La Fiscalía incluye delitos como homicidios, desaparición forzada y amenazas
El pasado 20 de octubre la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac), declaró como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a 34 casos de la Unión Patriótica, decisión que se tomó basada en las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La información fue anunciada por el ente acusador.
El organismo estableció que estas conductas tendientes a la victimización a nivel nacional de miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, fueron casos de exterminio y ejecución general, reiterada y sistemática dentro del conflicto interno.
Las víctimas de esta declaratoria en la que se incluyen delitos como homicidio, desaparición forzada y amenaza son: Óscar Montoya, Misael A. Zambrano, Luz Marina Arroyave, Julio Cañón López, Rafael García, Baldomero Useche, Félix Antonio Villalba, Carlos Gónima, Norman Sergio Vallejo, Diana Stella Cardona, Bernardo Jaramillo Ossa, caso considerado como delito de lesa humanidad desde antes; Pedro Luis Valencia, Elkin de Jesús Martínez, Alberto León Muñoz, Francisco Elado Gaviria.
También Alfredo Gómez Doria, Leonardo Aguirre López, Carmelo Durango Romero, Arturo Moreno López, Jorge Luis Julio, Iber Modesto Rojas, Darío Pérez Negrete, Alfredo Manuel Flórez, Enrique Cabria Genes, Arsenio Córdoba Blandón, Francisco Luis Velásquez, Iván Antonio Correa, Pedro Luis Bermúdez, José Antequera, Gloria Isabel Cuartas, Luis Alberto Junco, Silvio Miguel Gómez, Luis Álvaro David Oliveros y Bartolomé Cataño Vallejo.
Jorge Fernando Perdomo Torres, fiscal general de la nación encargado sostuvo en rueda de prensa que: “No significa esto que otros casos de miembros o simpatizantes del partido político de la Unión Patriótica no sean considerados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Podrán ser considerados, pero ya el análisis va a ser mucho más fácil, por cuanto ya tenemos totalmente construido el contexto”.
Según la Fiscalía se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos reiterados contra la población civil, ocurridos entre 1986 y 1996.
Esta investigación sirve como insumo para otras direcciones y seccionales de la Fiscalía General de la Nación que adelantan casos de la UP.
Gracias a esta declaratoria como crímenes de lesa humanidad los casos no prescribirán y continuarán en investigación.
La Corporación Reiniciar para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es peticionaria por el caso de genocidio contra la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
