En Putumayo le exigen al gobierno coherencia en anuncios de desescalamiento militar hechos por el presidente Juan Manuel Santos
Carolina Tejada
Mientras el país piensa en el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de entrar en un desescalamiento de la guerra a partir del cese de los bombardeos en contra de la insurgencia de las FARC-EP, en el departamento del Putumayo existe angustia entre la población campesina a causa de acciones militares indiscriminadas por parte del Ejército Nacional.
El pasado 5 de agosto cuando los habitantes de la vereda Dios Peña del Municipio de San Miguel, a tan solo cuatro horas de Puerto Asís, en este departamento, descansaban en sus viviendas, tropas del Ejército interrumpieron su tranquilidad. A las tres y media de la mañana inició un bombardeo que estuvo acompañado de ráfagas de metralla sobre esta zona donde habitan alrededor de 80 familias campesinas.
Esta acción realizada a pocos metros de las viviendas, se extendió hasta las cinco y treinta del mismo día, y aunque no dejó víctimas fatales o daños estructurales de consideración, sí se vieron afectadas algunas hectáreas de tierra y árboles frutales y medicinales pertenecientes a los habitantes de este sector, además de generar la alteración en la tranquilidad de los pobladores, temor y terror principalmente en los niños, provocando el desmayo de dos menores de uno y cinco años respectivamente. Los menores fueron remitidos al Hospital Fronterizo La Dorada San Miguel y el conjunto de la comunidad definió resguardarse en el centro educativo de la vereda.
Asunto a tener en cuenta
La tranquilidad de la gente no llegó al otro día. Cuando organizaciones de derechos humanos llegaron al lugar el día seis de agosto, con el fin de verificar lo ocurrido y brindar un acompañamiento a la comunidad, también se presentó el general Alfonso Vacca Torres, Angélica Osorio de la Alta Consejería para los DD.HH. de la Presidencia, y delegados de la gobernación del departamento. Y de manera inesperada, como lo manifestó la comunidad, el general Vacca justificó la acción calificándolo como un “operativo contra el narcotráfico”.
Lo que se pensaba había terminado con el llamado al desescalamiento de la guerra expresado por parte del presidente Santos, por lo menos en el Putumayo no lo ven así. En un comunicado que dieron a conocer las organizaciones de DD.HH., manifiestan: “no es justificable la aplicación y agudización de estas acciones irresponsables por parte de las FF.MM., si tenemos en cuenta que esto lo único que genera es más desconfianza de la población civil, temor y desconcierto abocando la necesidad de salir de las comunidades y abandonar el campo”.
En duda versiones
El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, justo cuando el presidente Santos daba la orden de desescalar la guerra y parar los bombardeos contra la guerrilla, expresaba a los medios de comunicación: “Los próximos meses son definitivos en los cuales estaremos decidiendo si estamos listos para una paz negociada, sostenible y sin impunidad o si nuevamente vamos a tener que declararnos frustrados“.
Esa misma frustración es la que vive hoy la comunidad de la vereda Dios Peña, no solo por las justificaciones del general Vacca, sino por una misiva que envío la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, en respuesta a las quejas que las organizaciones de DD.HH. humanos les hicieron llegar.
En esta misiva el teniente coronel Hernán Leonardo Becerra Becerra, Comandante del Batallón de Artillería N. 27, y el brigadier general Luis Ernesto Ordóñez Castillo, aseguran no actuar de manera irresponsable, y mencionan: “actuamos bajo una orden de operación en donde previamente se ha hecho un análisis del terreno con coordenadas específicas”.
En esta misiva de respuesta que involucra dos acontecimientos de los que la comunidad le ha hecho llegar su descontento, exigiendo se cumpla con el derecho internacional humanitario DIH, de no involucrar a la población civil en la guerra. Pero la comunidad y las organizaciones de DD.HH. señalaron como frustrante, la justificación oficial.
El dirigente comunal Alirio Agreda, exige “coherencia en las acciones militares y los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos, estos hechos no aportan nada al desescalamiento del conflicto armado”. Además asegura que si bien la fuerza pública dice combatir el narcotráfico, estas operaciones deben hacerse sin vincular a la población campesina.
Por eso aseguran que esta clase de misivas dejan un sinsabor, y ponen entre dicho la voluntad de las fuerzas militares de dar cumplimiento a las órdenes presidenciales de acabar los bombardeos, hoy presentadas como acciones contra el narcotráfico, en las cuales hasta el momento no se ha presentado ningún positivo que lleve a pensar que dicho bombardeo cumplió con esa acción.
“También hay que decir que la comunidad ha venido rechazando la aplicación de labores de erradicación manual forzada pidiendo ante las FF.MM. permitir la consolidación y concertación del Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, labor que se gesta en los diálogos con el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales del departamento y la región, creando garantías reales de transformación al campo”, le manifestaron habitantes del municipio a VOZ.
En el comunicado de DD.HH. la comunidad también hace el llamado al gobierno nacional a proceder con el cese al fuego, al respeto por la integridad física y sicológica del conjunto de la población. También hace el llamado a la comunidad internacional a rodear las comunidades que hoy se encuentran rodeadas por el ejército atropellando a la población y justificando acciones militares que ponen el peligro a la población civil.
