“…La consigna es entonces crear los comités veredales y barriales de los servicios públicos y comenzar a luchar por el mínimo vital de agua…”
Nelson Lombana Silva
Luis Alberto González además de ser juez de paz de la república, es un abnegado defensor del usuario de los servicios públicos domiciliarios. Durante largos treinta años ha venido estudiando la legislación sobre este tema tan complicado y costoso en Colombia.
Como bien lo dice el líder comunitario, a diario el pueblo pobre se ve enfrentado a la disyuntiva de cancelar oportunamente estos servicios o darle alimento a su familia; unos servicios costosos y de mala calidad, generalmente.
Queda la persona desconcertada al escuchar con qué autoridad el compañero Luis A. González desnuda la forma corrupta como se manejan los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Ibagué y seguramente en muchas ciudades del país. Las marrullas y el aprovechamiento que hacen las empresas del desconocimiento de las mismas normas burguesas por parte del usuario para mantenerlo esclavo de esos servicios tan vitales pero de tan mala calidad.
En Ibagué si llueve se va el agua, si hace sol, se va. Sin embargo, no hay la compensación de la cual habla la ley. Es más. Según el compañero González, la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, IBAL, nos está vendiendo aire por agua; hay una campaña hace rato por privatizar esta empresa pública desde la alcaldía de Carmen Inés Cruz y el actual, Luis H. Rodríguez, sigue empecinado.
El usuario no sabe si está cancelando una tarifa legal o ilegal. Hay algo más aberrante aún: El IBAL tiene una cartera morosa que supera los $18 mil millones de pesos, señala Luis A. González. ¿Quiénes son los principales morosos? Quien lo creyera: Los más ricos de la ciudad. Es decir, los que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6.
El artículo 150 de la ley 142 de 1994, dice por ejemplo, que un usuario está obligado a pagar hasta cinco facturas en caso de deuda. Sin embargo, en estos momentos don Luis está llevando un caso a un usuario que la empresa lo está obligando a pagar una factura por la astronómica suma de $28 millones de pesos.
Entre otras cosas curiosas y desconcertantes están el cobro del alumbrado público y los cortes de los servicios públicos domiciliarios por no pago oportuno y muchas otras arbitrariedades que a diario se presentan en la prestación de estos servicios en la ciudad musical de Colombia.
Para salirle al paso a todas estas bellaquerías de las empresas, don Luis Alberto González, propone varias cosas: 1. Crear los comités barriales, veredales, municipales, departamentales y nacional; 2. Nombrar el Defensor del usuario de los servicios públicos domiciliarios; 3. Comenzar una lucha por exigir para Ibagué el mínimo vital de agua, como dice la ley y la Organización Mundial de la Salud y como se ha venido implementando en ciudades como Bogotá y Cali.
Estas reflexiones las hizo en la biblioteca “Darío Echandía” de Ibagué, el pasado 8 de octubre, después de las 6:30 de la tarde. La página web: www.pacocol.org publica apartes de la conferencia del compañero Luis Alberto González:
“Tengo preparada una charlita con respecto a los derechos humanos relacionados con el agua, con el derecho fundamental del agua. Comenzamos con el análisis de este pajarito tomando agua de la llave, lo cual nos indica que no puede haber un ser viviente sin el agua. Esto tiene mucha relación con la vida. Y como tiene una relación con la vida hace muchos días venimos hablando sobre ese derecho que tenemos todos los ciudadanos del recurso natural agua”.
“El agua fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como derecho fundamental. Miremos la cantidad de personas sin agua. Solo un par de ejemplos. Son 884 millones de personas que carecen del acceso al agua potable y más de 1.500 millones de personas no tienen saneamiento básico y cada año fallece un millón y medio de niños menores de cuatro años por enfermedades derivadas de consumir aguas contaminadas”.
“Esto nos debe generar muchas reflexiones. Si miramos la cantidad de personas que no tienen agua potable, nos podríamos preguntar: ¿Cómo vivir sin agua? Hay muchas personas que utilizan agua pero contaminada. Es muy frecuente en las ciudades cerca al mar donde las aguas son salobres y son extraídas por aljibes sin ningún tipo de tratamiento. Miramos los hermosos hoteles que existen cuyos tanques casi siempre no los lavan, están sus aguas totalmente contaminadas”.
