Alberto Pinzón Sánchez
Rebelión
Ponencia leída el 09 de abril del 2013 en la Universidad del País Vasco. Bilbao
Voy a hacer un corto recorrido sobre los principales intentos de paz que se han dado en Colombia tratando de hallarle una solución al largo e histórico conflicto social y armado, para intentar sacar algunas conclusiones que permitan continuar avanzando hacia la solución política de la grave crisis generalizada en la que actualmente se debate nuestro país.
Lo primero que debemos considerar es que Colombia, como parte del globo terrestre, quiéranlo o no los dominantes colombianos, está también inmersa en la crisis global civilizatoria actual. Colombia no es ninguna isla paradisiaca aislada del resto del mundo, habitada por los buenos salvajes que describieron los colonizadores europeos, sino una excepcional y muy rica esquina geoestratégica de Sudamérica, a la cual también ha llegado el gigantesco vendaval socioeconómico originado en el centro de las tres grandes potencias del capitalismo desarrollado, EEUU, Europa y Japón, hoy expandida por todo el mundo.
Y como segunda consideración se debe tener en cuenta que Colombia tiene una particularidad muy propia, determinada por su historia: Después de la grandiosa batalla de Ayacucho en la que nuestro padre Simón Bolívar, junto con el mariscal Sucre, derrotaran al poderoso imperio español y, como consecuencia de la descomposición del régimen colonial, fue convertida por la oligarquía de esclavistas, terratenientes y exportadores que salió triunfante de la guerra de liberación en un permanente campo de batalla, en el cual durante el siglo XIX se dieron nueve grandes guerras civiles (un promedio de una guerra cada diez años, la última prolongada hasta 1902), todas ganadas por los santanderistas y que asolaron al país y lo hincaron ante el gobierno de los EEUU para que lo desmembrara y se apoderara de la estratégica provincia de Panamá.
En el siglo XX, Colombia, ya convertida en un enclave imperialista para la explotación bananera y la extracción petrolera minera, continuó siendo el campo de batalla del siglo anterior, pero esta vez con un ejército unificado y entrenado militarmente por las potencias imperialistas. Entonces la lucha tomó otra dirección: ya no se dio entre las fracciones de la oligarquía por definir su hegemonía y usufructo del dinero público, sino contra los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, quienes recibieron el bautizo de sangre relatado en Cien años de soledad, en la inolvidable masacre de la zona bananera de Macondo de 1928, cuando más de tres mil trabajadores de la empresa bananera United Fruit Company fueron ametrallados por el ejército colombiano al mando del general Cortés Vargas.
Igual bautizo de sangre recibieron poco después los trabajadores petroleros de la Tropical Oil Company en Barranca, los braceros y bogas del río Magdalena y los campesinos, especialmente los jornaleros de la región andina que pedían reformas en el campo y que nunca llegaron.
Por el contrario, cada solicitud popular fue respondida con las armas y el endurecimiento represivo de los gobiernos bipartidistas, hasta desembocar en 1946, en la dictadura liberal-conservadora del falangista Ospina Pérez, quien como parte integrante de la naciente política norteamericana de la guerra fría contra el comunismo inició el ciclo de la violencia bipartidista, cuyo momento culminante es la ejecución en Bogotá por parte de los servicios secretos de los EEUU del gran dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Fecha desde entonces convertida en un símbolo imborrable de la movilización popular y social en Colombia.
Este ciclo de violencia bipartidista se prolongó hasta 1957,cuando el liberal maltusiano Lleras Camargo y el falangista conservador Laureano Gómez firmaron el pacto de Sitges en Cataluña, para detener aquella orgía de sangre y despojo, pero solo cuando ya se había logrado el objetivo maltusiano de eliminar más de 300 mil pobladores agrarios y se había realizado el despojo de cerca de 14 millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia para dedicarlas a la renta parasitaria de la ganadería extensiva, con el ideal de que cada vaca debía tener una hectárea de tierra para pastar y bajo la consigna eficiente de que sin guerra no hay tierra.
Sin embargo, una crisis tan gigantesca que se intentó resolver con un pacto en las alturas del poder bipartidista continuó sus efectos arrasadores en la base social, y aquella violencia sectaria entre el pueblo raso dividido arbitrariamente entre liberales y conservadores hizo brotar en él la conciencia de clase, tornándose en una lucha de resistencia al exterminio ejercido desde el poder central contra los trabajadores, especialmente agrarios. Entonces la guerra sectaria entre pobladores liberales y conservadores se trasformó en una guerra oficial contra el pueblo trabajador, revestida de guerra contra el comunismo, azuzada y apoyada abiertamente por el Pentágono estadounidense.
