Deuda con los excluidos

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Campesino en el puerto Cuatro Bocas, ZRC VRC. Foto Luis Torres - Agencia Prensa Rural.

Benedicto González Montenegro
@BenedictoFARC

Desde que se pactó la Agenda General de La Habana en 2012 y se incluyó el punto 2 de Participación Política, el Estado colombiano y la insurgencia identificaron la exclusión política y la apertura democrática como piedras angulares para la resolución del conflicto.

Se trataba no solamente de medidas relacionadas con la reincorporación política de los alzados en armas, sino de modificar elementos propios del régimen político antidemocrático, con rasgos mafiosos que aun impera en nuestro país. Por ello, el Acuerdo Final mandata la materialización de las reformas políticas y electorales contenidas en él, como parte esencial de su implementación.

Dentro de estas reformas se incluía en el punto 2.3.6. Las denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, CTEP. Partiendo de una propuesta inicial presentada por la Delegación de Paz de las FARC-EP que diseñó una reestructuración del legislativo y la creación de una “Cámara Territorial” que transformaba el inicuo sistema de participación para las regiones, se acordaron las CTEP como medida de reparación colectiva para garantizar la representación temporal y extraordinaria de 16 territorios fuertemente golpeados por la guerra y la pobreza.

Aunque las CTEP no implican quitarle representación, votos, ni curules a nadie, han sido atacadas desde su inclusión en el acuerdo por enemigos declarados y solapados de la paz. Primero vino la falacia uribista que las CTEP eran 16 curules más para las FARC, desconociendo que su reglamentación disponía la prohibición de participar para todos los partidos con personería jurídica incluyendo obviamente al partido fruto del Acuerdo de Paz. Luego vino su deformación en el Congreso de la República que las transformó en “curules para las víctimas” pero desde unas disposiciones que alteraban su esencia.

La versión del acto legislativo aprobada tortuosamente en las postrimerías del llamado fast track, sometió las CTEP a los mezquinos intereses de la Cámara de Representantes, que restringieron las candidaturas para estos escaños a víctimas registradas excluyendo todas las cabeceras municipales de los 167 municipios de su elección.

Aun así, el Congreso de la República decidió declarar no aprobado el acto legislativo, desconociendo así no solo el Acuerdo de Paz, la Constitución Nacional, la Ley 5 de 1992, sino las matemáticas mismas, al no reconocer la mayoría absoluta obtenida en la plenaria de Senado. Miedo al pueblo que llaman por ahí. Temor a que el 10% de la Cámara no quede en manos de las clientelas y los gamonales de siempre. Pánico a que zonas del país sin voz en el parlamento tengan sus propios representantes y no dependan más de la llamada clase política.

Recientemente la Corte Constitucional ha aclarado la disputa política posibilitando que el presidente del Senado, Lidio García, declare aprobado el Acto Legislativo y más de dos años después pase a sanción presidencial. Lastimosamente aún no ha concluido el viacrucis legal de las CTEP.

Cursa una demanda en el Consejo de Estado que podría afectar a las CTEP. El ejecutivo uribista ya ha manifestado su oposición a la sanción presidencial y prepara sus triquiñuelas jurídicas, mientras lanza una propuesta para dividir al movimiento de víctimas, desconociendo lo firmado en La Habana y busca entregar curules a dedo a los enemigos de la paz.

Sin las 16 curules para los más excluidos no hay cumplimiento del Acuerdo de Paz.

1 Comentario

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