“Cuando regresamos de un paseo por eso sitios turísticos que tenemos en Colombia, regresamos con enfermedades intestinales a raíz de eso”.
“Hay que hacer otra reflexión: ¿Será que podemos hacer algo para que la cantidad de niños que mueren por problemas con el agua contaminada no se siga presentando?”
“Digo: Sí, tenemos que pegar el grito inmediatamente y mirar a ver cómo podemos tener agua pura y apta para el consumo”.
“Acá siempre las tarifas nos la suben con frecuencia, pero nosotros como usuarios no sabemos; no sabemos si es una tarifa legal, si no es legal, solamente nos llega la factura y pagamos simplemente”.
“Miramos que toda la problemática del agua se dirige hacia los estratos más bajos. En periódicos últimamente venimos encontrando unos comunicados que nos dicen que los ricos les están poniendo “conejo” al IBAL en el caso particular de Ibagué, Tolima. Cuando preguntábamos: ¿Quiénes son los que no pagan el agua? ¿Quiénes serán los que no están pagando el agua en Ibagué? Nos encontramos con una tremenda sorpresa: El 70 por ciento de los usuarios ibaguereños son de estratos bajos y para completar el restante, tenemos que los estratos 1, 2 , 3, 4, 5 y 6 el industrial y el comercial, los dos últimos. Pero, los estratos 1, 2 y 3 son subsidiados por los estratos 4, 5 y 6”.
“Si nos ponemos a mirar si verdaderamente el subsidio o el aporte que hacen los estratos altos hacia los estratos bajos, encontramos enormes errores e inconsistencias. Por ejemplo, el estrato 3 no está siendo subsidiado, a pesar de que la norma lo está diciendo. No entiendo por qué las empresas comercializadoras del agua como el IBAL no están subsidiando el estrato 3”.
“Habría también que mirar si las tarifas que nos viene cobrando el IBAL corresponden a la realidad. si miramos detenidamente nos damos cuenta que no hay tal tarifa legal en Ibagué”.
“Así nos trasladaríamos a la parte de los derechos humanos. La declaración universal de los Derechos Humanos de 1948, estableció en el artículo 20: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.
“Por qué eso. Es por la sencilla razón de que algo que hemos visto es que para poder nosotros asesorar a nuestros usuarios y para que todos tengamos la misma información, necesitamos con urgencia establecer los comités de usuarios para servicios públicos domiciliarios en cada barrio, porque no tenemos una persona que sea defensora del usuario”.
“En estos momentos, estamos conformando las asociaciones por barrios, ya tenemos varias asociaciones. La esencia de la empresa son los usuarios. Las empresas son construidas con capitales de los usuarios; si no fuera por los usuarios para qué empresas, si la esencia de la empresa son los usuarios. Necesitamos un control muy especial de las empresas para que todo sea regulado”.
“Desde esa perspectiva, resulta válido preguntarnos por qué tanto abuso de las empresas con los usuarios. Es que son todos los días. Los pocos no alcanzamos a resolver la problemática de los usuarios”.
“Cuando vamos a determinada empresa a solicitar información o claridad sobre algo con respecto al problema de los servicios, encontramos que los empleados de los centros de atención al usuario, no les satisface mucho porque son empleados de la empresa, entonces en la mayoría de veces decide a favor de la empresa. Cuando en realidad necesitamos equidad entre la empresa y el usuario”.
“Se tiene una cartera morosa enormemente. Tenemos por ejemplo la cartera del IBAL que son en cifras redondas $18 mil millones de pesos que los usuarios le están debiendo. Uno pregunta: ¿De qué estratos son los principales usuarios deudores?”
“Si nos trasladamos al artículo 150 de la ley 142 de 1994, encontramos que de todas maneras las personas no están obligadas a pagar más de cinco facturas, sea, solamente están obligados a pagar las últimas cinco facturas. Quedamos sorprendidos por este lado”.
“Bueno, ¿Cómo van a obligar a una persona que pague $28 millones de pesos, como tengo aquí un usuario que le llegó la factura por esa cifra, teniendo en cuenta que él está obligado a pagar solo las últimas cinco facturas?”
“Quedamos totalmente sorprendidos por la actitud asumida por la empresa, aprovechando el desconocimiento del usuario”.