Así fue como los bombardeos masivos, iniciados en 1954 por el dictador conservador Rojas Pinilla contra algunas regiones agrarias como Villarica y el Sumapaz, donde existía alguna influencia del Partido Comunista, diez años después, en 1964, dieron paso a los bombardeos del Plan LASO (Latin American Security Operation) elaborado en la embajada de los EEUU en Bogotá, con el objetivo militar de exterminar las imaginarias “republiquetas independientes” de Marquetalia, Riochiquito, el río Pato y Guayabero señalizadas por el hijo de Laureano Gómez y que, para capricho de la historia, daría origen al movimiento de resistencia campesina que un año después, en 1965, se convertiría en las hoy conocidas FARC-EP, mientras que simultáneamente surgirían en la región del Carare el ELN, y en el alto Sinú el EPL.
Desde entonces hasta hoy, abril de 2013, cada uno de los gobiernos bipartidistas de Colombia no ha intentado resolver el conflicto así gestado, sino más bien ha utilizado una política invariable de obligar por las armas la insurgencia guerrillera a que negocie su rendición, mientras administra el conflicto armado y lo usa para expandir el llamado mercado nacional por toda la geografía del país, es decir para desarrollar y ampliar el capitalismo dependiente mediante el lucro producido por el despojo y la acumulación permanente de capital multinacional, incluso introduciéndole desde la década de los 70 del siglo pasado los gigantescos capitales ilegales provenientes de las bonanzas del narcotráfico.
Por ejemplo, con la llamada ventanilla siniestra en el Banco de la República de los gobiernos de López Michelsen y Turbay Ayala, o en 1994 eligiendo presidentes financiados por este capital narco. Pero fundamentalmente, para aumentar la dependencia de todo tipo y en especial la dependencia militar al imperialismo norteamericano, que en la actualidad posee nueve grandes bases militares en territorio colombiano, con el fin geoestratégico de continuar adelantando, bajo otros disfraces y con otros nombres, el Plan Colombia /Iniciativa Regional Andina.
La palabra DDR aquí ya no significa la malhadada experiencia europea de la Deutsche Democratische Republik, sino la política de Desmovilización, Desarme y Reinserción de la guerrilla que, como una obsesión política invencible, ha tenido la clase dominante y dirigente de Colombia durante los últimos 35 años de conflicto, pues en los 14 años que van de 1965 a 1978 no se utilizó por los gobiernos del llamado Frente Nacional ninguna estrategia de paz diferente al control militar del orden público, reforzado con la estrategia paramilitar recomendada por escrito en 1960 por la misión del US Army en Colombia, comandada por el general Yaranborough, como bien lo ha documentado el sacerdote jesuita Javier Giraldo.
Demos entonces una mirada a vuelo de pájaro, de los llamados procesos de paz realizados por los sucesivos gobiernos de Colombia a partir de 1978 hasta hoy, para entender cómo la política de paz implementada por la clase dominante y dirigente del Estado colombiano, categorizada con el concepto sociológico de oligarquía latifundista y financiera transnacionalizada, ha consistido simplemente en desarrollar ex profeso un modelo inflexible e ineficaz de resolución de conflictos sociales, que se reduce a la elemental táctica política de anteponer frente a las organizaciones guerrilleras un laberinto insoluble de aparatos burocrático-jurídicos de Estado, encaminados únicamente a lograr su Desmovilización Desarme y Reinserción (DDR), con el fin de evitar realizar las necesarias trasformaciones sociales que son la base del conflicto, lo alimentan y lo reproducen, logrando de contramano eludir su responsabilidad social e histórica como clase gobernante, para endosársela a la guerrilla bajo la pérfida sindicación de que estas no desean ninguna paz y mienten cuando hablan de paz.
