En la reforma al Estado la rama judicial quedará supeditada al Ejecutivo
Redacción Política
La independencia judicial está en peligro, advierten los jueces y fiscales del país a un debate de convertirse en ley y el proyecto de equilibrio de poderes. Sin autonomía e independencia, la rama judicial quedará como el poder sin poder de la estructura del Estado.
Para los magistrados de los tribunales de distrito y altas cortes, además de los fiscales en general y trabajadores de la rama, la reforma le extiende poderes judiciales al Ejecutivo, y sobre todo al Ministerio de Hacienda que en adelante será el encargado de la administración de justicia, de la decisión de crear jueces, despachos, y también determinará la conveniencia de planes de inversión financiera para que la rama sea eficiente.
Para los jueces del país, la Procuraduría General de la Nación quedará con mayor autonomía y con un grado de independencia financiera mayor que todos los juzgados del país. Como lo afirma el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, el llamado equilibrio de poderes es una revancha contra los magistrados que imparten justicia en materia de derechos fundamentales que afectan las finanzas de la Nación.
Y es que la regla fiscal obliga a sacrificar el presupuesto que esté destinado a satisfacer los derechos sociales de los colombianos pero los jueces están para defenderlos sin limitaciones. “Las decisiones de los jueces son incómodas”, dice el magistrado Gómez.
En líneas generales el proyecto de equilibrio de poderes no responde a las necesidades de acceso a la justicia de los colombianos, a la rapidez con que debe actuar la administración y no acoge ningún criterio para el mejoramiento de la rama, como lo han venido afirmando los trabajadores de la misma. Acabar con la reelección presidencial, pero entregarle superpoderes al vicepresidente, Germán Vargas Lleras, es uno de los muchos contrasentidos que nada tienen que ver con el acceso a la justicia.
“La destrucción de un poder público mediante la desaparición de los principios que le dan sentido es, sin atenuantes, un golpe de estado. La caricatura de la rama judicial resultante con la reforma será un ente incapaz de limitar el ejercicio de la autoridad pública y los factores reales de poder”, declararon voceros de la administración de justicia.
La propia Justicia ha debatido la necesidad de una constituyente para abordar a fondo el tema de la justicia y no los intereses de orden político que se están tejiendo en la iniciativa, que al cierre de esta edición se encuentra ad portas de ser aprobada y conciliada por el Congreso de la República.
El movimiento social y político Marcha Patriótica, junto a la Unión Patriótica y el Partido Comunista salieron al paso de la propuesta de constituyente judicial y apoyaron la realización de un llamado a los colombianos para reformular el Estado y sus poderes. “La sociedad colombiana exige un nuevo contrato social que incorpore los diseños normativos necesarios para la construcción de la paz con democracia real y justicia social. Y ello sólo puede ser el resultado de un proceso constituyente que conduzca al escenario de la asamblea nacional constituyente”, señalaron.