“Sobre este caso hemos iniciado proceso. El señor entabló proceso contra el IBAL porque debía doce años el servicio del agua; solamente por intermedio de una acción de tutela, el juez le dijo que debería pagar solamente las tres últimas facturas. ¿Por qué? Porque así dice la norma y no debemos salirnos de la norma; la normatividad es muy clara. Tenemos bastante legislación sobre el tema de los servicios públicos domiciliarios, han salido muchas sentencias. Por ejemplo, la sentencia que prohíbe el cobro del alumbrado público, la 16850; tenemos la 456 de la corte constitucional que prohíbe el corte del agua en Colombia. Sin embargo, todos los días vemos a las empresas cortando los servicios públicos a los usuarios”.
“Al gerente le he formulado una serie de preguntas: ¿Cuántos usuarios tenemos sin agua en Ibagué? ¿A cuántos usuarios les ha cortado el servicio del agua? A tantos. ¿Por qué? Porque no pagan. Contra pregunto: ¿Usted pasa por encima de la sentencia? Porque sin el agua no podemos vivir”.
“Para eso se ha pensado en el mínimo vital agua. Esto también fue declarado por la organización mundial de la salud. Pero, ¿Qué es el mínimo vital de agua? Es la cantidad de agua que una persona necesita para su aseo personal, para preparar los alimentos y el aseso de los servicios sanitarios. Según la organización mundial de la salud, OMS, dice que son aproximadamente 200 litros por persona diariamente. En la ciudad de Cali existe el mínimo vital de agua, en Bogotá. Los gobernantes allí sí han pensado en las personas que no tienen recursos económicos para pagar la factura”.
“Es elemental. Por el simple hecho de que no se tenga el recurso para pagar la factura, no quiere decir que no se pueda vivir en este país. Tenemos los pobres el derecho a vivir y vivir dignamente. El artículo 365 de la constitución nacional habla muy clarito, cuando dice que es un derecho y a su vez, es una obligación del Estado tener los servicios públicos domiciliarios”.
El problema es que la ley 142 de 1994, le da muchas oportunidades a las empresas para que hagan alianzas privadas, lo que conduce de alguna manera hacia la privatización.
“Por estos días venimos oyendo sobre las “famosas” asociaciones privadas. Hace algunos años, cuando era alcaldesa la doctora Carmen Inés Cruz, comenzaron a llegar unos “personajes” de España a visitar las fuentes de agua y el mismo IBAL”.
“Esto preocupó mucho a un grupo de ciudadanos del cual hacía parte. Todo parecía indicar que ya había una negociación con una empresa de España llamada “Capital Corp.” Llamamos a la alcaldesa y le dijimos que la empresa es de los usuarios y que para poder negociar esas empresas hay que contar con la opinión del usuario”.
“No era posible vender la empresa IBAL como nos vendieron Telecom a los españoles y no nos informaron absolutamente nada, solamente nos dimos cuenta que la habían vendido. Nuestras acciones se perdieron totalmente. Queremos que todos estemos pendientes con las empresas públicas y domiciliarias, porque la mentalidad del gobierno es venderlas en el modelo neoliberal y privatizador. Ojo con el IBAL, es una empresa de nosotros”.
“El mejor negocio que ha existido en el mundo es la venta de agua. Sin embargo, habría que mirar qué pasó con las empresas de Armenia, Cali, etc y vemos que les ha representado una gran rentabilidad. Sin embargo, al parecer la única que no presenta rentabilidad es la de Ibagué”.
“Hemos escuchado de una empresa que vende agua embotellada, de la cual no les ha entregado cuentas a los usuarios. Nada. Sin embargo, se nos avecina la venta de los servicios públicos domiciliarios prepagos. Quiere decir que lo vamos a tener que comprar como compramos los minutos del celular. Se va vender una tarjeta. Si compramos una tarjeta con diez minutos de celular, para eso nos alcanza, lo mismo va a pasar con el agua. Si no tenemos sino diez mil pesos para comprar el agua, eso nos venderán y solamente a eso tendremos derecho. Después nos iremos a joder porque no tenemos más derecho al preciado líquido. Nos vamos a joder”.
“Esa política no beneficia al usuario. Las empresas de servicios públicos deben estar muy relacionadas con los usuarios, que no nos miren como simples clientes como viene sucediendo actualmente. Exijamos que nos miren como usuario, que nos tengan en cuenta. Nosotros tenemos varias asociaciones y sabemos sobre legislación sobre los servicios públicos domiciliarios”.
