¡A desenterrar la verdad!

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Cementerio de La Macarena. Foto Colectivo Orlando Fals Borda.

Víctimas de la desaparición forzada y defensores de los derechos humanos, entregan el primer informe sobre estos crímenes cometidos en los Llanos Orientales

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada

Dice el cantautor panameño, Rubén Blades, en una de sus canciones denominada, Desapariciones: “¿Adónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales”. Una letra que habla que la infamia de las dictaduras en América en el siglo XX, en donde cientos de personas sufrieron torturas crueles, asesinatos y otros más fueron desaparecidos.

Colombia, a pesar de que dice ser un Estado social de derecho, hoy día es considerado uno de los países más violentos del continente y en donde la crueldad, pese a la no existencia de las dictaduras como en América Latina, su población ha sido sometida a una violación sistemática de los derechos. Uno de ellos es la desaparición forzada de personas que, según el Centro Nacional de Memoria, con cifras a 2018, se acercan a 82.600.

Una tragedia nacional

Quienes buscan a sus familiares desaparecidos en el marco del conflicto armado, viven un viacrucis personal. Por un lado, producto de no saber en qué condiciones se encuentren sus seres queridos y, por otro lado, el de la impotencia de no hallar consuelo social, ni apoyo institucional para su búsqueda. Pero, además y no menos complejo, es saber que gracias a las organizaciones sociales y de derechos humanos, se han hallado con cifras al 2017, 26.395 cuerpos sin identificar a nivel nacional, ubicados en cementerios ilegales, en fosas comunes o en cementerios municipales de lugares recónditos del país sin que las instituciones del Estado hagan algo para identificarlos.

Esta tragedia tiene sus matices en todos los departamentos del país, pero la gran mayoría cumple con un mismo modus operandí. Las personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado y las denuncias apuntan a que fueron los organismos de seguridad del Estado quienes cometieron los crímenes. Una modalidad agudizada en la época de la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que se ligó con el enterramiento de cuerpos en cementerios clandestinos o municipales como NN.

Así lo definió un informe especial que, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con el apoyo de organizaciones como Cinep, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Fundación DHOC y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, presentó acerca de la desaparición forzada en los Llanos Orientales, particularmente en cinco cementerios, denominado, Desenterrando la verdad, el cual se presentó el primero de agosto en la ciudad de Bogotá y que tenía como objetivo aportar información a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre las consecuencias de la política de seguridad democrática y la crisis humanitaria en la región de los Llanos Orientales en la primera década del 2000.

Allí se refleja un análisis y diversa información sobre “las presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la existencia de cementerios utilizados para ocultar los cuerpos sin vida de las víctimas de la guerra, generando terror entre la población campesina del territorio. Precisamente dado que en cinco cementerios de los Llanos Orientales (La Macarena, Villavicencio, Granada, Vistahermosa y San José del Guaviare) se encontraron 2.304 cuerpos de personas no identificadas, de las cuales 1.674 fueron reportadas como muertas en combate”.

En la presentación de dicho informe, el padre, Alberto Franco de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien acompaña a las víctimas de estos crímenes en este lugar del país, expresó que, “por primera vez esperamos que sean desenterrados, desenmascarados, nombrados, reconocidos por toda la sociedad, esos tomadores de decisiones y determinadores de esos procesos”

No sobra mencionar, que es gracias al proceso de paz, que las familias han encontrado una luz en el camino que indica que pronto, estas personas enterradas podrán ser identificadas, otros cementerios serán intervenidos y pronto la verdad, sobre su desaparición podrá ser mostrada al país. La razón, el proceso de paz trajo consigo la creación de una comisión especial la de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, además de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, las cuales, vienen haciendo el papel que el mismo estado en tantos años no ha hecho.

