Después de un período de mejoramiento relativo de las condiciones de la confrontación de clases, con la implantación en los noventa de las políticas neoliberales, se reeditaron las viejas relaciones laborales que habían sido superadas por la fuerza del movimiento sindical nacional.
Alfonso Conde
Un peso menos de salario a un trabajador es un peso más de ganancia para el capitalista (verdad de perogrullo). Se hace referencia a los intereses contrapuestos entre empresarios y proletarios y al conflicto permanente que de allí se deriva, elemento de la lucha de clases. Para el desarrollo de esa confrontación los trabajadores se organizan en sindicatos con el ánimo de mejorar, por vía colectiva, su capacidad de negociación y su posibilidad de rescatar aunque sea una parte de la plusvalía que les arrebata el patrón.
Es claro que al capitalista no le interesa que los trabajadores se organicen e incrementen colectivamente su fuerza para el desarrollo del conflicto. No sirve a sus intereses la conformación de sindicatos y por tanto trata de impedirlo por todos los medios. Uno de ellos, que se aplica con frecuencia creciente hasta por el propio Estado, es la negación de la contratación directa y su reemplazo por el contrato de suministro de mano de obra para su actividad empresarial, firmado con terceros.
La fórmula de los capitalistas no es nueva. La historia colombiana registra que en el movimiento huelguístico de los trabajadores del banano al servicio de la United Fruit Company, en el año 1928, uno de los nueve puntos del pliego de peticiones era la contratación directa de los 25 mil trabajadores de la zona bananera cuya vinculación, hasta entonces, se hacía a través de los llamados “ajusteros”, intermediarios que cumplían el papel de empresas de suministro de mano de obra. Esa relación “tercerizada” le permitía formalmente a la transnacional negar la posibilidad de discusión y negociación con un sindicato que si bien agrupaba a todos los trabajadores, ninguno de ellos tenía vínculo contractual formal con la empresa.
El resto de la historia es bien conocida: los trabajadores pararon la producción y los gringos lograron que el gobierno de Abadía y el Ejército colombiano destruyeran la huelga después de asesinar incontables sindicalistas en Ciénaga (más de mil) y otros 29 en Sevilla, Magdalena. Se trató de una de las primeras masacres desarrolladas en Colombia por efecto de la confrontación de clases. Dicen que, además, para algunos “dirigentes” nacionales el asunto representó dádivas por su apoyo a la posición de la transnacional.
Los nuevos patronos
Después de un período de mejoramiento relativo de las condiciones de la confrontación de clases, con la implantación en los noventa de las políticas neoliberales, se reeditaron las viejas relaciones laborales que habían sido superadas por la fuerza del movimiento sindical nacional. La tercerización y los contratos “basura” se han impuesto en el panorama nacional.
La guerra interna, sin duda, ha jugado un papel significativo en ese retroceso que también condujo al debilitamiento de la estructura sindical. Pero también ha proliferado entre muchos la idea de que es factible lograr acuerdos que beneficien a todas las partes y por tanto los esfuerzos de ciertas organizaciones se orientan al logro del “mejor acuerdo” en la disputa, con ganancia para todos. Tamaña tontería no cabe en un dirigente sindical. Se trata de agentes que sirven a los patronos con el ropaje de defensores de la clase obrera.
Los “ajusteros” del pasado pasaron a ser las Cooperativas de Trabajo Asociado de hace unos años las cuales derivaron en “sindicatos” dedicados al oficio, especialmente en los sectores de la salud, las obras públicas y el mantenimiento de vías, hasta auspiciados por alguna central de trabajadores (CGT) que ha confundido su función y aspira a la concertación con los dueños del capital para lograr una conciliación de clases. Ahora, en esas organizaciones, los dirigentes sindicales son los nuevos patronos que convencen a sus trabajadores de su carácter de “socios” y ya no de subordinados que le venden al patrón, ahora dirigente sindical, su fuerza de trabajo.
Con ese embeleco le rapan al obrero tercerizado sus derechos laborales, le bajan los costos al empresario, sustraen plusvalía creada que se convierte en costos de intermediación, beneficio para el intermediario, y sirven de escudo protector del capitalista para frenar la confrontación entre empresarios y asalariados y su organización natural. La alianza entre empresarios, gobierno y estos mal llamados “sindicalistas” se establece para beneficio del capital hacia la desorganización de los trabajadores, que conduce a su debilitamiento.
Las tareas
La tercerización, única forma de vínculo laboral de los asalariados que ha crecido y sigue creciendo, significó en 2014 la vinculación de 152 mil trabajadores industriales temporales (49.500 en 1987), que se comparan con 402 mil permanentes (420 mil en 1987), mientras la tasa de explotación variaba de 222% en 1987 (182% en 1970) hasta 400% en 2014. Es claro el retroceso del movimiento sindical.
Mientras lo anterior sucede, no ha existido la fuerza ni el interés suficiente para llevar a la práctica la construcción y aprobación del Estatuto del Trabajo, ordenado por la Constitución de 1991, que enfatiza los derechos laborales y la vinculación directa y estable del trabajador a la empresa a la cual presta sus servicios. Obviamente su aprobación en el Congreso no es del interés de la mayoría de quienes ejercen la función legislativa. Ellos representan a la clase de los explotadores de diversos sectores. Pero tampoco ha sido del interés concreto de la dirigencia sindical burocratizada, más interesada en el mantenimiento de su modus vivendi que en la defensa de los trabajadores.
Se requiere rescatar para la confrontación de clases a las organizaciones sindicales, especialmente a buena parte de sus dirigentes hoy desviados. Se requiere retomar para los sectores clasistas la orientación de las centrales, especialmente la CUT, hoy dirigida por individuos cuestionados por la ausencia de compromiso con la clase trabajadora. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, fue el proyecto que aglutinó a quienes comprendían la necesidad de la unidad de clase para enfrentar la explotación. Hoy es un remedo burocratizado que, sin discusión ni consulta con sus bases, define la ausencia de condiciones para apoyar efectivamente el paro agrario que se ha aprobado para el 1 de junio. Su apoyo solidario estará restringido, así lo han anunciado, a la emisión de un comunicado de respaldo moral.
El sector clasista requiere tomar el liderazgo del movimiento de los trabajadores. Desde el espacio del Consejo Clasista conformado con ocasión del Congreso de la CUT, apoyado en la Cumbre Agraria y en la estructura generada por la II Asamblea por la Paz organizada por la USO, se requiere construir la coordinación de la renovada capacidad de movilización del movimiento popular.
La tarea, además de la vinculación efectiva del movimiento agrario con el movimiento urbano, es la activación y preparación del paro cívico nacional que tiene como ejes la defensa de las condiciones de vida de la población en contra de las políticas neoliberales y la defensa de las negociaciones hacia la suspensión del uso de las armas como herramienta de la lucha de clases.
