viernes, marzo 29, 2024
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Denuncia el canciller Elías Jaua intervencionismo en Venezuela

El canciller venezolano, Elías Jaua, presentó ante Unasur pruebas de la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos del país, y el apoyo a grupos golpistas que actúan contra la revolución bolivariana

Alberto Acevedo

Ante los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reunidos el pasado 23 de mayo, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, presentó denuncia formal contra la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.

Jaua aseguró ante sus colegas latinoamericanos que desde el pasado 12 de febrero, recién iniciadas acciones violentas de grupos de ultraderecha que buscan desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha desarrollado abierta y públicamente una campaña intervencionista en los asuntos internos de Venezuela, contrariando el ordenamiento jurídico internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que llaman a no intervenir en los asuntos internos de los Estados, principio que además ratifican los estatutos fundantes de la OEA, de Unasur, de la Celac y de otros organismos de cooperación internacional.

El diplomático venezolano dijo que las posturas hostiles del gobierno estadounidense han sido reforzadas en las últimas semanas con la actitud del senado norteamericano, que en primera instancia aprobó un proyecto de ley “para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela”, abiertamente injerencista, que establece sanciones “ilegales, unilaterales e injustificadas” contra el gobierno bolivariano, y que además reconoce expresamente que mantiene comunicación continua con los actores de la oposición venezolana, que trabaja en un plan golpista y desestabilizador contra un gobierno elegido democráticamente mediante el voto popular.

En el dossier entregado a Unasur se consigna que el 14 de febrero pasado, la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Marie Harf, se pronunció a favor de la liberación de Leopoldo López y la suspensión del proceso criminal en su contra, tergiversando las situaciones de violencia armada en que está comprometido el político venezolano. En los mismos términos se han pronunciado el secretario de Estado, John Kerry, y hasta el propio jefe de gobierno, Barack Obama.

Tergiversaciones

Las declaraciones de altos funcionarios norteamericanos, dice Elías Jaua, contienen afirmaciones maliciosas sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales, lo que constituye por lo menos una actitud inamistosa frente al gobierno de Nicolás Maduro. Estas aseveraciones sostienen la especie de que tanto Leopoldo López como otros personajes detenidos por la policía, comprometidos en asesinados de civiles y de policías, son en realidad “manifestantes pacíficos”, casi “patriotas”, víctimas de una Justicia parcializada y proclive a los intereses del gobierno.

En este sentido, advirtió Jaua, el gobierno venezolano ha propuesto al de Estados Unidos establecer un diálogo diplomático de alto nivel, a fin de intercambiar información veraz sobre los hechos, ante lo cual la Casa Blanca ha dicho que pospone tal ofrecimiento y prefiere imponer sanciones a Venezuela.

El canciller venezolano lamentó que Estados Unidos insista en aplicar normas no autorizadas por el derecho internacional y desconozca los principios rectores de la cooperación entre naciones, que hablan del respeto a la autonomía y soberanía de los pueblos y a la no intervención en los asuntos de otros Estados. Más aun, la posición de Estados Unidos pretende que el gobierno venezolano actúe en contra de su ordenamiento jurídico interno. La Casa Blanca, además, ha asignado un monto de 15 millones de dólares para financiar las actividades subversivas y terroristas de los grupos de ultraderecha que trabajan por retrotraer el proceso de la revolución bolivariana.

Crisis económica

Esta situación se produce en momentos en que en Venezuela se acentúa una crisis económica que el gobierno atribuye, en primera instancia, a la existencia de una “guerra económica” de sectores de la burguesía que trabajan por recuperar sus privilegios, a la que, desde luego, no son ajenos los gobiernos occidentales, que no dejan de mirar el petróleo venezolano como un preciado botín estratégico.

A empeorar el cuadro de crisis económica contribuyen también el sistema capitalista financiero, el rentismo petrolero, la burguesía parasitaria, el neoliberalismo, la globalización y otros factores que afectan el comportamiento interno de la economía y que resienten la calidad de vida del ciudadano común.

La revolución bolivariana tiene más de 15 años manejando los hilos del poder político central y el gobierno hace esfuerzos supremos por mantener el equilibrio entre la capacidad adquisitiva del salario y el precio real de la canasta familiar, que se ha desbordado por los planes desestabilizadores de la burguesía, que impone, mediante artimañas especulativas, precios superiores a los fijados oficialmente y que asfixian el bolsillo de los trabajadores.

Diálogo con la oposición

A aliviar esta situación no contribuyen expresiones de burocratismo y corrupción en algunas esferas del poder, que han sido reconocidas como altamente nocivas por el propio presidente Nicolás Maduro. Recientemente se reveló, por ejemplo, que el Ministerio de la Alimentación tiene 21 mil puestos de distribución de productos para combatir la especulación, que en diez años han vendido casi 21 millones de toneladas de alimentos, cifra desproporcionada si se considera el promedio de consumo por habitante. Esto indicaría que los productos de la canasta básica se desvían, pues hoy no se consiguen en las tiendas.

Desde que el presidente Chávez ganó las elecciones en 1998, la burguesía y la oposición han querido dar al traste con el proyecto político bolivariano y socialista. Esto hace que Venezuela sea un país con la singularidad de que su gobierno no ha contado con una oposición que, sin renunciar a sus aspiraciones de poder, aporte entre tanto soluciones de gobernabilidad y señale los errores, si los hay. Lo que tiene Venezuela es una oposición mayoritariamente subversiva, alentada y financiada por los Estados Unidos, empeñada en un plan golpista y desestabilizador del gobierno bolivariano.

En este sentido, tiene una importancia capital el proceso de diálogo que el gobierno Maduro sostiene con sectores de la oposición, que podrían conducir a aislar a la parte más recalcitrante y golpista y buscar una solución de consenso a la crisis económica y política actual.

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