Debate sobre los desafíos de la transición energética

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Los combustibles fósiles no pueden seguir siendo los principales para mover la industria. Foto archivo

Adriana Quintero

La Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz realizó, el pasado 15 de octubre, el primero de cinco conversatorios denominado ¿Apague y vámonos?, enfocado en los desafíos y perspectivas del sector eléctrico en Colombia. En este, profesionales y representantes de diferentes organizaciones y plataformas ambientalistas expusieron sus opiniones en torno a los retos y oportunidades de los nuevos contextos minero-energéticos y ambientales, para impulsar una transición energética que respete la naturaleza, preserve los derechos de las y los trabajadores, consolide la paz y garantice el buen vivir de las comunidades.

Delegados como Juan Camilo Acevedo, sociólogo, representante de la Secretaría Técnica Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz; Óscar Alveiro Vallejo Giraldo, presidente del Sindicato de Trabajadores de ISAGEN S.A., Sintraisagen, Administrador de Empresas y Tecnólogo en Electricidad; Gonzalo Ramírez Aponte, secretario Junta Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol e Ingeniero Eléctrico con Máster en Ciencias Técnicas; y la activista y ambientalista candidata a doctora Tatiana Roa Avendaño y representante de Censad Agua Viva fueron los invitados a debatir en pro de la protección del medio ambiente y de la defensa de los derechos de las y los trabajadores que gira en torno al proceso de transición energética que atraviesa el país.
Según el Ministerio de Minas y Energía, “Colombia consume principalmente este recurso en el sector de transporte con un 40%, le sigue el industrial con un 22%, el residencial con un 20%, el que menos consume es el comercial con un 6% y el 12% del consumo restante, se distribuye en actividades diferentes”.

El Ministerio también dice que la energía proviene de diferentes fuentes “la mayoría que se utiliza en Colombia viene de los combustibles fósiles como la gasolina y el diésel que son derivados del petróleo, el carbón y el gas, estos son recursos no renovables porque son limitados y su producción tarda muchos años. Otra de las formas de tener energía es a través de la electricidad y en Colombia se produce principalmente gracias al agua que es renovable y su generación es menos contaminante en comparación con los combustibles fósiles”.

Para Gonzalo Ramírez Aponte, “la transición energética va más allá del cambio estructural a largo plazo de los sistemas energéticos o fuentes de energía que utilizamos para el desarrollo social, más que las fuentes renovables no convencionales o limpias, que es la discusión básica. Para nosotros el almacenamiento de energía, los sistemas fotovoltaicos no distribuidos, la medición inteligente en redes, la movilidad eléctrica, la transformación digital y la tecnología de redes son muy importantes ya que a partir de ellas radica el cambio”.

Por otra parte, Ramírez manifestó la preocupación de muchos trabajadores que laboran para las grandes empresas del sector minero energético en Colombia, y resaltó que son muy pocos los que gozan de estabilidad y buenas condiciones laborales, “en el sector hay alrededor de 83 mil empleados, de esos, el 73% está tercerizado, solamente 13.600 trabajadores tenemos contrato directo”.

Para Oscar Alveiro Vallejo Giraldo “el tema de la pandemia está siendo aprovechado por las empresas, multinacionales y grupos económicos poderosos que están incidiendo en decisiones que les favorecen solo a ellos. Las medidas del Gobierno apuntan a que la reactivación se haga a costa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos que se ven afectados por las mismas tarifas, no hay que desconocer que la realidad del sector eléctrico tiene unas causas, unas bases que vienen desde mucho tiempo atrás, incluso desde que expidieron las leyes 142 y 143 de 1994, a partir de esa época se viene evidenciando con mayor intensidad un sistema clientelista, político y corrupto, que aún sigue existiendo”.

