De huelgas y movilizaciones

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Alfonso Conde C.

El capataz de Efromovich en Avianca, Hernán Rincón, intentó descalificar la huelga de los pilotos afiliados a Acdac, afirmando que sus salarios eran semejantes a los recibidos por los miembros del establo parlamentario. Claro que no indicó como referencia su propio salario que de buena forma habría servido para una comparación más valedera. Suele ocurrir que el capataz, para mantener el favor de su dueño, se comporte como el más intransigente defensor de los intereses de acumulación de éste, a pesar de ser él mismo otro vendedor de su fuerza de trabajo.

Al margen del monto de lo percibido por cualquier trabajador, si él es contratado es porque produce con su trabajo un mayor valor del cual se apropia quien lo contrata. Es esa la esencia del capitalismo que roba la riqueza producida por el trabajador devolviéndole sólo lo que considera que vale su capacidad de hacer trabajo. La disputa por tal valor, por impedir que sea sólo el capitalista quien lo define, es el eje de los conflictos colectivos y la principal razón de ser de las organizaciones sindicales.

Los pilotos de Avianca producen para Efromovich bastante más de lo que se les reconoce como salarios y prestaciones y están en su derecho de tratar de lograr la redistribución de la riqueza por ellos generada. Los estados financieros de la empresa presentados en www.aviancainvestors.com muestran un crecimiento de los ingresos operacionales ($4.3 billones en lo corrido hasta junio de 2017) de 5.82% en el primer semestre del año en curso comparado con período similar de 2016, mientras que el rubro de salarios, sueldos y beneficios ($0.55 billones hasta junio de 2017) se modificó en 1.21% en relación con 2016, al tiempo que se presenta una reducción de más de 6.1% en la relación entre salarios y gastos operacionales. Todo ello mientras los activos totales pasan de $14.3 billones a $15.2 billones en el último año. Lo extraño no es la huelga: es que los pilotos no vinculados a Acdac y el resto de los trabajadores de Avianca aún no se sumen al movimiento.

En lugar de resolver el conflicto laboral la empresa acude al viejo mecanismo patronal de amenazar con despidos masivos de pilotos de no levantarse el cese de labores, asunto negado por la ley laboral mientras un juez no determine la ilegalidad de la huelga, asunto que no es pertinente en este caso a pesar del alegato de Efromovich. Convoca además la contratación de esquiroles para suplir el trabajo de los más de 700 pilotos en cese de actividades. El empresario y su capataz no se han enterado aún que la época de las amenazas y la violencia para “resolver” los conflictos laborales ya pasó a la historia, y que todos los trabajadores colombianos tienen el derecho de tasar y acordar con los empresarios el precio de su fuerza de trabajo. Tendrá que ceder en su ambición de acumulación.

Mientras se desarrolla el conflicto anterior entre grandes empresarios y trabajadores calificados, en otro rincón del país se moviliza la población en defensa de sus posibilidades de vida. En el Catatumbo, tal vez impulsada por el “emperador” guerrerista Trump y desconociendo los acuerdos previos de sustitución voluntaria de cultivos firmado ya por 3.000 familias, la fuerza pública trata de realizar la labor por la fuerza, lo cual se traduciría en la miseria absoluta de quienes hasta ahora no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Es justificable que la población haya amenazado con un paro que podría interrumpir otras actividades económicas. En cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con el movimiento armado y por simple humanidad, la fuerza pública colombiana no puede matar por hambre ni por plomo a colombianos para satisfacer los berrinches del imperio. Seguramente, si no hay acuerdos con los campesinos, el movimiento que se podría generar trascendería las fronteras de esa región nortesantandereana.

Colombia es un país lleno de conflictos, muchos de ellos represados por largo tiempo de violencia asesina contra los desposeídos. Es hora de que las partes en disputa resuelvan sus diferencias sin el uso de las armas. A eso se comprometieron el Estado y la insurgencia.

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