1978-1982. Gobierno de Julio César Turbay Ayala
Por recomendación del ex presidente liberal Lleras Restrepo, Turbay Ayala, conocido como el presidente del estatuto de la seguridad nacional, instaló a fines de 1981 un comité de paz ad hoc, conformado por monseñor Revollo a nombre de la Iglesia católica, el comandante de las Fuerzas Militares Forero Delgadillo y representantes del poder presidencial como Agudelo Ríos para que estudiara la situación de orden público y formulara recomendaciones con el fin de aclimatar la paz y crear un ambiente favorable para que los guerrilleros se acogieran a la Constitución colombiana. El presidente Turbay rechazó las recomendaciones de esa comisión argumentando que desmoralizarían al Ejército y la comisión se desintegró con pena y sin gloria.
1982-1986. Gobierno de Belisario Betancur Cuartas
Belisario, quien subió a la presidencia criticando las torturas militares y demás excesos represivos de su antecesor Turbay, cometidos al amparo del estatuto de la seguridad nacional, inició una política “social-conservadora” de una paz idealizada e improvisada, sin contar con la quinta columna existente dentro de su gobierno, a quienes se limitó a llamar “enemigos ocultos de la paz”, pero quienes al final resultaron triunfadores. En septiembre de 1982 instaló una comisión de paz asesora del gobierno nacional con 40 celebridades colombianas, entre quienes se destacaba la ascendente estrella de Noemí Sanín, quien hoy, 31 años después, ostenta orgullosa un pasaporte del Estado español.
Dicha comisión tenía como principal “presentar al Ejecutivo y demás ramas del poder público las alternativas de acción dignas de estudio para que los agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su patria, que los espera”.
Cuatro meses después, Betancur nombró cuatro altos comisionados de paz, uno de la Iglesia católica, otro de las fuerzas militares, un tercero del gobierno y el último del sector empresarial privado, además de una consejera de asuntos de paz, con el fin de que sirvieran de canales de comunicación entre él y la comisión asesora de paz.
Pero, más pronto de lo esperado, brotaron las típicas contradicciones de los dominantes colombianos por el dinero para la clientela electoral, y el director de la comisión Morales Benítez debió aclarar que “la comisión no maneja dineros, no realiza obras públicas, ni reparte tierras, ni dirige las tareas de la rehabilitación; quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las obras de rehabilitación son los altos comisionados; ellos son los gerentes de paz. Ellos pueden hablar de plata contante y sonante”.
Pese al avance de la estrategia paramilitar del Estado que se venía implementando desde 1960, tres meses después Morales Benítez debió hacer aquella dramática y conocida declaración de “los enemigos agazapados de la paz, quienes por fuera y por dentro del gobierno tratan de impedir la paz. Contra esas fuerzas reaccionarias que en otras épocas lucharon como hoy con sutileza contra la paz y lograron torpedearla”. Pese a esta dificultad, el gobierno Betancur, en marzo de 1984, logró firmar con las FARC los acuerdos de La Uribe, que un año después darían origen al partido político Unión Patriótica. Y para darle cumplimiento a los acuerdos, un mes más tarde crea otra comisión nacional de verificación.
El nuevo aparato burocrático para la DDR continuó en expansión a pesar del ambiente de zozobra e incertidumbre creado por la quinta columna enemiga de la paz, y entre julio de 1984 y noviembre de 1985, fecha en que el grupo guerrillero M-19 se tomó el palacio de Justicia de Bogotá. Entonces se creó otra nueva comisión nacional para negociar con el M-19, el EPL y el ADO, junto con más diez subcomisiones de diálogo nacional, y se conformó otra comisión de paz, diálogo y verificación como remplazo de las demás comisiones que venían funcionando.
Con la quema del palacio de Justicia en noviembre de 1985, los enemigos agazapados de la paz endurecen su oposición a las iniciativas del gobierno Betancur, y la ofensiva exterminadora contra los desmovilizados y militantes de la UP adelantada por aquellas fuerzas reaccionarias ocultas, pero ya estructuradas como una herramienta paramilitar del Estado, se configura una sin salida. Sin embargo, Betancur insiste y logra mejorar un poco el ambiente político en favor de la paz, con los acuerdos de diciembre de 1985 con dos destacamentos del ELN y la prórroga de los acuerdos de marzo del 86 con las FARC. Finalmente la comisión empieza a desgranarse como una mazorca de maíz con la renuncia paulatina de sus miembros, y el 5 de agosto de 1986, el presidente debe oficializar la desintegración de la misma.
