Daño colateral al proceso de paz

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Diligencia de reconocimiento de los hechos y recopilación de pruebas.

El mayor perdedor, sin duda, es el proceso de negociaciones que se adelantaba desde el anterior gobierno con la guerrilla del ELN. Desde su campaña electoral y en los primeros meses de gestión, para el presidente Duque siempre resultó incómoda la presencia del ELN en una mesa de negociaciones

Alberto Acevedo

Los sectores populares, democráticos y de izquierda, coincidieron en esta ocasión con los círculos gubernamentales en condenar el atentado con carro bomba, que se perpetró en la mañana del pasado jueves 17 de enero contra las instalaciones de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, de la Policía Nacional, al sur de Bogotá, que arrojó un saldo de 21 muertos, 87 heridos y cuantiosos daños materiales no solo en las instalaciones de la escuela militar, sino en las casas y locales comerciales de los barrios aledaños.

En lo que no coinciden los sectores populares, y numerosos analistas independientes es en el despliegue de histeria del presidente de la república y de las diversas autoridades de investigación sobre los móviles, las circunstancias y los autores intelectuales del atentado, y las medidas adoptadas por el alto gobierno, principalmente el rompimiento de facto de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

En los días siguientes al insuceso, la cúpula del ELN no hizo pronunciamiento alguno, reivindicando o desvirtuando la autoría del hecho. Sólo hasta el domingo, de acuerdo a versiones de prensa, el COCE reivindicó la autoría del atentado.

El más impopular

En el transcurso de la semana, las mentes más serenas se preguntaron, no tanto quién ordenó el estallido del artefacto, sino quiénes ganan con ello. En primer lugar, el presidente de la república, inmerso en un acelerado desgaste, que ya era palpado por los sondeos de opinión, a menos de tres meses de su mandato. La analista Melissa Velásquez, de CNN, lo calificó como “el mandatario más impopular en sus primeros cien días de gobierno”, con un índice de aceptación de apenas el 38 por ciento según la encuestadora Datexco.

En opinión de la periodista de la cadena norteamericana, obedece a “la falta de norte” del mandatario, a sus políticas impopulares y a la extraordinaria movilización estudiantil para arrancar del gobierno una tajada de presupuesto mayor para la educación pública. Con su llamado a la “unidad nacional”, a que todas las fuerzas vivas del país “rodeen al gobierno”, un clamoroso mensaje en medio de los despojos humanos y los restos incandescentes del vehículo que transportó los explosivos, se produjo un hilarante derroche de solidaridades hacia el gobierno.

Y los índices de popularidad del errático mandatario comenzaron, como por arte de magia a ascender. Los gremios económicos, la iglesia, los partidos, llamaron a rodear al presidente.

De lo que no se habla

Y también como por arte de birlibirloque, de las rotativas de la acuciosa prensa oficial y de los grandes noticieros, desapareció el tema de Odebrecht; no se volvió a mencionar la matanza de activistas sociales y defensores de derechos humanos, que precisamente esa semana se reconoció que era “metódica y selectiva”, como lo estimó una investigación de la Comisión Colombiana de Juristas.

Cuando explotó el carro bomba se comenzaba a hablar del inminente riesgo de un nuevo genocidio en la población de El Salado, departamento de Bolívar, a manos de grupos paramilitares. Se insinuaba un nuevo negociado en la salud con la venta de Medimás; el gobierno central anunciada la venta de una parte importante de las acciones de Ecopetrol, en un nuevo paso hacia la privatización de la estatal petrolera. Y se hacía mención de las complicidades de las autoridades antioqueñas en el desastre de Hidroituango. Desde luego ya esos no son temas de debate entre una opinión pública mediatizada.

Entre los ganadores está, desde luego, el Fiscal General de la Nación, sumido en el mayor de los desprestigios ante su evidente complicidad en el sonado caso de corrupción de Odebrecht. El día del estallido en la Escuela de Cadetes, estaba convocada una marcha de antorchas para exigir la renuncia del Fiscal Martínez, que fue cancelada ante la conmoción por el atentado.

Escándalos y “suicidios”

Y desde luego, gana la Policía Nacional, inmersa en una serie de denuncias, que van desde la violación de una teniente a manos de un superior en la Escuela de Policía de Valledupar, hasta otros escándalos, que pasan por la llamada “Comunidad del anillo”, una red de prostitución forzada de cadetes que llevó al “suicido” de la alférez Lina Maritza Zapata. Estos ilícitos fueron investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, sin que nunca aparecieran responsables del caso.

El día del atentado a la Escuela de Cadetes, estaba convocada una movilización estudiantil en varias ciudades, para exigir la disolución del Esmad, un cuerpo policial acusado de maltratos, torturas y crímenes contra la población, en lo que era el colofón del paro estudiantil del año pasado. Desde luego, también esta marcha se canceló a última hora.

