Una comisión humanitaria visitó a los campesinos provenientes del corregimiento de Puerto Claver. 750 personas desplazadas de ocho veredas, por los paramilitares que amenazan a los campesinos y los acusan de ser colaboradores de la guerrilla. Llevan 16 días sin posibilidad de retorno
Agencia Prensa Rural
El Bajo Cauca antioqueño vive hoy una grave crisis de derechos humanos, principalmente en los dos corregimientos que tiene El Bagre, Puerto Claver y Puerto López, y sus veredas, donde la incursión paramilitar es latente y hoy tiene un saldo de 600 personas desplazadas sin contar con las que se han ido del corregimiento, lo que va superando la cifra, además de dos personas desaparecidas.
En la casa del adulto mayor de Puerto Claver están refugiadas todas estas familias, donde un gran porcentaje son niños. Desde el 7 de enero han ido llegando porque la situación de violencia en sus veredas cada vez es más insostenible. Además porque son señalados de ser colaboradores de la guerrilla. La vereda La Llana está amenazada de ser incendiada por esta misma razón.
“Todo inició el jueves 7, tipo una y media de la tarde. Llegaron cien hombres y se asentaron en un cerro llamado El Cerrito, entre las veredas Coral, Primavera, La Cuesta y La Llana. Hubo disparos con las FARC, pero no fueron muy prolongados. El viernes se vuelven a repetir los enfrentamientos y los Gaitanistas retienen a dos personas, a Francisco Moreno y a Jair de Jesús Suárez, todavía desaparecidos. El sábado por la tarde se formó un enfrentamiento más grande en el mismo territorio que duró dos horas”, cuenta un campesino que presenció los enfrentamientos.
Ese sábado se reunió la gente de las cuatro veredas para estudiar la situación y realizar alguna acción para salvar sus vidas. “Hemos tomado la decisión de desplazarnos, el día domingo, desde las diez de la mañana, todos llegamos al acuerdo, porque estamos corriendo peligro, varios retenidos, golpeados y amenazas”, afirma un líder de la comunidad.
Ya llevan 16 días y es la segunda vez que el alcalde entra al refugio; dice y promete que va a mejorar la seguridad con el Ejército en las veredas, cosa que sí ha cumplido, pero que se ha sembrado el miedo por toda la región. La Unidad de Víctimas estuvo el lunes 18, con la Alcaldía, la Defensoría y la Personería. Ese mismo día, luego de que se retiró la comisión, en la noche hubo una incursión paramilitar, algunos estaban de civil y otros uniformados, con armas de corto y largo alcance, aparecieron desde diferentes lados del corregimiento, habiendo presencia militar, quienes se reunieron en la plaza, se interrogaron y luego cada uno por su lado.
“Hay una tensión, no solo de las familias desplazadas de las veredas sino del corregimiento en general. No hay libre movilidad. El tránsito está cortado porque los que trabajan en ello les da miedo andar por las carreteras. Hay un bloqueo económico, se militariza y paramilitariza más la zona”.
En Puerto López también hay amenaza de que suceda lo mismo que en Puerto Claver. No ha habido confrontación, pero sí entrada de más paramilitares. Las autoridades no han prestado atención a las denuncias y las alertas que hace la comunidad.
Joven de 20 años desaparecido
Relato de la desaparición de Jair de Jesús Suárez, contado por su hermano quien pide que se resuelva la situación y al que anhela ver vivo. Es uno de los resultados de la violencia que se está viviendo en el Bajo Cauca.
“El sábado 9 de enero cogieron a mi hermano. Él salió en la mañana a dejarle comida a Pedro Manuel, un vecino de bastante edad y que vive solo. Jair lo traía y lo llevaba a la casa para alimentarlo y darle un paseo. Ese día fue a la casa de Pedro a llevarle comida y no volvió. En la tarde, mi cuñada, vio que llegó gente armada, buscándola, preguntado por ella. También hubo enfrentamientos, uno en la mañana, otro en la tarde. Ella se escondió bajo la cama, luego salió para el monte a esconderse y demoró dos horas para salir, estaba sola. Esto fue en la vereda El Coral.
Ellos cuidan una finca, tenían cuatro meses de estar allí. Tenían animales de granja y cultivos. A los quince días volvimos a la casa y nos encontramos con que acabaron con todo, las puertas picadas, el televisor destruido, hasta los platos los quebraron, la ropa regada por toda la casa. Letreros en la pared que dicen: ‘Muerte a los colaboradores de la guerrilla’. ‘Jhon presente’, un tal paisa que recalcan. También escribieron en los colchones. Se llevaron todos los animales, los peces, los pollos. En el monte los paramilitares usan ropa negra, chalecos antibalas, botas militares, armas largas. Siempre están agresivos con la gente, insultan, golpean”.
Ruptura del pacto de paz
El 7 de agosto de 2015 salieron cinco mil personas a manifestarse por los actos violentos que se venían presentando en los últimos días en el corregimiento de Puerto López y lograron que fuera firmado el acuerdo de paz y convivencia en el territorio, por las FARC, el ELN, y los grupos paramilitares. Un acuerdo que constaba de diez puntos y buscaba blindar a la población civil de los ataques y violaciones de los derechos humanos por parte de los actores del conflicto.
Sin embargo, firmado el pacto, el 29 de septiembre, en medio de un evento público, hubo enfrentamientos entre el ELN y los paramilitares que dejó a un niño herido, un paramilitar muerto y otro herido.
El 5 de diciembre la Policía hace un allanamiento a la Residencia El Faro a las 4:30 am en el corregimiento, en el cual hay un cruce de fuego con los paramilitares, donde uno de ellos resulta herido y cuatro detenidos. La residencia quedó con bastantes impactos de bala en toda su fachada.
Por otro lado, en Puerto Claver, el 26 de noviembre murieron cuatro paramilitares en enfrentamientos con un grupo guerrillero de la zona, el mismo día dos campesinos fueron asesinados por los Gaitanistas.
Desde la Gobernación de Antioquia dieron cuatro días para retornar a las veredas de Puerto Claver, pero no les dieron garantías. “Queremos que el señor gobernador venga y nos garantice lo que dice, que no envíe comisión. Ellos tenían, como institución, un análisis de contexto muy diferente a lo que se está viviendo en las veredas. La Secretaría de Gobernación venía preparada para apoyar el retorno. Se invitó a la Administración a esta comisión de verificación de derechos humanos, donde entraron varias organizaciones del país, pero dijeron que no podían enviar a nadie porque no había seguridad para ello. La comunidad se pregunta: si no hay condiciones para ellos, ¿cuáles habrá para nosotros?”.
