El campesino fue privado de su libertad en medio de un montaje judicial por supuesto porte de explosivos, que el Esmad colocó de manera delictiva en un morral de su pertenencia durante las protestas.
Agencia Prensa Rural
La audiencia pública de Ramón del Carmen Ortega, participante en el paro campesino del Catatumbo, fue aplazada por tercera vez desde el 19 de junio de 2013, fecha de su captura. El campesino fue privado de su libertad en medio de un montaje judicial por supuesto porte de explosivos, que el Esmad colocó de manera delictiva en un morral de su pertenencia durante las protestas.
Ramón Ortega es padre de ocho hijos, fue presidente de junta de acción comunal y concejal del municipio de Hacarí (Norte de Santander). El día de los hechos, y minutos antes de ser apresado por los agentes del Esmad, Ramón Ortega prestó su morral a Yamid Galván, uno de los testigos de la defensa, para que sacara crema dental; “en el morral no había más que sus documentos, un rollo de papel higiénico, cepillo de dientes y la crema dental”, afirma a Prensa Rural. Tras su uso, Yamid retornó el morral de la misma forma en la que lo encontró a Ramón Ortega.
Aproximadamente cinco minutos después llegó el Esmad que operaba en las afueras de Ocaña, donde se produjeron diversos enfrentamientos entre Policía y campesinos, actuando de manera desproporcionada y arremetiendo contra la población civil, sin interlocución alguna. La contundente acción afectó a una mujer en estado de embarazo, quien se desmayó debido al efecto de los gases lacrimógenos y el impacto emocional que le causó la incursión policial.
Durante el operativo, Ramón Ortega fue apresado junto con otros compañeros, quienes recibieron una fuerte golpiza por parte de los agentes de la Fuerza Pública, casi hasta causarles la muerte. Debido a las heridas sufridas fueron trasladados al hospital de Ocaña. En ese momento agentes del Esmad tomaron el morral de Ramón, el cual fue devuelto minutos después, solo que esta vez habían colocado un supuesto explosivo en su interior.
Desde ese momento Ramón del Carmen Ortega fue privado de su libertad con medida de aseguramiento y su audiencia pública ha sido dilatada de manera injustificada en repetidas ocasiones, por lo que la resolución de su caso ha sido lenta y dolorosa, tanto para él como para sus ocho hijos, familia y amigos más cercanos.
El proceso de detención violó todos los protocolos y código nacional de policía, puesto que se evidencia tortura y trato degradante durante la detención y también rotura de la cadena de custodia de las pertenencias de los detenidos, entre otras ilegalidades. Por otro lado, las personas fueron privadas de su libertad sin cargo alguno y por el contrario les fueron colocados elementos presuntamente explosivos en sus pertenencias por parte de la Fuerza Pública.
En materia de garantías y derechos humanos, los campesinos completan más de un año sin que se haya celebrado el juicio, situación que contraviene todos los tratados internacionales y la propia ley y Constitución colombiana, lo que podría constituir graves violaciones contra el derecho a la libertad, a la manifestación y reunión entre otras.
Estos hechos son graves y dan cuenta de la indefensión de los campesinos detenidos durante las protestas del año pasado en Ocaña y Tibú.
Todo indica que Ramón fue sometido a un montaje judicial, como también a un sistemático aplazamiento intencionado de las audiencias preliminares que, según la ley, están programadas para el mismo día de la captura o al menos los días contiguos, dependiendo de la complejidad del caso. Ya desde el 4 de febrero, fecha de la primera sesión preliminar, los testigos de la fiscalía no han acudido en su totalidad a dicho espacio y la juez del caso tampoco ha permitido que se haga el contrainterrogatorio de manera acertada, situación que ha impedido un escenario favorable para una puesta en libertad, aunque sea de carácter cautelar.
A esto se suma que durante el traslado realizado de Ocaña a Cúcuta, en el periodo comprendido del 14 al 17 de septiembre de 2014, Ramón Ortega es alojado en El Rastrillo, lugar en el que fue amenazado con un cuchillo en el cuello y despojado de todas sus pertenencias mientras se encontraba bajo la custodia del Inpec.
El pasado 23 de septiembre se citó nuevamente a juicio oral, el cual fue aplazado por tercera vez para el próximo 9 de diciembre ya que la juez del caso estaba de vacaciones. La defensa que adelanta la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) apeló para que el acusado fuera puesto en libertad por dilación injustificada del juicio, ya que la medida de aseguramiento resulta desproporcionada. La fiscalía y el juez encargado respondieron a esa petición que no se puede conceder la libertad del capturado por dilación injustificada, ya que la juez ha accedido y ha justificado dichas dilaciones.
Ascamcat afirmó a Prensa Rural que considera estas dilaciones un castigo por la participación del Ramón Ortega en el paro y, de la misma manera, hace un llamado para que se cumpla con todos los procedimientos en materia jurídica que den vía libre a la resolución del caso de Ramón del Carmen Ortega, así como el de los otros tres prisioneros políticos que resultaron privados de su libertad durante el paro del Catatumbo.
Las Fuerzas Armadas estarían usando dichos montajes judiciales en la actualidad, como en su momento fueron usadas las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”, para recibir recompensas, según denuncian numerosas organizaciones sociales en todo el país.