“No sé por qué las empresas han cogido el corte del servicio. El afán del corte del servicio era el cobro de la reconexión. ¿Cuántos nos cobraban por la reconexión? $18.500 pesitos y esos $18.500 pesitos, ¿Cuánto dinero realmente le entraba a la empresa? Solamente $500 pesitos; los $18 mil se iba para el contratista. Es decir, eran ellos los que se estaban adinerando mientras que a la empresa le estaba entrando muy poco. No sé en dónde conseguían a esos contratistas. Todas las empresas tienen sus contratistas para ciertos trabajos y muchas veces después no les pagan. Tenemos el caso en el municipio de El Líbano, Tolima, El Fresno, en Ibagué, a los empleados no les están pagando, los hecha y argumenta cualquier cosa para no cancelarles. Esa tercerización es dañina, diríase que ya se acabó, porque ya no es permitido por la ley. Es la empresa la que debe conseguir los obreros y parles. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho”.
“Todo esto nos ha llevado a pensar que urgentemente la necesidad de crear las asociaciones de usuarios por veredas y barrios. Ubicar en vez de ese centro de atención al usuario que tiene la empresa y que no favorece al usuario, se debe seleccionar una persona paga por la empresa que defienda realmente los intereses del usuario”.
“Que esos abogados que tienen las empresas y que son pagos por los usuarios también sean justos y equitativos. No se vayan siempre en contra del usuario. De cada asociación barrial o veredal sacaríamos un delegado y montaríamos la asociación municipal, de esos delegados podríamos montar el comité departamental de usuarios y entre los departamentos saldría el comité nacional, cual existe pero ilegalmente porque comenzamos su creación fue de arriba hacia abajo”.
“Yo hago parte de la asociación nacional de usuarios defensores de los servicios públicos y del ambiente. Hace 20 años se montó en Bogotá, al comenzar a asistir a reuniones a Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Neiva, Florencia, etc. En Manizales está sacando un periódico cada ocho días para explicarles a los usuarios para dónde vamos. Eso tenemos que copiarlo en Ibagué. Es bonito que los usuarios sepan qué está pasando con los servicios públicos domiciliarios. Ellos saben que el cobro sale de la estratificación”.
“Ahora miremos una necesidad urgente. Es urgente y es legal. En el congreso de la república se estaba debatiendo proyecto de ley por el cual se nombrara un defensor del usuario por cada 50 mil usuarios que hubiera en el municipio, con un sueldo entre cinco y ocho millones de pesos. Se discutía de dónde iba a salir ese dinero. Lo que pasa es que la autoridad de control en estos momentos de los servicios públicos domiciliarios se llama Súper intendencia de servicios públicos domiciliarios cuando se trata de éstos”.
“Pero cuando no son los servicios públicos domiciliarios. Por ejemplo, cuando solo tenemos el teléfono fijo en la casa, es servicio público domiciliario. Pero a nosotros no nos han explicado lo demás. Por ejemplo, cuando nos metemos a la televisión por cable y al internet, deja de ser servicio público domiciliario y pasa a ser servicio público pero no domiciliario”.
“Cuando se trata de servicios públicos domiciliarios la autoridad de control es la superintendencia de servicios públicos, pero cuando no es servicio público domiciliario la autoridad de control es la superintendencia de industria y comercio. En Ibagué se ha presentado hartos problemas con respecto a eso, porque la mayor parte de usuarios no identificamos muy bien esta situación y nos vienen engañando. No nos hablan claramente”.
“Cómo es que en estos momentos estén llegando a las casas a ofrecernos un seguro de energía que por si de pronto el aparato se quema o si de pronto sucede una tragedia. Eso se nos convierte en una obligación eterna. ¿Cómo cobrar ese seguro? Todos pensarían que en caso de un accidente, conflagración, por ejemplo, el afectado va a llegar a reclamar de inmediato la indemnización. Siempre la respuesta es la misma: “Coloque un abogado para llegar a una conciliación”.
“Si miramos detenidamente lo que dice la norma, la factura de servicios público domiciliario no puede cobrar sino exclusivamente el consumo. El servicio que está prestando. Sin embargo, muchos problemas se vienen presentando con la facturación de electrodomésticos, con planes funerales, créditos de carros, etc”.