1986-1990 Gobierno de Virgilio Barco Vargas
Durante los cuatro años del gobierno liberal de Virgilio Barco, se dan dos hechos fundamentales: uno, se desarrolla gran parte del plan de la inteligencia militar llamado Baile Rojo con el que se exterminó a la Unión Patriótica y dos, los narco-para-traficantes hacen irrupción pública. Sin embargo, la política de DDR de Barco, aunque fue bastante más simple que la de su predecesor, también fue rica en aparatos jurídicos y comisiones.
El ministro del Interior Cepeda Ulloa aclaró el trabalenguas presidencial de la siguiente manera: “El presidente Barco dijo: no creamos la ilusión de que va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación pública, no podemos aspirar a que haya paz. No va haber paz. No creemos en esa ilusión, aquí lo que vamos es a lograr normalizar la situación”. En efecto, en agosto del 86 se conforman dos aparato jurídico-políticos paralelos denominados Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación; y el Plan Nacional de Rehabilitación.
Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo del gobierno Santos, en aquel entonces director de esa consejería, complementó la sutil política oficial de paz de Barco de la siguiente manera: “Se trata de omitir la palabra paz y reemplazarla por tres largos conceptos: reconciliación, normalización y rehabilitación, desprendiéndola del simplismo convencional de identificarla solo con diálogos con la guerrilla”.
1990-1994 Gobierno de César Gaviria Trujillo
César Gaviria, antiguo ministro de Gobierno de Barco, dio continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz del anterior gobierno, con una ligera modificación: el modelo DDR negociado con el M–19 y concluido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se convirtió en el ejemplo inflexible a seguir durante toda la administración Gaviria.
Por ejemplo, el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir los constituyentes (9 de diciembre de 1990) las Fuerzas Armadas bombardearon Casa Verde, lugar donde se encontraba el Secretariado de las FARC, eliminando por la vía militar cualquier posibilidad de acuerdos políticos con este grupo y con los demás que aún formaban parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo dos nuevos aparatos burocráticos se conformarían para enfrentar la reacción guerrillera: la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional a cargo del ascendente burócrata Rafael Pardo Rueda, y la Consejería Presidencial para Medellín a cargo de la luminosa María Emma Mejía.
En 1991, después de un accidentado proceso político a favor de un diálogo por la paz, desarrollado por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el gobierno Gaviria se vio forzado a iniciar formalmente las conversaciones de paz en Caracas, las cuales poco después se trasladaron a Tlaxcala (México). Como respuesta administrativa, Gaviria nombró como responsable de las mismas a Jesús (Chucho) Bejarano, asignándole nuevas funciones presidenciales. En enero de 1992, Bejarano es remplazado por Horacio Serpa Uribe, quien cuatro meses después, y de común acuerdo con los delegados de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, dio por terminadas las conversaciones de paz.
Durante el desarrollo de estas conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el gobierno Gaviria conformó como complemento la Comisión Consultiva para el Orden Público y el famoso carrusel burocrático de la paz liderado por Bejarano, conformado por una pléyade de asesores oficiales, todos hoy vigentes como Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha, Reynaldo Gary, Gonzalo de Francisco, Eduardo Díaz Uribe y José Noé Ríos, entre otros.
Para fines de 1991, el gobierno Gaviria logra acuerdos de DDR con el EPL, el PRT y el Quintín Lame, y para vincular al empresariado privado en tal gestión, creó en septiembre 1991 otra comisión asesora de reinserción dirigida por el actual miembro del equipo negociador de Santos Ricardo Santamaría, para que articulara con el propio presidente Gaviria el aporte privado a la reinserción.
En noviembre de 1993 se reestructura la Consejería para la Paz a cargo de Carlos Eduardo Jaramillo, quien acompañará a Gaviria hasta el final de su mandato, concretando acuerdos de DDR con la Corriente de Renovación Socialista, las milicias de Medellín y el Frente Francisco Garnica del EPL. La política gubernamental de la DDR había obtenido un claro aunque parcial triunfo al haber desintegrado la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y reinsertado gran parte de sus integrantes. Solo continuaron resistiendo en armas las FARC-EP, el ELN y una pequeña fracción del EPL.
1994-1998 Gobierno de Ernesto Samper Pizano
El gobierno de Samper Pizano da otro desarrollo burocrático de la DDR. Buscando aliados que le ayudasen a enfrentar el conocido escándalo del financiamiento electoral por el narcotráfico llamado Proceso Ocho Mil, Samper nombró a Carlos Holmes Trujillo, conocido jefe político de la derecha liberal como alto comisionado para la paz, debiendo aclarar posteriormente en otro decreto presidencial que este cargo estaba dentro de la consejería presidencial para la paz bajo la dirección de José Noé Ríos.