Según la ambientalista Tatiana Roa Avendaño, el Gobierno argumenta que casi el 100% de la población del país tiene acceso a la energía, cifra que ella cataloga como una falsedad porque muchos no tienen cómo pagar las facturas: “La privatización del servicio de la energía que inició con las leyes de 1994, dio lugar a que las empresas la asumieran más como una mercancía que como un derecho de la gente y como un bien común, hemos visto en la Costa Caribe problemas tan graves como las electrocuciones de las personas, la pérdida de sus equipos eléctricos debido a la pobreza energética, el servicio es de muy  mala calidad y les genera costos enormes. Colombia es uno de los países de la región que tiene las tarifas más altas de energía, estos son asuntos que deberían ser centrales en las discusiones de los trabajadores”.

Sumado a lo anterior, Juan Camilo Acevedo manifestó: “En el país debería existir el derecho a un mínimo vital porque hace parte de las necesidades de la gente y no todo el mundo tiene acceso. Por su parte, Gonzalo Ramírez aseguró “el problema más grave en Colombia es la falta de desarrollo de interconexión en algunas áreas del territorio nacional, alrededor del 8% no tiene cobertura y otro tanto, porque es muy costoso”.
“Cómo se le va a exigir a una comunidad que pague cuando el servicio no se le está prestando bien, en ese sentido, es la preocupación de los ciudadanos frente a los anuncios que está haciendo el Gobierno de que existe la posibilidad de un apagón, frente a esto, se conoce que están trabajando es en esquemas de interconexión internacional, ISA viene participando en proyectos en Centroamérica, hay perspectiva y se habla de un futuro de interconexión internacional. Empresas de aquí como EPM, Celsia y otras también participan, si hoy en día no se garantiza el servicio para las personas de Colombia mucho menos mañana cuando sea más negocio exportar la energía que dejarla aquí”, agregó el presidente de Sintraisagen Óscar Alveiro Vallejo.

Según Gonzalo Ramírez, “pensar en una transición energética requiere de un cambio en las estructuras globales, en los procesos de producción, en la organización empresarial y en las relaciones de trabajo. En consecuencia, a esto, se van a generar menos plazas de trabajo, pero más calificadas, se va a cambiar un trabajo operativo por uno tecnológico, lo que va a requerir más compromiso, pero menos vinculación, todos esto son problemas que afectan el futuro del trabajo. Hay que reestructurar sin que sea un negocio, y si no, terminamos como en la salud, que llega el paciente con el corazón por fuera, pero si no tiene con qué pagar, no se le atiende, así la urgencia sea vital, esto se convirtió en un negocio porque el sistema se privatizó”.

A su vez, Oscar Alveiro Vallejo indicó que hay que revisar qué está pasando con el Gobierno “allá hay unas familias que están asentadas a través de una maquinaria política, el clientelismo viene perpetuándose en el poder, ellos, son los que han entregado las empresas públicas al sector privado y los usuarios somos los que sufrimos. Hay que buscar que todas esas empresas regresen al control del Gobierno, que es el que tiene que garantizar la prestación del servicio, sin embargo, ese Gobierno hay que cambiarlo porque está al servicio de los intereses de poderoso grupos económicos”.

Para la activista Tatiana Roa Avendaño la transición energética también involucra la conducta y la manera de razonar del individuo y resalta que “la transición es cultural o no es”, a su vez añadió, “hay que pensar en las trasformaciones culturales, en reorganizar la sociedad, las ciudades, así como también debemos pensar en las diferentes formas de generar y consumir energía. Debemos analizar en cómo hacer parte de esos procesos de generación de energía y a su vez, dejar de pensar en que otros nos tienen que proveer absolutamente todo”. De acuerdo con lo anterior, Gonzalo Ramírez expresó “en los últimos 40 años, hemos consumido má,energía que la que ha consumido toda la humanidad en los 200 mil años anteriores, es decir, que el reto es muy grande”.

En conclusión, Gonzalo Ramírez Aponte expresó, “en las empresas debemos trabajar para resolver una crisis organizacional, en nuestras entidades somos muy buenos para identificar las diferencias inclusive las personas y fijar parámetros de comportamientos para establecer la política con esos criterios, pero en cambio, tenemos una ausencia de claridad para identificar las coincidencias respecto a intereses comunes y sobre eso trazar políticas. Creo que si nosotros lo superamos podemos establecer y determinar prioridades y proyectarnos para hacer un tejido social mucho más efectivo”.

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