“Cuando la persona se alcanza y no tiene para pagar el servicio, a lo sumo para cancelar su consumo, pero las demás arandelas no tiene, entonces la empresa corta. Corte ilegal, por cierto. La sentencia C – 150 de la corte constitucional es de 1993 y está diciendo que para entonces que para hacer un corte se tenía que respetar el debido proceso que tiene que empezarse en los actos judiciales y administrativos. Así lo confirma también el artículo 29 de la constitución nacional”.
“¿Qué hacer en un momento dado que vayan a cortarnos nuestros servicios? Se tendría que elaborar un acta en la cual la empresa le diga al usuario: le voy a cortar el servicio porque usted no me ha pagado por más de tres meses, como lo dice el artículo 19 de la ley 689 de 2001. Qué tal que el usuario tenga el servicio pago como ha ocurrido muchas veces. Sucedió hace dos, tres días con José Domingo Amado en la ciudadela Simón Bolívar de Ibagué”.
“Teniendo el recibo cancelado y a la mano; cuando se los mostró la única respuesta fue: “A mí me mandaron fue a cortar. Vuelva y pague”, resulta que no puede pagar dos veces una factura. José Domingo vive de vender heladitos”.
“También le llegó la factura a un señor de este barrio que hace cinco años está sin energía. Le llegó una factura por $82 millones de pesos. A uno no le pueden cobrar un servicio que no le están prestando. Eso es muy claro. Servicio que no presten, servicio que no se puede cobrar y uno por supuesto, no está obligado a pagar”.
“Todos los días nos quitan el fluido eléctrico. Si llueve se va el agua, si hace sol, lo mismo, se va supuestamente porque a la bocatoma llega el agua muy turbia y se ven precisados a suspender el servicio. Pero, en ninguna factura hemos visto la compensación; la compensación es ese dinero que nos tienen que entregar a nosotros por habernos dejado de prestar el servicio”.
“La semana pasada veíamos por todos los diarios y medios de comunicación, parecía que era publicidad, donde la empresa de comunicaciones móviles celulares “Claro”, supuestamente se le cayó el sistema y duraron cuatro horas sin comunicaciones. Según el gerente de esa empresa, por esas cuatro horas iba a indemnizar con $18 mil millones de pesos a 27 millones de usuarios que tiene. Al dividir esa cifra por los usuarios, encontrábamos que a cada uno le iban a devolver $600 pesos. Se nos dijo que usáramos cinco minutos “gratis” por esa contingencia”.
“Eso nos dejó algo muy importante. Las demás empresas también nos tienen que indemnizar y pagar la compensación. Una persona que tiene una empresa de helados, carnes, lácteos o cualquier otra cosa, se refrigera y si se va la energía la pérdida es enorme. Alguien tiene que responder por ese daño. Cuando estamos en el computador trabajando y se va la energía, muchas veces perdemos todo el trabajo”.
“Eso significa mala calidad del servicio. Los anuncios radiales: De tal hora a tal hora suspenderemos el servicio; vamos a lavar los tanques. Me pregunto: ¿Para qué nos suspenden el servicio cuando van a lavar los tanques, cuando en Ibagué tenemos tanques regados por toda la ciudad?”
“Oigan bien: En Ibagué nos están vendiendo aire por agua. Estamos comprando aire, porque cuando nos quitan el agua, resulta que las tuberías no tienen desairadores y cuando nos ponen nuevamente el agua, al abrir la llave suena algo y, ¿Eso qué es? Aire que está saliendo. Y, ¿Qué estará haciendo el contador? Marcando”.
“Todo esto nos está pasando en relación con los servicios públicos domiciliarios. La invitación es montar los comités”.
“Hay otra cosa para aprender: No sabemos hacer un Derecho de Petición. El proceso comienza por el Derecho de Petición. Muchas veces al campesino le toca arreglar las redes con todo el peligro que eso implica. Todo porque a la empresa siempre se le olvida ciertas cositas”.
“La consigna es entonces crear los comités veredales y barriales de los servicios públicos y comenzar a luchar por el mínimo vital de agua. Lo está diciendo la norma, lo está diciendo Organización Mundial de la Salud, OMS”.
“El derecho fundamental al agua potable y fuera de eso está diciendo cuántos litros está necesitando una persona para sobrevivir. Comencemos a presentarle la propuesta al señor alcalde, al concejo municipal. Trabajar también por la figura del defensor del usuario”.
