El déficit en la implementación

0
146
El Gobierno Nacional debe asumir con decisión la presentación de los proyectos bilaterales de implementación del Acuerdo de La Habana. Foto ONU Colombia.

Las FARC cumplen los compromisos, el Gobierno es débil frente a los enemigos de la paz

Hernando López

En evidente señal de cumplimiento de los compromisos y los acuerdos con el Gobierno nacional, las FARC-EP aceleran el proceso de entrega de las armas, pues las Naciones Unidas ya tienen certificadas 7.000 que serán dejadas y entregadas, pero pueden ser más. También tienen información de 950 caletas de armas y explosivos, cuya entrega será más demorada por razones logísticas.  La entrega de caletas tiene inconvenientes técnicos porque los contenedores no están ubicados todavía en cada zona veredal y varias de estas no han sido entregadas. Además, los procesos de amnistías e indultos están demorados y, por consiguiente, los miembros de frentes que conocen de la ubicación de las caletas no podrán abandonar las zonas veredales o campamentos transitorios so pena de ser detenidos.

“En las FARC estamos cumpliendo y estamos dispuestos a seguir haciéndolo; donde está la demora y el incumplimiento es del lado del Gobierno”, dicen voceros de la insurgencia, que no ocultan la preocupación.

Entre el 25 y 26 de marzo del presente año, se realizó, en Cartagena de Indias, la reunión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final (Csivi), integrada por los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con presencia de los delegados de la ONU, los países garantes y otros invitados de instituciones del Estado. Fue un cónclave, como lo denominaron las partes, en que se hizo el balance de lo adelantado en el proceso de implementación y quedó planteada la necesidad de acelerarla. A pesar que lo más difundido en los comunicados públicos fue el compromiso para agilizar la implementación, este semanario conoció que fue agrio el debate sobre el retraso y los incumplimientos gubernamentales. Este punto también fue planteado por los voceros de las FARC-EP a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la semana pasada en Bogotá, con el malestar en las filas oficiales.

El round más reciente

Hasta el momento, casi seis meses después de aprobado el fast track (vía rápida), apenas se han aprobado tres proyectos de ley y tres actos legislativos; y dos decretos expedidos por el presidente han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional. La amnistía y el indulto, en particular, de los presos políticos y prisioneros de guerra, apenas están despegando, y los combatientes ubicados en las zonas veredales no cuentan con ningún beneficio jurídico y están expuestos a ser detenidos en cualquier momento. Ya hay rifirrafes con el Gobierno porque han sido detenidos algunos combatientes y uno de ellos con solicitud de extradición. “No hay celeridad en el Gobierno nacional”. Es la conclusión a la que llegan las FARC-EP.

El round más reciente fue por la implementación normativa de la Reforma Rural Integral en los términos del Acuerdo Final de La Habana. El Gobierno quiso entregar un proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad”, que no había sido discutido en el Csivi, haciendo caso omiso de la propuesta de las FARC, contenida en el proyecto “Decreto para la Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Los dos documentos son contradictorios. “Más de 40 contradicciones fundamentales teníamos”, dijeron las FARC. Un grupo de parlamentarios, encabezados por Iván Cepeda y Ángela María Robledo, así como los miembros del Csivi-FARC, criticaron que el proyecto se quiere imponer por la vía unilateral.

Actitud desleal y autoritaria

Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino, delegados de FARC en el Csivi, recordaron que el Acuerdo de La Habana consigna lo siguiente: “La implementación deberá efectuarse de buena fe y atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes”. Una de esas obligaciones es el acuerdo bilateral. Sin el consenso no hay vía libre para determinaciones y, en el caso del proyecto agrario, se consideró la necesidad de consultar a los indígenas en los casos de sus territorios afectados por los acuerdos.

“El procedimiento gubernamental fue desleal y autoritario”, dijo un vocero fariano. Además, el presidente Santos, desconociendo la necesidad de la consulta con los indígenas, opinó la semana pasada, que “la consulta previa es un dolor de cabeza”. El vocero de la guerrilla, al contrario, consideró, que “también deberían ser consultadas las comunidades campesinas”.

La presión obligó a los funcionarios del gobierno a reunir el Csivi el jueves 11 de mayo, cuando los miembros del Secretariado estaban en La Habana. Hubo la reunión y el sábado 13 de mayo, a las 4 de la mañana, lograron el acuerdo para radicar el proyecto de Desarrollo Rural Integrado el mismo sábado en el Congreso, con la salvedad que aun hay diferencias que se deben subsanar. Algunas tienen que ver con las zonas de reserva forestal y las Zonas de Reserva Campesina. Con la necesidad de las consultas con indígenas y campesinos que el gobierno no quiere, porque a criterio de las FARC esas consultas son un obstáculo para los megaproyectos oficiales que van en contravía de la economía rural integral y campesina. Estos favorecen a las transnacionales y a los grandes inversionistas.

Otro problema es la amnistía, que ahora queda en una especie de limbo jurídico, porque la Corte Constitucional suspendió la decisión sobre su legalidad jurídica hasta tanto no resuelva la ley sobre Justicia Especial de Paz. Hasta ahora solo se han beneficiado unos 500 guerrilleros. Pero la realidad es que hasta este momento no existe la seguridad jurídica, la seguridad personal (guerrilleros y sus familiares son víctimas de los atentados criminales) y la seguridad socioeconómica. No hay condiciones reales para el tránsito a la vida pública, democrática y legal. La pregunta es: ¿Qué va a pasar el Día D más 180 si no se subsanan estas dificultades?

Pero hay más preguntas que se hacen en las filas guerrilleras: ¿Por qué la pasividad del Gobierno en la implementación? ¿Por qué pretende imponer los acuerdos por vía unilateral? ¿Por qué el paso de tortuga en la concreción de los acuerdos sociales y políticos? El fast track va a llegar a su término y la prórroga de seis meses encontrará la dificultad de la campaña electoral.

Triunfalismo del gobierno

El Gobierno nacional sigue creyendo que la guerrilla dialogó en condiciones de derrotada, así haya tenido que reconocer que no logró doblegarla en el campo de batalla. En ese sentido cree que tiene condiciones de ventaja y subestima los acuerdos sociales y políticos, causas objetivas del conflicto.

Es revelador que el plan militar, diseñado para el llamado postconflicto lo denominen Plan Victoria, es pedante y genera falsas conclusiones. Este contexto conduce a que el gobierno manifieste cierta intención de lograr la paz gratis, envolatando los cambios sociales y políticos, pero logrando la dejación de las armas y el paso de la guerrilla a una organización política legal y democrática. A cambio de nada o de muy poco. La célebbre paz gratis que fracasó una y otra vez en el pasado.

Sin embargo, el Gobierno –y el Estado colombiano también- está obligado a cumplir el Acuerdo de La Habana, así se refleje pereza en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso de este último hay rebeldía a cumplir lo pactado en las altas cortes; también en algunos jueces y en la Fiscalía, que no comparten la Justicia Especial de Paz y el nuevo orden judicial que se abre con la aplicación de la verdad, la justicia y la reperación en beneficio de todas las víctimas y de la verdad que es clave en la justicia restaurativa.

Santos le teme a la democracia, como la oligarquía siente pánico por los cambios democráticos. Pero deben cumplir. La ONU y la comunidad internacional son garantes del alcance y la naturaleza de los acuerdos. El gobierno debe entender que las concesiones al uribismo debilitan los acuerdos y al proceso de implementación. Los amigos de la paz no deben guardar silencio, deben actuar y movilizarse, ha dicho el reciente Congreso Nacional de Paz.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*