El derecho a decidir en paz

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Mujeres comité nacional de paro, por el derecho al aborto. Foto Sophia Martínez.

Renata Cabrales
@Renatarelata

El primer debate de un proyecto de ley que se hizo sobre el aborto fue en 1976. En 2001 se despenalizó parcialmente el aborto. En 2006 con la sentencia C-355, se despenaliza La Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, bajo tres causales: cuando es un riesgo para la salud (física o mental) de la mujer, cuando el embarazo es producto de violación o incesto o cuando hay malformaciones que hacen incompatible la vida del feto.

Fue Mónica Roa, exdirectora de Womens Link Worldwide quien en 2005, y en representación de cientos de mujeres en pro del aborto, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que se tradujo en dicha sentencia.

El aborto y la objeción de conciencia

Según Roa, en entrevista para El Espectador: “Se presentaron siete proyectos de ley para despenalizar el aborto en Colombia y ninguno pasó el primer debate. Y fue por eso que en lugar de volver a intentarlo con el legislativo, decidimos acudir a la Corte Constitucional”.

No pocos han sido los obstáculos que las mujeres han tenido para acceder a este derecho.

Sería injusto que el Estado obligara a sus ciudadanos, en este caso, a los profesionales de la salud, a realizar procedimientos en contra de sus principios. Pero, tampoco se puede desconocer el derecho que tienen las mujeres, según la ley a interrumpir su embarazo en ciertos casos.

En el año 2002 se conoció el caso de una niña violada, de 13 años, a la que las clínicas de una EPS se negaron a atender para practicarle el aborto al que tenía derecho, según la ley. La Corte Constitucional sancionó a la EPS. Esto abrió un debate sobre la objeción de conciencia, en la que se apoyan algunas instituciones médicas para abstenerse de realizar esta práctica.

Aunque la objeción de conciencia sea una figura individual, esto es, las instituciones no pueden recurrir a ella, algunos hospitales, como el San Ignacio de Bogotá, por ejemplo, la han aprovechado para negarse a acatar la ley por motivos religiosos.

“Cuando la gente afirma ser objetora, reconoce que su derecho tiene que ser protegido, pero también respeta el de la otra persona. Acá, hay dos derechos en juego”, afirmó en su momento, para algunos medios, Mónica Roa.

La nueva barrera

La abogada Natalia Bernal, el pasado mes de octubre, presentó dos demandas con las que busca que se vuelva a penalizar el aborto en el país. La primera apunta a los artículos del Código Civil que dicen que la vida comienza al nacer, y la segunda al artículo del Código Penal que tipifica el delito de aborto y las excepciones que dispuso la Corte Constitucional en 2006. La profesional interpuso las demandas para supuestamente proteger a los niños, pues según ella, existen pruebas de que hay vida en el vientre materno. Las nuevas demandas presentadas por la doctora en derecho, piden prohibir el aborto en todos los casos.

El último escándalo

La polémica de estos días fue debido a un hombre que demandó a su expareja por decidir abortar a los siete meses de gestación, porque su salud mental estaba en riesgo.

La directora de Profamilia (entidad que realizó el procedimiento), Marta Elena Arroyo, explicó que se llevó a cabo tras una evaluación médica que comprobó que cumplía con una de las tres causales de la sentencia. El caso fue certificado por un profesional que concluyó que la joven sí tenía problemas mentales. Hay que aclarar también que la interrupción se hace en cualquier momento de la gestación y que solo la mujer puede decidir.

Por otro lado, para Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, “Lo más importante es decir que el aborto es un derecho que tienen las mujeres, y que no podemos ver a las mujeres como simplemente un útero o una máquina que lo que sirve es para gestar embarazos no más”.

En las próximas dos semanas, la Corte Constitucional tomará una decisión frente al aborto en Colombia tras evaluar la demanda de la abogada Natalia Bernal Cano. Esperemos que no se retroceda en materia de derechos adquiridos a favor de las mujeres del país, sobre todo, las más vulnerables: niñas, jóvenes y mujeres en condición de pobreza.

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