reformas políticas, sociales y económicas
Editorial del Semanario VOZ
Se cumplen dos años del inicio de las conversaciones públicas del Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, en Oslo, capital del reino de Noruega, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito después de varios meses de discusión en la “fase secreta” que antecedió a la etapa pública.
Han sido dos años de duras pruebas, no exentos de tensiones y agrias discusiones, incluso públicas, y de amenazas y ultimatums, por parte del Gobierno, cada vez que los actos de guerra de la insurgencia afectan a la Fuerza Pública. Es el resultado de dialogar en medio de la guerra, impuesto por el Gobierno con la pretensión de golpear a la guerrilla y presionarla a aceptar los acuerdos de “entrega de las armas y desmovilización”, según el lenguaje oficial.
Dos años después, desde el lado de las organizaciones humanitarias y activistas de la paz, se insiste en la tregua y cese de fuegos bilateral como forma de que los diálogos avancen en un ambiente de distensión y sin el ruido de las armas.
También avanzan en medio de la amenaza de los sables por las imposiciones del militarismo frente a un presidente Santos timorato; y de las acciones abiertas, desde dentro y fuera del Gobierno, de los enemigos de la paz en Colombia. Provocaciones como el espionaje a las delegaciones de paz, incluyendo al jefe de la misión oficial Humberto de la Calle Lombana, la operación Andrómeda de la inteligencia militar y la actividad subversiva e ilegal del hacker Sepúlveda en conexión con militares, policías y con la campaña presidencial uribista, fueron hostigamientos para reventar la mesa de La Habana.
A la cabeza de los provocadores están el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, algunos mandos militares, oficiales en retiro, ganaderos, narcoparamilitares y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Nadie entiende por qué este sigue en el gabinete, a no ser que sea orquestado para que Santos haga de bueno y el ministro de malo.
Sin embargo, en contraste, crecen las fuerzas de la paz, que están construyendo el Frente Amplio por la Paz, la democracia y la soberanía, no solo para defender los diálogos con la insurgencia sino en la perspectiva de forjar un movimiento alternativo con opción de poder popular.
El balance de los dos años es positivo. Hace dos semanas fueron divulgados los borradores de los acuerdos parciales sobre los tres primeros puntos debatidos (desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas), mantenidos en secreto hasta entonces por presión gubernamental. La publicación dejó en claro que existen evidentes avances, aunque también puntos pendientes, muy importantes y trascendentales para que desaparezcan las causas del conflicto colombiano.
A pesar del concepto de la paz exprés que manejó el Gobierno en función de la campaña reeleccionista, se impuso la idea del “tiempo razonable” para que la agenda pueda completarse con el debate de cada uno de los temas que de ella se derivan. Aunque los voceros gubernamentales continúan presionando con el tiempo, ahora con el argumento de que es necesario preparar el posconflicto cuando aún faltan los acuerdos sobre tres puntos (son seis los que contiene la agenda) y también faltan dirimir los desacuerdos en los tres puntos que ya tienen acuerdos parciales.
Los últimos días estuvieron movidos por la divulgación de las visitas de Timoleón Jiménez a La Habana por parte del ministro Pinzón, a pesar de que habían sido convenidas con el Gobierno en función del trabajo de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Con todo, el presidente Santos guardó silencio ante la provocación y la insolencia de Pinzón.
Se ha avanzado pero falta mucho trecho aún. Está lejos el tal posconflicto, que no es otro que la implementación de los acuerdos y el desarrollo de la asamblea nacional constituyente que debe refrendar los acuerdos, dirimir los desacuerdos y aprobar reformas políticas, sociales y económicas profundas para una nueva Colombia democrática y del progreso social.
