Debate sobre tierras: Cada ministro con su baldío

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Lizarralde y sus negocios en el ministerio.

La adquisición irregular de tierra por multinacionales y empresarios colombianos es ahora asunto de linaje político

Lizarralde y sus negocios en el ministerio.
Lizarralde y sus negocios en el ministerio.

Hernán Camacho

Tienen razones los colombianos de indignarse ante la afirmación: “cada ministro tiene su baldío”. Y no es una comedia política; son las peripecias que acostumbra la clase dirigente del país para hacer de las suyas. Esta vez en un asunto de fondo: las tierras de campesinos pobres.

En un debate de control político adelantado por la bancada de oposición en el Congreso de la República, encabezada por los representantes a la Cámara Hernando Hernández y Wilson Arias, estos denunciaron los problemas estructurales de la tierra y su tenencia, pero además los vínculos que podrían tener al menos tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos con la adquisición irregular de baldíos de la nación con destinación específica.

Los involucrados

Serían al menos seis mil hectáreas de tierra en el departamento del Vichada, objeto de cuestionamiento por la manera como llegaron a manos de empresas creadas por la familia de los ministros del Interior, Aurelio Iragorri; de Educación, María Fernanda Campo; y el recién nombrado jefe de la cartera de Agricultura, Rubén Lizarralde.

Ellos, dice la denuncia, a nombre de empresas creadas por familiares suyos y en los que se cuentan como dueños o accionistas, resultaron ser beneficiados de entregas de tierras fruto de la ley 160 de 1994 y hoy ostentan la propiedad de hectáreas destinadas a integrar los nuevos modelos de negocio del agro.

Esta operación jurídica de apropiación es la continuación del sonado escándalo que protagonizara el ex embajador de Colombia en Washington Miguel Urrutia, pues su bufete de abogados asesoró a los empresarios colombianos: “los nuevos llaneros”, como la empresa Riopaila o el banquero y dueño del matutino El Tiempo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, para adquirir tierras en el Vichada.

Según la Constitución y la Ley, a quien se le deben entregar los baldíos de la Nación es a campesinos que cumplan dos premisas fundamentales: campesinos pobres que trabajen las dos terceras partes del predio al menos durante cinco años atrás, y que sus ingresos dependan de la explotación del predio. Pero ni lo uno ni lo otro parecen cumplir los ministros y sus baldíos.

La operación

La hegemonía del linaje en Colombia está íntimamente ligada a la política. Según el representante Wilson Arias, la operación fue sencilla: a un familiar del ministro del Interior Aurelio Iragorri Valencia, de nombre Pablo Iragorri Valencia, dueño de una empresa naviera y piloto de avión, le fue entregado el predio El Cachicamo, en el municipio de La Primavera (Vichada), a título de beneficiario de un baldío de al menos mil hectáreas. Con el título de señor y dueño, Pablo Iragorri vendió el predio a un conglomerado de empresas cuya propiedad es de la familia Iragorri.

“¿Cómo es que el sobrino del senador Aurelio Iragorri Hormaza y primo del ministro del Interior Aurelio Iragorri es un campesino pobre beneficiado por la Ley para ser propietario de baldíos, pero al tiempo es dueño de aviones y empresas junto a su familia?”, se preguntó Arias. Pues bien, esta estratagema jurídica y familiar es el modus operandi para la fraudulenta adquisición de tierras en Colombia.

Ministerio e Indupalma

El otro ministro en apuros éticos para ejercer su cargo es Rubén Lizarralde. Venido de la gerencia general de Indupalma y quien ha dicho que está allí para emprender una verdadera reforma agraria, dicen sus críticos, no tiene el talante para asumir las necesidades reales del campo colombiano y menos si tiene sobre sus hombros cuestionamientos y negocios personales que interfieren las funciones del Ministerio de Agricultura.

De una parte, entregó afirmaciones en las cuales critica la política de subsidios agropecuarios para los pequeños campesinos diciendo: “aclaro que me gustan poquito los subsidios”, y sin embargo, recibió del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) subsidios a los proyectos de Inducaucho en Vichada que él gerenciaba antes de asumir la cartera.

No obstante, Lizarralde tampoco comparte la tesis de la economía campesina y hace serias observaciones al modelo de zonas de reserva, por considerarlo un asidero de insurgencia, pero sí le gusta el modelo empresarial que acapara tierra en beneficio de la gran producción.

El linaje

Bajo estos parámetros, su ex esposa María Campo, ministra de Educación, y Santiago Lizarralde Campo, hijo de los ministros, son representantes legales y accionistas de Inversiones Campo Azul S.A.S, propietaria de 5.357 hectáreas, cuyo origen son baldíos, y como es apenas lógico para completar el rompecabezas están en el departamento de Vichada y son materia prima para un negocio orientado por Indupalma.

El fondo del asunto es que en Colombia se juegan hoy dos modelos de desarrollo. El primero dedicado a los grandes negocios que ha dejado al 80% de los pequeños campesinos con minifundios y con menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Y el segundo, un desarrollo agrícola integral que beneficie al campesinado colombiano por encima de los agronegocios.

¿Cuál paz?

Para el congresista Hernando Hernández, Colombia no puede seguir transitando un modelo de privilegios en la tenencia de la tierra, “a pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos”, sentenció. En Colombia la producción agrícola usa 4,9 millones de hectáreas de tierra pero el país tiene 21,5 millones de hectáreas con esa vocación.

“Hoy una hectárea de agricultura genera 12,5 más valor que una de ganadería. Y si habláramos de los créditos las cifras son contundentes: el 78,2% de los montos del crédito se concentran entre los más grandes productores agrícolas del país”, dijo Hernández, quien además concluyó que tanto el crédito como la tierra están en manos de unos pocos. “Así no se hace la paz”.

El gobierno ha enfrentado la crisis del agro formalizando cerca de dos millones de hectáreas pero ello no implica la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra. La contrarreforma agraria, a la que asiste el país, es la entrega irregular de más de 900 mil hectáreas, adjudicando más de una UAF a personas que no son sujetos de beneficios, y lo que se avecina es la entrega de garantías jurídicas a quienes han conseguido títulos de manera fraudulenta, es decir a conglomerados empresariales nacionales y extranjeros.

Lavar culpas

VOZ pudo conocer que ya circula entre las oficinas de los congresistas el borrador de un proyecto de ley que sanearía la escandalosa entrega de predios que involucra a ministros del gabinete. El nudo esencial del proyecto estaría en entregarle herramientas jurídicas a los “nuevos llaneros”, para que paguen el 20% de cada propiedad a un banco de tierras para que estas sean entregadas a campesinos. A juicio de la oposición, la reforma agraria del ministro Lizarralde es que banqueros y multinacionales y ministros se puedan apropiar del 80% de baldíos y con el 20% restante salvar culpas.