La búsqueda de la verdad

Confiesa el padre Alberto Franco, que, “todas estas vidas destruidas y degradadas, de sus autores y generadores me han hecho sentir mucha rabia, impotencia, dolor, cuestionamientos humanos, sociales y espirituales. A veces, lo único que he podido hacer es acompañar a las familias a llorar, luego respiro y admiro su valor y su dignidad para seguir vivos y luchando. Entonces, me pregunto, ¿cómo es posible sobrevivir con tanto dolor, con tanta incertidumbre, con tanta afectación y la imposibilidad de un duelo? Pero, sobre todo, ¿cómo es posible que una parte de la sociedad pueda generar tanto daño, la otra parte soporte y la otra sea indiferente ante tanta barbarie? Espero que el sistema integral de justicia y no reparación ayuden a responder estas preguntas”.

Este informe es reiterativo en mostrar la similitud de estos casos de los Llanos Orientales con otros 421 cementerios municipales del resto del país. El informe, también entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, información específica sobre 64 casos y 80 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por miembros de la Fuerza Pública que operaban en los Llanos Orientales. “En algunos casos, además de la presunta ejecución extrajudicial, se ha logrado evidenciar prácticas crueles como el ocultamiento de las víctimas, enterrándolas como personas no identificadas en cementerios municipales, lo que podría constituirse, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en posibles desapariciones forzadas” reza el informe.

La verdad para las y los familiares de estas personas desaparecidas, es fundamental, es la forma de hallar alivio a su dolor. Ellas, “piden y suplican verdad, la buscan incansablemente como el mayor tesoro, como la mejor medicina, como la mejor terapia, la buscan porque ella es el alivio esperado, aunque duela y dé miedo o incomode. Ella es la base de la justicia por la que gritan en todas partes y en todo momento”, comenta el padre.

Esta población, que pasa desapercibida ante el mundo, eran padres, madres, hermanos, hijos, sobrinos o cuñadas. Se presume, que quienes hoy están en estos cementerios sin identificar, fueron en su mayoría civiles, que muchas no murieron en combates, sino que pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas.

El informe relata que las unidades militares presuntamente responsables de estas prácticas, con jurisdicción en los departamentos de Meta y Guaviare son: “los Batallones de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” y No. 19 “General José Joaquín París Ricaurte”, los cuales estaban adscritos a la Séptima Brigada de la Cuarta División del Ejército Nacional. Los Batallones de Contraguerrillas Nº 83, 84, 85 y 86 de la Brigada Móvil Nº 12, también adscrita a la Cuarta División para la época de los hechos. Y la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) con sus Brigadas Móviles Nº 1, 2, 3 y 10, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (Futco). Esta última creada en el año 2003”.

Entrega del informe sobre desaparición forzada en los Llanos Orientales. Foto Carolina Tejada.

VOZ, dialogó con César Santoyo, quien es parte del equipo jurídico que acompañó este proceso, y quien es representante legal del Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, promotor del informe, y contó que, la entrega del informe, “Desenterrar la verdad” aportará información al SIVJRNR para que sea tramitada a la par que con las versiones, documentos y testimonios de actores inmersos en el desarrollo de las acciones que vulneraron los derechos de centenares de comunidades campesinas en el contexto de estos departamentos y que fueron señalados como auxiliares de la insurgencia. También abre posibilidades de análisis de múltiples delitos presuntamente cometidos en el marco de operaciones militares, lo cual debe conducir a ampliar las versiones y reconocer, por parte de los implicados, la verdad sobre lo ocurrido”.

Lo que sigue, luego del informe presentado según explica Santoyo, es el inicio de la interlocución jurídica en el contexto de la JEP, como representantes legales de los casos presentados, se actuará de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley y se buscará que haya centralidad en las víctimas, reconociéndoles y actuando en favor de la justicia y la dignidad de las personas vinculadas.

En términos de esclarecimiento a la verdad, lo que se busca es que, “el Estado colombiano reconozca que adolece de una política adecuada en la protección de sitios y lugares de disposición e inhumación de personas, principal preocupación para avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de personas inhumadas como no identificadas, dadas por desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente, incluso de aquellas que en el contexto y con ocasión al conflicto armado y el marco del mismo, perdieron la vida, es deber del Estado Colombiano garantizar su plena identificación” asegura Santoyo.