Esquirlas

Pero donde hay ganadores, también hay perdedores. Y es aquí donde aparecen los daños colaterales del atentado del 17 de enero en Bogotá. Ante el reencauche del gobierno Duque, y gracias al montaje mediático que permitió además que el domingo pasado se realizaran manifestaciones en varias ciudades del país en respaldo al gobierno y condena al “terrorismo” del ELN, se distraen las denuncias por la muerte sistemática de líderes sociales y defensores de derechos humanos; se golpea la campaña por la renuncia del Fiscal General; se resiente la movilización por la disolución del Esmad; introduce un elemento de incertidumbre en la campaña por el Paro Cívico Nacional contra la política social del gobierno. Además se insinúa una polarización mayor entre quienes abogan por la continuidad del proceso de paz y de negociación con el ELN y quienes “rechazan el terrorismo”.

En este desbalance, el mayor perdedor, sin lugar a dudas es el proceso de negociaciones que se adelantaba desde el anterior gobierno con la guerrilla del ELN. Desde su campaña electoral y en los primeros meses de gestión, para el presidente Duque siempre resultó incómoda la presencia del ELN en una mesa de negociaciones.

Y no solamente la presencia de los elenos, constantemente descalificados y satanizados, sino el proceso mismo de la firma de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón con las FARC. No es casual que voceros del uribismo hayan prometido “hacer trizas” el proceso de paz, cuestión que paulatinamente han venido consiguiendo, no sin la acuciosa ayuda del Fiscal General, de las bancadas parlamentarias mayoritarias y de algunas decisiones de las altas cortes de justicia.

La decisión del presidente Duque de retirar el estatus especial de negociadores a los representantes de esa guerrilla en La Habana, de ordenar su captura, desconociendo protocolos internacionales, y exigir de las autoridades cubanas su captura y entrega, no solamente es un insulto a la diplomacia internacional, al gobierno cubano, sino al resto de países que de buena fe han venido actuando como mediadores en la actual negociación, que Duque jamás quiso reactivar.

La demanda de la cancillería colombiana -que sostiene la fantasiosa teoría de que “ningún protocolo ampara el terrorismo”-, para que Cuba entregue las cabezas de los negociadores en bandeja de plata, y la insinuación de que otros líderes insurgentes se refugian en Venezuela, que también debe hacer lo mismo, es una forma de ‘elenizar’ las relaciones con ambos países. Pero es además una intentona del actual gobierno, como en los tiempos de la ‘seguridad democrática’ del presidente Uribe, de regionalizar el conflicto, en favor de posiciones militaristas, y para regocijo del Pentágono norteamericano y de sus planes intervencionistas en el continente.

No cerrar las puertas al diálogo

El gobierno cubano, cuya diplomacia goza de inmenso prestigio internacional, atendiéndose a los protocolos internacionales que la Casa de Nariño quiere mandar por la borda, dice que se allana a los protocolos suscritos con anterioridad y a los procedimientos del derecho internacional, cuando se producen rompimientos de esta naturaleza.

Un cartel, levantado durante los desfi les del domingo anterior en Bogotá.

En medio de este complejo panorama, llama la atención que en  los primeros días siguientes a la explosión de la Escuela de Cadetes, la dirección nacional del ELN no haya hecho un pronunciamiento en torno a los acontecimientos.

La tríada Policía Nacional, Fiscalía y Presidencia de la república, fueron muy diligentes en el hallazgo de responsables en menos de dos horas de juiciosa investigación. Claro, presentando unas versiones tan contradictorias y febriles, que no dudaron las redes en hablar de ‘falsos positivos’.

La presente semana comenzó con el anuncio, por varios medios de prensa, de que la dirección nacional del ELN reconocía autoría en los hechos de la escuela de cadetes. Justifica la acción en retaliación al bombardeo que tropas del ejército hicieron a uno de sus campamentos en diciembre pasado, en momentos en que la organización insurgente mantenía una tregua unilateral, como gesto de buena voluntad.

Se alza así, sobre sus espaldas, la responsabilidad política que implica una temeraria acción militar de semejante envergadura. Pero queda claro que los gestos que el gobierno le reclamó a la guerrilla, sí se hicieron, y no solo una vez, sino varias. Y que la idea de negociar en medio del conflicto, sin concesiones mutuas, tiene sus riesgos. Y más aún, cuando el gobierno Duque ha pretendido una rendición incondicional, poner de rodillas a una guerrilla que otros gobiernos nunca fueron capaces de derrotar militarmente, en vez de sentarse a la mesa de diálogo sin condicionamientos previos, buscando acuerdos de consenso, que como el cese los atentados dinamiteros o el secuestro, está claro que son susceptibles de negociar.

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