Dictadura, dígalo con confianza

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Pablo Arciniegas

Que no les quede duda que la democracia falló en Colombia, así como en la mayoría de países donde es un modelo de gobierno. El poder no está (y quizás nunca lo estuvo) concentrado en los y las ciudadanas, sino en un selecto grupo de familias y empresarios que parasitan un país y usan toda su influencia para mantenerse ahí mismo. El desarrollo o combatir la miseria no está en sus agendas, ni siquiera como simple retribución.

En ese sentido, no somos muy distintos de Corea del Norte, Venezuela o Estados Unidos. Aquí también las elecciones son una mera celebración, la ‘fiesta de la democracia’ como la llama Luis Noriega en su novela Donde mueren los payasos, y eso significa que el Estado no es garante de ninguna libertad ni de nada de lo que está escrito en las constituciones. El Estado, más bien, es un modelo de negocio.

Y en nuestro caso, el dueño ―o patrón, si así lo prefieren― es el proyecto uribista, que fue formulado hace casi 30 años y hoy ha hecho metástasis después de sobrevivir un proceso de paz. Por poco se acaba el monopolio de la guerra, pero desde que “ganó” las elecciones, este Gobierno (el que no iba a repartir mermelada) instaló una selva de lagartos en todos los altos cargos, y después los puso a competir entre ellos. Que lo diga el superintendente de Industria y comercio, a quien no le alcanzó con estorbarle la vida a Daniel Samper Ospina, para asegurarse un puesto en la Corte Penal Internacional.

En fin, en Colombia no solo existe está evidente concentración del poder en el Ejecutivo, sino que los órganos (de control, supuestamente) que deberían impedirla también están corruptos, llenos de amigos, incompetentes generalmente. Y no solo ellos, el Congreso y las empobrecidas Cortes también. Para remate, la prensa, esa libertad de fiscalizar al poder, que nació con la misma idea del Estado, aquí le fue vendida a los banqueros dedicados a pauperizar los medios, y las redes sociales, donde hace un poco más de una década las personas podían hacerse otra vida, hoy sirven para perfilar y bombardear con desinformación.

Si se suman estos factores, es obvio que vivimos en una dictadura. Dígalo con confianza: dic-ta-du-ra. Y el hecho de que podamos afiliarnos a un servicio de streaming o que las estanterías de los supermercados estén abastecidas no compensa que en este país ―miembro de la OCDE y firmante de no sé cuántos tratados de derechos humanos y ambientales― existan vulgares índices de pobreza y analfabetismo y también persecución de opositores y crímenes ambientales y otras tantas atrocidades clásicas de una dictadura, que ahora se me pueden volar.

Pero eso no importa porque hoy, como todos los días, saldrá el presidente Iván Duque o sus ministros a hablar de “paz con legalidad”, de “homicidios colectivos”, defensa de los páramos ― ¡Ja! ― o de otra cosa cínica y hueca como un copy de publicidad. Y mientras ellos, o quien sea que les escribe eso, se totean de la risa, aquí y en las Naciones Unidas estamos convencidos de que Colombia es un país serio: todavía un Estado de derecho que flota por encima de la evidente crisis de la democracia, ¿pero una dictadura? eso jamás.

Epílogo

El “paraevento”: muy descorazonador el evento de paz con legalidad que realizó justamente en el marco de los cuatro años de la firma de los Acuerdo de La Habana. Queda claro que este Gobierno no solo quiere descomponer el proceso de paz, sino rehacerlo a su antojo.

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