La esperanza en la justicia especial

La información suministrada en este documento a la JEP y a la UBPD, sirve para profundizar en los planes de búsqueda y de la verdad sobre los crímenes. Cada cementerio guarda consigo, una historia de vida, y una verdad para contar.

Según el abogado, “deberán activarse diversos canales de interlocución que permitan que la unidad tenga relación con las víctimas y se generen condiciones que permitan el encuentro, la confianza y la seguridad de encontrar las personas dadas por desaparecidas; las organizaciones que presentan el informe están comprometidas con ello y son interlocutores de la unidad para que se propicien las mejores posibilidades de búsqueda en los territorios, con las víctimas y sus comunidades”

También comenta que, está la necesidad de seguir acompañando el Sivjrnr, defenderlo y promoverlo y dejarlo actuar. Para las víctimas y defensores de estos hechos es imprescindible que el Estado ayude a fortalecer sus mecanismos de actuación de la justicia especial y de la unidad de búsqueda, así como la “ independencia con que debe operar en todas sus instancias integrantes; la paz y la convivencia nacional dependen del respeto y las garantías que el gobierno de Iván Duque debe ratificar, así como la exigencia de protección a testigos, partes involucradas en el ámbito civil como de la fuerza pública son conocidas ya las amenazas y presiones con que se “disuade” de brindar testimonios o información a personas claves, por lo cual también es básico que el Sivjrnr actúe protegiéndolas y el Estado colombiano debe asumir la responsabilidad de garantizar su vida, honra e integridad”, ratifica Santoyo.

En este evento, se hicieron presentes las y los familiares de las víctimas, defensores de los derechos humanos, la comunidad eclesiástica, el senador Iván Cepeda, quien desde el inicio de este proceso de las víctimas enterradas en estos cementerios, ha estado al frente del proceso.

Igualmente, participaron Alejandro Valencia Villa de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Luz Marina Monzón de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, quienes se comprometieron en el marco este importante evento a proceder con la búsqueda de la Verdad. Así lo aseguraron ante 150 familiares víctimas de los Llanos Orientales.

“De manera perversa se han conjugado el tema de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada en esta región. Muchos civiles resultaron muertos, presuntamente como guerrilleros dados de baja en combate y que fueron desaparecidos. Es fundamental el trabajo que nos entregan hoy” expresó Alejandro Valencia Villa y aseguró que esta labor del esclarecimiento y reconocimiento de las víctimas es fundamental para la comisión.

Las víctimas, expresaron el agradecimiento por el espacio, “las víctimas aquí presentes, nos permitimos hacer entrega del informe a la Comisión de Esclarecimiento a la Verdad. Este informe contiene la búsqueda, el sufriente y el dolor de miles de familias de los Llanos Orientales, que de las maneras más viles vieron violentadas sus derechos. También enfoca la resistencia y la lucha por encontrar la verdad que por muchos años nos ha sido esquiva. Les pedimos que hagan todo lo que esté a su alcance para resarcir nuestro dolor de tantos años acumulados. Dejamos en ustedes la esperanza de que nos ayudaran a encontrar la verdad que nos ha sido esquiva desde las instituciones estatales” expresó José Murillo, víctima de desaparición forzada.

En su intervención, el padre comentó: “Solo colocando la humanidad por encima del poder económico y político, podremos dar el paso que salvará a las futuras generaciones de la catástrofe humana y ambiental que se avecina, si no actuamos ya”.

Mientras tanto, las preguntas sobre la desaparición y la búsqueda de los cientos de seres queridos, seguirá rondando en la mente de cada familiar, tal y como dice Rubén Blades en su canción; “¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que los trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro”.

Luz Marina Monzón de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, expresa sus opiniones ante el informe. Foto Boris Orjuela.

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