Cumbre de la Salud en Medellín: Banca mundial impone las condiciones

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Casi en silencio, sin muchas repercusiones en la prensa nacional, el Banco Mundial y el BID determinaron, a instancias del Ministerio de Salud, las pautas para una reforma al sector, bajo la perspectiva de un jugoso negocio y no como un derecho fundamental de los colombianos

Alberto Acevedo

Sin que el grueso de la opinión pública se enterara, casi de manera clandestina, y a instancias del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Salud, en la capital antioqueña, durante los días 26 y 27 de febrero pasado, se realizó una flamante cumbre nacional de la Salud, a la que no fueron invitados, sin embargo, la mayoría de los representantes de los gremios médicos, de trabajadores de la salud, de los usuarios interesados en una reforma democrática en el sector.

Y no se les invitó, por la sencilla razón de que la intención de la reunión era delinear los parámetros de una reforma futura, bajo las exigencias de la banca internacional, interesada en apropiarse de una buena tajada del presupuesto de la salud pública en Colombia, una millonada que equivale al 6.5% de nuestro Producto Interno Bruto.

Los planteamientos del BID y del BM parten de considerar la responsabilidad del Estado frente a la salud como la prestación de un servicio, y no como un derecho fundamental de los colombianos. En estas condiciones, cualquier reforma que se plantee debe partir del beneficio que se otorgue a la intermediación financiera, es decir: que proteja el jugoso negocio de las EPS, manto bajo el cual seguramente la banca internacional va a meter sus garras.

Para salvaguardar los intereses del sector financiero, la banca internacional demanda del gobierno garantizar la permanencia de las EPS, que ya desfalcaron el erario en una cifra superior a los cuatro billones de pesos; establecer una atención primaria selectiva, en la que recibe atención médica el que tenga dinero para pagar, en vez de una atención universal y gratuita, y que las compañías de seguros sean las que controlen la puerta de entrada al servicio, y con ello a todo el sistema de salud.

Puja distributiva

En este sentido, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, de la que hacen parte las más representativas organizaciones gremiales y sindicales del sector, denunció que “la estrategia para avanzar en el ajuste del actual sistema de salud”, de la que habló el ministro Alejandro Gaviria en la reunión de Medellín, no hace más que afianzar la puja distributiva entre los grandes tiburones que se pelean por hartarse con una tajada cada vez más grande del presupuesto de la salud pública.

Bajo el fementido pretexto de defender el ‘bienestar general’, dice la Mesa Nacional, lo que el ministro Gaviria califica como ‘avanzar’, no es más que ajustar el negocio, depurar las reglas de juego y proteger a los agentes dominantes del sistema, con la figura de ‘gestores de servicios de salud’, privatizando definitivamente los recursos públicos; vale decir, aceptar en su totalidad el recetario que impone la banca internacional. Que por cierto es un requisito para entregar unos recursos al gobierno, a título de préstamo, de acuerdo al documento No. 2952/OC-CO, suscrito por la administración central.

En efecto, el ministro Gaviria reconoce que un proyecto de reforma al sistema de salud en Colombia, de iniciativa gubernamental, prácticamente se encuentra empantanado, debido al lobby realizado por las empresas prestadoras de salud, que han comprado el voto parlamentario y desdibujado de tal manera el espíritu inicial de la reforma, que la hacen inviable.

Intereses financieros

El ministro de Salud ha dicho que frente a la actitud indolente del Congreso está en condiciones de adelantar la reforma mediante la expedición de decretos y solo reclama del legislativo “lo esencial, con una ruta clara para armonizar con la ley estatutaria” (entrevista en El Tiempo, lunes 3 de marzo).

A esta posición, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud responde que “lo esencial” que el ministro reclama es la alineación de incentivos para que los agentes del negocio se orienten hacia la gestión del riesgo en salud, limiten el derecho a la atención universal de los ciudadanos por medio del cálculo costo-beneficio para cada tecnología o medicamento actual o futuro.

Es la confirmación de que el sector salud se ha convertido en el gran negocio, en el que cada agente quiere lucrarse de los recursos públicos que circulan sin control por el sistema. La banca mundial defiende este estado de cosas, y el ministro Alejandro Gaviria se pliega dócilmente ante las exigencias externas y los intereses del poderoso sector financiero que se lucra de la salud.

Ante semejante desiderátum, los gremios médicos y de trabajadores de la salud reclaman el retiro inmediato del proyecto de ley que cursa en el Congreso, que no responde a los intereses del sector ni tiene un contenido democrático y a cambio estudiar un nuevo proyecto de reforma de consenso con los trabajadores del sector, los usuarios y la comunidad científica.

Reforma democrática

Esta idea debe estar ligada a la eliminación de las EPS y de todo tipo de intermediación, la derogatoria de la ley 100 que establece un sistema de salud absolutamente arbitrario, y rescatar al Ministerio de Salud del control del BM y del BID, a fin de que diseñe verdaderas políticas de salud pública en Colombia.

Este panorama de reivindicaciones incluye la defensa de la tutela, como un derecho expedito de los pacientes para acceder de manera rápida al derecho a la salud. En este sentido, la Corte Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse contra el uso utilitarista, comercial y criminal que se hace de la salud y poner coto a los mercaderes del servicio, a quienes importan los dividendos y no la vida de los pacientes.

Esta estrategia social implica, desde luego, el rescate de los hospitales públicos. Mientras las investigaciones por el desfalco que las EPS hicieron de los recursos de la salud por más de cuatro billones de pesos marchan a paso de tortuga y apenas dos personas han sido condenadas por este hecho, a los hospitales de Bogotá se les adeuda 310.447 millones de pesos, lo que los pone al borde del cierre. Es esto lo que hay que cambiar y privilegiar la salud como un derecho fundamental de los colombianos.