Además conformó otra instancia de carácter consultivo: la Comisión de Acción para la Paz, encargada de desarrollar el asunto financiero, tan caro a su gestión; la cual ampliaría y dejaría establecida a través de la ley 368 de 1997 y reforzaría con la creación del Fondo de Programas Especiales para la Paz, o cuenta del Departamento Administrativo de la Presidencia, destinado a apoyar financieramente las funciones del alto comisionado para la paz.
Samper, considerando insuficiente todo el anterior aparataje DDR, estructuró en julio de 1995 una nueva comisión facilitadora de paz para la reinserción del pequeño residuo del M-19 llamado Jaime Bateman Cayón. La responsabilidad recayó esta vez en el arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo, en el administrador arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón, la secretaria de Gobierno del Cauca, el rector de la Universidad Libre de Cali, junto al ex combatiente del M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de los cuentachistes en televisión Alfonso Lizarazo.
Y para agosto del 95, con participación de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación, organizó otra nueva comisión de conciliación nacional, integrada por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos y representantes de los medios de comunicación para que ayudaran en el asunto de la paz.
Por si fuera poco, en julio de 1998, luego de la declaración de Viana en España y la declaración de Mainz en Alemania, Samper creó el comité operativo preparatorio de una posible convención nacional con el ELN, y junto a este comité operativo actuó el comité nacional de paz.
Por último, en abril de 1995, el presidente Samper creó la comisión facilitadora de paz de Antioquia, por decisión de la gobernación del departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Destacamos este hecho, porque esa fue la primera iniciativa DDR de tipo regional en la que el gobierno central daba autorización a una gobernación departamental, y sería pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría 10 años después con la DDR de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez.
1998-2002 Gobierno de Andrés Pastrana Arango
Sin grandes variaciones, Pastrana continuó la lógica de los aparatos burocráticos jurídicos para la DDR, nombrando a Víctor Gumersindo Ricardo como alto comisionado para la paz en la Consejería Presidencial para la Paz, junto a Camilo Gómez Alzate como su secretario privado y poniendo en funcionamiento el Consejo Nacional de Paz junto con el Comité Nacional de Paz.
Pastrana, con el compromiso hecho al presidente de los EEUU Bill Clinton para adelantar el Plan Colombia elaborado en 1997 en EEUU, y en pleno auge del narco-paramilitarismo, pasó de la fase exploratoria con la guerrilla de las FARC-EP a iniciar el proceso de diálogo y negociación que denominó “negociar la paz con las FARC medio de la guerra”. Decretó en noviembre de 1998 la denominada zona de distensión del Caguán y concentró los esfuerzos presidenciales e institucionales en la constitución de la mesa nacional de diálogo y negociación y en un comité temático nacional.
El 7 de enero de 1999, día de la instalación formal de los diálogos, designó como negociadores gubernamentales a Víctor Gumersindo Ricardo, María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola. Y bajo la coordinación del gobierno, conformó el comité temático nacional con reconocidos narco-para políticos como Pomárico y Pinedo Vidal.
El 4 de julio de 1999 cambió el equipo negociador inicial para conformar un segundo, con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos de mayo del 2000, Pastrana aceptó la renuncia de Víctor Gumersindo Ricardo y nombró en su remplazo como nuevo alto comisionado para la paz a su secretario privado Camilo Gómez Alzate.
Sin embargo, después de cuatro meses de difíciles diálogos, el 6 de mayo de 1999, los negociadores del gobierno y los representantes de las FARC-EP lograron firmar y protocolizar los 12 puntos de la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia. Por fin después de más de 50 años de conflicto social y armado en Colombia, se firmaba y legalizaba por ambas partes el primer documento de Estado: una agenda básica para una salida política al conflicto interno de Colombia.
El proceso de negociaciones continuó a pesar de interferencias políticas y militares de todo tipo y, en septiembre de 2000, Pastrana tras aceptar la renuncia del empresario privado Pedro Gómez Barrero, conforma un tercer equipo para las negociaciones con participación del Partido Liberal y la Iglesia católica. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector petrolero y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor Luis Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso López Caballero, quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el general Forero Delgadillo continuarían en la mesa.
