Cultivos de uso ilícito y lucha social

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Zabier Hernández Buelvas
@ZabierHernndez

El punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana generó un marco de tratamiento de las conflictividades sociales relacionadas con la problemática de cultivos de uso ilícito a través del “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo PNIS”.

Uno de los primeros compromisos del Gobierno nacional era brindar la seguridad y las garantías a las comunidades que tomaran la decisión de sustituir voluntariamente estos cultivos, y un segundo compromiso era el de apropiar los recursos necesarios para invertir en los aspectos sociales, económicos, de infraestructura y productivos para soportar la transición de los cultivos de uso ilícito hacia una productividad agrícola y agropecuaria articulada a las dinámicas formales y legales de las economías locales, regionales y nacionales. Nada de esto ha cumplido el gobierno. Sus decisiones y acciones se han quedado en el plano puramente militar y policivo. Lo ordenado por los Estados Unidos en materia de erradicación forzada se atraviesa en la estrategia de sustitución voluntaria y concertada con los sectores cocaleros campesinos, afro e indígenas.

Si a esto agregamos la total desarticulación con el punto uno de los acuerdos en materia de Reforma Rural Integral y de formulación y ejecución participativa y concertada de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, la debilidad institucional y la falta de recursos, el panorama se torna difícil y complejo. La Agencia Nacional de Tierras ANT, está inmovilizada, sin recursos ni equipos profesionales suficientes que asuman la tarea de organizar el Fondo de Tierras. La Agencia de Renovación Territorial ART, en iguales condiciones de debilidad y desconectada del resto de instituciones, vuelven inoperante sus funciones.

Pero el gran problema de la situación referida a cultivos de uso ilícito, es la política contraria a la paz del Gobierno nacional, ya que la militarización territorial, el tratamiento de enemigo interno y la criminalización de los cultivadores sigue dominando las estrategias públicas. Estrategias que han demostrado su fracaso histórico, ya que Colombia pasó de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016, con un aumento del 52%.

Debemos defender e impulsar el proyecto de tratamiento diferencial a los cultivadores de cultivos de uso ilícito que tengan entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas. El proyecto recoge el espíritu del acuerdo 4 que reconoce que el campesino no es un criminal y que es además el eslabón más débil de la cadena. Entre otros aspectos el proyecto equilibra las cargas en beneficio del campesinado en el escenario actual de implementación de una política ambigua y contradictoria del Gobierno.

El costo social y humano de las comunidades en lucha contra estas políticas agresivas del Estado colombiano, es muy alto. Según Marcha Patriótica, este año 2017 va un total de 127 casos de asesinatos de líderes y lideresas en comunidades campesinas, afro y afrodescendientes. A pesar de ello, la lucha, la organización y los niveles de cohesión social, política y comunitaria en defensa de los acuerdos de La Habana y en específico de los puntos 1 y 4 va creciendo y se expresan hoy en el paro indefinido en desarrollo. Hoy están detenidas las erradicaciones forzadas en Guaviare, Nariño, Catatumbo y Cauca, aunque esto no es una victoria popular definitiva, la política agresiva y militarista del gobierno y el Estado se agotan y la lucha por la paz con justicia social crece.

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