Estos grupos paramilitares ahora llamados Bacrim (bandas criminales) hacen presencia en más 300 municipios, en los cuales actúan de forma constante.
Rubiel Vargas Quintero
El gobierno colombiano, en el marco del proceso de paz en La Habana, ha manifestado que los grupos paramilitares dejaron de existir. Su sustento se encuentra en dos argumentos: el primero es el proceso de desmovilización que se realizó en 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la ley 975/05 más conocida como “La ley de justicia y paz”, que sirvió como mecanismo jurídico para dicha “desmovilización”. El segundo argumento versa sobre la existencia de bandas criminales (Bacrim) cuyo accionar tiene supuestamente como interés, solamente el control de las economías ilegales.
Para los negociadores de las FARC-EP es prioritario el “esclarecimiento y desmantelamiento definitivo del paramilitarismo, tal y como está establecido en la Agenda”. Sobre este punto se abre el debate del paramilitarismo, y como denominar a los paramilitares (con su estructura clásica), neoparamilitarismo (sucesoras del paramilitarismo), o Bacrim (que funcionan como bandas criminales). Cómo desmontarlas es el mayor reto de la seguridad y sostenibilidad de los acuerdos de La Habana, que puede poner en jaque el fin del conflicto.
Balance
Estos grupos paramilitares ahora llamados Bacrim (bandas criminales) hacen presencia en más 300 municipios, en los cuales actúan de forma constante. Un primer balance plantea el fracaso de la desmovilización durante el gobierno del ex – presidente Álvaro Uribe Vélez, y de “La ley de Justicia y paz”, las regiones más afectadas actualmente son las mismas en las que hacían presencia los grupos que supuestamente se desmovilizaron: Antioquia, la Costa Caribe, la Amazonia, el Pacífico, el Meta y la Orinoquia, que están delinquiendo por lo menos cinco estructuras paramilitares del orden nacional con sus estructuras militares para generar terror en las comunidades territoriales.
El fracaso de la desmovilización obedece a los siguientes factores estructurales: se mantuvieron estructuras militares en la mayoría de las zonas del país, las rutas económicas ilegales siguieron funcionando, el apoyo de sectores de la vida política nacional y territorial continúa de forma instrumental, persiste el lavado de activos ilegales, el apoyo de sectores económicos nacionales y multinacionales, todos estos elementos han posibilitado mantener la estrategia de control territorial, político y económico por parte de estos grupos.
Los grupos que existen actualmente son: Rastrojos, Clan Úsuga, Urabeños, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, los de Policarpa, los del Ejido, los Machos, Bloque Meta, Libertadores del V, Cordillera, Libertadores de Vichada, la Empresa. Llaneros (Carachos), Botalones. Fuerzas Irregulares de Colombia (FIAC), Que controlan más de 300 municipios, a través de tres estrategias. La primera, territorialmente por medio de la presencia militar generando miedo en las comunidades; la segunda con políticos nacionales y regionales, para buscar capturar el Estado, y la tercera, con lo denominado paraeconomía, que son los negocios ilícitos como las rutas del narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal, la extorsión y negocios legales que han logrado consolidar con su accionar criminal.
Los rasgos señalados reflejan que en Colombia, el paramilitarismo todavía no es historia. Decenas de grupos, llámense “disidentes”, “neoparamilitares” o “Bacrim” hacen que exista una continuidad territorial del poder paramilitar. De acuerdo con este diagnóstico, hay presencia en amplias regiones de Colombia, que representa una continuidad del paramilitarismo con una vocación de control político, territorial de forma ilegal. Persisten los mismos objetivos.
Desmovilización o sometimiento
Para la Fiscalía General de la Nación, las bandas criminales, frente al crimen organizado, hay que combatirlas con todas las fuerzas que tiene el Estado, sin que sea desmedida. No se puede permitir otra farsa desmovilización. Según la fiscalía en el 2012 eran más de 30 estructuras, que lograron identificar a través del análisis de contexto, con presencia militar en gran parte del territorio. Hay una realidad de estructuras criminales, que son muy fuertes.
Los flujos económicos persisten en el ciclo, economía ilegal. Hay un nuevo sistema de criminales, que se especializan en nuevas modalidades. Estas realidades no garantizan la seguridad en los territorios, especialmente en zonas donde la insurgencia va a dejar las armas, las zonas o regiones que deja la guerrilla: la Guajira, el Catatumbo, el Meta, el Cauca. Donde confluyen diferentes organizaciones sociales y populares.
Desmonte paramilitar
Estos grupos siguen siendo una amenaza en la construcción de la paz estable y duradera. Su presencia sigue girando en torno a la militarización en los territorios, el control del poder político y social, en la ubicación y desarrollo de las economías ilegales de las que se nutre; o en zonas de frontera, buscando sacar provecho de actividades ilícitas. Para lograr que se desmantelen estos grupos se requiere un gran acuerdo nacional del desmonte del paramilitarismo acompañado del cambio de la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional, de la estrategia anticomunista, y de la penalización de la protesta social.
Los sectores políticos, los gremios económicos, las multinacionales, las fuerzas militares, se tienen que comprometer a no permitir que se creen ejércitos privados en función de sus intereses egoístas, se tiene que implementar una legislación del combate al paramilitarismo, y nombrar una comisión que permita verificar estos cumplimientos.
La dejación de armas, no solamente es por parte de los grupos insurgentes, sino de las fuerzas militares como compromiso del Estado, y de todos los comerciantes de venta de armas. Son algunas formas concretas del desmonte del paramilitarismo y de la desmilitarización en la cultura colombiana.