En noviembre de 2000 se crea como órgano asesor y consultor del gobierno el frente común por la paz y contra la violencia, integrado por el propio presidente Pastrana, Horacio Serpa Uribe, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro y los actuales encarcelados Ciro Ramírez, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.
Después de varios congelamientos, a inicios de 2001, Pastrana y Marulanda lograron reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de Los Pozos, reafirmando la necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos e invitar a la comunidad internacional. Además de común acuerdo conformaron la comisión de personalidades (también conocida como de los notables) con el propósito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto.
En abril del mismo año Pastrana creó la comisión de países facilitadores para el proceso de paz, integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela, y en abril se inician en el Caguán las denominadas audiencias públicas.
Finalmente, el 3 de junio de 2001, el Gobierno Pastrana anunció un nuevo y cuarto equipo negociador con las FARC-EP nombrando a Reinaldo Botero Bedoya, Ricardo Correa Robledo y Manuel Salazar Ferro, quienes junto al alto comisionado Camilo Gómez y un nuevo comisionado adjunto para la paz Luis Fernando Críales, serían los encargados de afrontar la última fase del proceso del Caguán, y cuyo accidentado desarrollo en medio de la guerra terminó con su rompimiento el 20 de febrero de 2002, motivado por uno de esos hechos de guerra y sin haber desarrollado ningún punto de los pactados en la agenda de 1999.
2002-2010 El octienio de Álvaro Uribe Vélez
Desde antes de su elección como presidente y una vez posesionado en 2002, Uribe Vélez condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los llamados por él “grupos armados ilegales”. Ninguna insurgencia aceptó una rendición, solo aceptada por los narco-paramilitares de las AUC, con quienes se venía negociando, como se dijo, desde 1995, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia.
El extraño aparato burocrático jurídico para la DDR de los narco-paramilitares, legalizado con la ley 975 de 2005, conocida como la ley de Justicia y Paz, fue conducido por el hoy prófugo de la Justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, pero siempre estuvo orientado directamente por el presidente Uribe Vélez y, tal y como ha quedado demostrado hasta el día de hoy, se limitó únicamente a extraditar a los EEUU a los principales jefes narco-paramilitares, acusados no de crímenes de Estado sino de narcotráfico, sin estructurar una política gubernamental de paz para todo el país.
2010 a la fecha. Gobierno de Juan Manuel Santos
Apoyado por el apabullante aparataje político militar y mediático creado por el gobierno estadounidense con el Plan Colombia durante el octienio de Uribe Vélez, su ministro de Defensa J.M. Santos resultó elegido en 2010. En su discurso de posesión Santos plantea una política DDR ambigua, insinuando que él tenía en su bolsillo la llave para abrir la puerta de un eventual proceso de paz con las guerrillas, y dando a entender que había centralizado totalmente bajo su responsabilidad inmediata el asunto de la paz en Colombia, sin delegaciones en comisiones nacionales ni otros aparatos burocrático-jurídicos de Estado como los que se venían creando en las administraciones precedentes.
Después de haber dado muerte a dos miembros del secretariado, jubiloso anunció la cárcel o la tumba como únicas condiciones que tenía la guerrilla para su rendición, desmovilización y reinserción.
Mientras en paralelo y haciendo honor al legalismo santanderista característico de su clase social hasta aquí expuesto, empeñó todos sus recursos políticos en llevar al Congreso de la República los principales lineamientos de su “locomotora neoliberal para la paz”, que resultó convertida en una cascada de leyes presentada como marco jurídico integral para la paz, y que contiene la reforma a la Justicia, la justicia transicional, el fuero para el estamento militar, el código penal, el código minero, la reforma política, la reforma a la salud y la ley de restitución de tierras, aspecto este último que le ha granjeado la oposición radical del sector del rentismo latifundista y ganadero premoderno, ligado al narco-paramilitarismo, opuesto visceralmente a cualquier proceso de diálogo con la insurgencia.
Como todo parece indicar, la guerrilla de las FARC-EP logró superar los golpes militares recibidos en el secretariado y adaptarse a la nueva situación fluida de guerra contrainsurgente tecnológica. Este hecho, sumado a los cambios democráticos y progresistas dados en América Latina y el Caribe, junto a la creciente y masiva movilización popular en el interior de Colombia, han hecho recapacitar, parcialmente, al gobierno Santos en su empeño de DDR y considerar seriamente una posibilidad distinta a la solución militar de exterminio de la insurgencia, tradicionalmente compartida por toda su clase social. Lo cual ha aumentado el encono en contra suya por parte de los enemigos agazapados de una paz para Colombia.
