Los diálogos de La Habana avanzan, en medio de contradicciones y prevenciones, Santos sigue ilusionado en convencer a la extrema derecha de respaldar el proceso, cuando en realidad en ella se anidan muchos de estos factores de provocación y ataque a la paz.
Editorial del Semanario VOZ
Según lo afirman los voceros gubernamentales y de las FARC-EP, el proceso de diálogos está en su fase final, aunque no exento de dificultades. Todo indica que la firma no será el 23 de marzo como estaba previsto, lo han reconocido las dos partes, pero en algunas semanas más se dará el acuerdo final que abrirá el camino hacia la paz estable y duradera. Sobró el ultimátum del presidente Santos y la amenaza perentoria de que si no había firma el 23 de marzo los diálogos no irían más. Lo que siempre dijimos en estas páginas del “tiempo razonable” es lo que se ha impuesto en la práctica.
Sin embargo, hay serias amenazas, no atendidas con suficiencia por el Gobierno nacional, que pueden postergar el anhelado acuerdo final. En las últimas semanas hay la desaforada ofensiva de los paramilitares contra el movimiento popular en numerosas regiones del país. En Arauca, por ejemplo, en menos de dos semanas fueron asesinadas siete personas, activistas de derechos humanos y militantes del Partido Comunista Colombiano. En Soacha fue asesinado un militante de la Juventud Comunista y en Putumayo, sur de Bolívar, Santander y en la Costa Atlántica suman casi veinte los activistas asesinados en los últimos días y las amenazas cunden por doquier. En Bogotá, Iván Cepeda, David Flórez y otros miembros de Marcha Patriótica fueron amenazados por el Bloque Capital, de cuya formación, hace quince años, se acusa a Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente y prominente dirigente del partido extremo derechista Centro Democrático.
Es una ofensiva del paramilitarismo, el mismo que escuda el gobierno con el nombre de “bandas criminales” (Bacrim), que insiste en la guerra sucia y en el exterminio de los luchadores sociales, activistas de derechos humanos y militantes de la izquierda, en la más completa impunidad e indiferencia de las autoridades. No hay ninguna reacción o pronunciamiento de la Casa de Nariño ante la ola reciente de asesinatos y amenazas. Es como si no existieran. De hecho lo niegan.
En Planadas (Tolima), Caquetá, Putumayo y en el sur de Bolívar, las paredes anuncian la presencia del paramilitarismo, pero la Fuerza Pública lo niega porque no los ven, no aparecen por ninguna parte. Pero sí están los letreros en las paredes de los municipios y los muertos que enlutan a familias campesinas y a organizaciones sociales y populares.
Los voceros de las FARC-EP lo han dicho de manera tajante: “mientras exista la presencia amenazante del paramilitarismo será difícil la paz”. El Gobierno no toma nota de la advertencia. No actúa. No reconoce ni siquiera las muertes porque no están registradas en la “gran prensa”. El origen de las mismas no da siquiera para el sensacionalismo de los grandes medios, en particular en radio y televisión privadas. Es parte de la autocensura. Los dolientes están solos, sin ninguna protección del Estado.
Las bandas paramilitares, herederas de las “AUC”, siguen actuando, dedicadas al narcotráfico y a la guerra sucia, en abierta expansión por el territorio nacional. Sin ningún tipo de freno por parte de la fuerza pública. Conservan los mismos lazos de cooperación con autoridades civiles, caciques políticos regionales, empresarios, ganaderos y narcotraficantes. Siempre en connivencia y complicidad del Ejército y de la policía en las regiones donde hacen presencia.
¿Cómo puede el Gobierno esperar la vinculación de las FARC a la política y sin armas, si sobre ellos estará la amenaza de exterminio como ocurrió con el genocidio de la Unión Patriótica aun en la impunidad? ¿Qué garantías reales les ofrece el establecimiento? No solo a los guerrilleros sino al conjunto de la izquierda que ha sido el blanco de las políticas anticomunistas estatales de seguridad nacional.
Hay que rechazar esta ola de crímenes y amenazas. Exigir el pronunciamiento y la reacción del gobierno, que no puede limitarse a escoltas y vehículos de seguridad, sino, sobre todo, a medidas radicales para combatir el paramilitarismo, desmontarlo y cortar de raíz todo vínculo de apoyo en la fuerza pública y en el establecimiento. La parapolítica está vivita y coleando, no cabe la menor duda.
Entre tanto, los diálogos de La Habana avanzan, en medio de contradicciones y prevenciones, Santos sigue ilusionado en convencer a la extrema derecha de respaldar el proceso, cuando en realidad en ella se anidan muchos de estos factores de provocación y ataque a la paz. Hasta ahora a lo único que ha conducido es a concesiones y ambigüedades gubernamentales.
