Ayer, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó y sancionó con una inhabilidad por 11 años para ejercer cargos públicos al gobernador del Caquetá, Víctor Isidro Ramírez, al encontrarlo culpable al incidir y omitir irregularidades en un contrato del sector de la salud con la empresa panameña ONG Asistance International, convenio que, según el criterio de la Procuraduría, incurrió en el delito de detrimento patrimonial de los caqueteños por más de siete mil millones de pesos.
Además, dentro de los argumentos que presentó este organismo de control, se encontró que esta empresa no era la indicada para ejecutar brigadas de salud en el departamento ni mucho menos generar planes reales de este sector en beneficio de las comunidades de este departamento, tomando en cuenta las complicaciones geográficas y de orden público del departamento y su ignorancia social frente a las necesidades de los 16 municipios del departamento.
El gobernador de los caqueteños fue cobijado con esta medida justo en el momento en que se encontraba cumpliendo un fallo del juez promiscuo municipal de Puerto Rico (Caquetá) de cinco días de detención en los calabozos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía junto al secretario de Educación departamental William Renán Rodríguez, por desacato a una tutela donde obligaba a la administración departamental a hacer unas reparaciones en la estructura del colegio Sagrados Corazones de esta localidad.
Ramírez Loaiza también había sido sancionado por la comisión de ética del movimiento Mira, partido al que pertenece, por haber incurrido en irregularidades en contra de la seguridad vial, luego de protagonizar un choque en la vía que conduce de Florencia a Neiva, al parecer en un estado alto de embriaguez.
Con este mismo fallo fueron sancionados los ex secretarios de Salud del Caquetá, William Ramón Montoya, y de Gobierno, Luis Eduardo Campo, a quienes se les inhabilitó por 14 años.
Esta acción jurídica por parte de la Procuraduría General de la Nación y los constantes vacíos administrativos y la carencia de gobernabilidad que durante esta administración se han evidenciado en el departamento, generan una alerta al interior de todos los organismos de control del Estado para fijar sus ojos en este departamento, que por décadas ha sido la pista de baile de la corrupción y la negligencia, un departamento históricamente golpeado por el conflicto social y armado y donde cogobiernan contratistas contaminados de dinero fácil y el Estado siempre espera y omite casi hasta el punto que la comunidad caqueteña muestra su inconformismo a través de la movilización popular.