Con esto, el 04.09.2012 Santos comunicó oficialmente que después de seis meses de contactos discretos con la dirección de las FARC-EP, había logrado firmar un acuerdo para la terminación del conflicto colombiano, conocido como la agenda de La Habana. Proceso actualmente en desarrollo en medio de la criminalización de la protesta social y el creciente accionar paramilitar, y enmarcado dentro del erróneo concepto pastranista de adelantarlos en medio de la guerra. No obstante, ambas partes anuncian haber logrado acuerdos sustanciales en cuanto al primer punto, es decir el problema agrario colombiano, verdadera madre del cordero.
Pero, también hay que decirlo, tal como lo venimos relatando, tantos años de guerra contrainsurgente y de terrorismo de Estado vigente e impune han sumido a Colombia en una tremenda y casi insuperable crisis humanitaria, semejante a la de Sudán, pero potenciada por los efectos de la crisis civilizatoria global. Claro que, como también se ha dicho, Colombia no está en el desierto del Sahara, sino en una rica esquina geoestratégica de Sudamérica y el Caribe.
Terrorismo de Estado actuante, vigente, sonante, e impune, implementado consciente y planificadamente por un Estado reconocido legalmente por la comunidad mundial de naciones, que no puede igualarse jurídicamente con los crímenes cometidos en medio de la guerra por cualquiera organización ilegal perseguida por ese Estado. Y que, de no superarse inmediatamente, continuará siendo, como ha sido advertido por múltiples organizaciones humanitarias, una gran amenaza para la paz en Colombia y de la región, pues, de no desmontarse completamente, la paz será peor que la guerra.
Dada la trascendencia que este engendro tiene para el futuro de Colombia, voy a referirme, así sea someramente, dando algunas de las pocas cifras oficiales que se pueden entresacar de entre la maraña estadística existente y que ha tornado caótica su comprensión.
Cifras oficiales que todos sabemos están “pordebajiadas” (como decimos los colombianos) pero que alcanzan a mostrar el tamaño del engendro, gestado y construido a conciencia, desde hace más de medio siglo por la clase dominante y dirigente de Colombia con la ayuda invaluable del Pentágono estadounidense.
El 1 de enero de este año, la Fiscalía de Colombia informa que ha logrado documentar, entre junio del 2005 y diciembre del 2010, es decir durante el octienio de Uribe Vélez: 39.546 acciones criminales del terror del Estado, realizadas con la complicidad de 1.124 políticos, 1.023 militares y 393 servidores públicos, y que arrojan los siguientes datos macabros: 173.181 fusilamientos, 1.597 masacres, 34.467 desapariciones forzadas, 3.924 fosas comunes exhumadas con 4.809 cadáveres, 74.990 desplazados que se suman a los seis millones de desplazados internos existentes. Tres mil “falsos positivos”, la mayoría en la impunidad, y 12 mil militares investigados por la Justicia, para quienes se aprobó una ley de fuero militar. Y en las mazmorras del régimen se pudren ocho mil prisioneros políticos.
Pero no es solo en el gobierno de Uribe Vélez. El colectivo por la paz con justicia social informa que durante el primer año del actual gobierno de Juan Manuel Santos, es decir entre agosto del 2010 y agosto del 2011, se ha logrado establecer el asesinato de 36 defensores de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios de la restitución de tierras, 28 sindicalistas de la CUT y 50 opositores políticos.
Datos que, como lo dije, confirman la tendencia gubernamental para criminalizar la protesta social opositora y, lo más importante, que la estrategia paramilitar del terror del Estado, llámese Convivir, Autodefensas Unidas de Colombia, o Bandas Criminales (Bacrim), sigue actuando impunemente y frente a lo cual los convoco desde ya con el más amplio sentido internacionalista de Simón Bolívar a desplegar una ilimitada solidaridad militante para que el pueblo trabajador colombiano logre definitivamente una solución política al histórico conflicto social armado y pueda construir una verdadera paz democrática, con justicia social y soberanía, de la cual deben formar parte esencial e insustituible las otras dos insurgencias del ELN y del EPL.
Muchas gracias y discúlpeme el haber abusado de su paciencia.
(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
