Cultivadores de coca, desamparados

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Movilización de campesinos cocaleros en el oriente colombiano. Foto archivo.

Colombia Informa
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Son 27 los líderes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) que participaban en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y que han sido asesinados entre el 2017 y lo que va corrido del 2018. Cientos han sido amenazados. Además, el PNIS se encuentra en grave riesgo de fracasar, debido al incumplimiento del Gobierno nacional.

“Los campesinos hemos venido cumpliendo los acuerdos pero si la gente no tiene proyectos productivos, ni carreteras para sacar los productos, ni créditos, ni ayuda técnica, si nos siguen criminalizando y asesinando, no vamos a tener más opción que volver a los cultivos ilícitos”, así lo aseguró Luz Perly Córdoba, vocera de la Coccam, en rueda de prensa en Bogotá, el martes 6 de marzo, Día Nacional de las Víctimas.

El aumento de los cultivos ilícitos, que han alcanzado cifras históricas en los últimos años (llegando a las 200 mil hectáreas), es uno de los temas duros de la agenda política entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Trump viene presionando con la disminución de la ayuda económica a nuestro país; una presión que recae hoy, como siempre, sobre el eslabón más débil de la cadena: el pequeño cultivador.

En departamentos como Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Chocó y Antioquia la situación es muy complicada. “En Antioquia tenemos amenazados a todos nuestros líderes, y no se puede decir que son solo las autodefensas o los paramilitares, porque son cuatro o cinco bandas que se pelean el territorio (en el Bajo Cauca Antioqueño están el Clan del Golfo, los Urabeños, los Caparrapos), y los asesinatos selectivos en los cascos urbanos son muchos: en Caucasia, Tarazá, Cáceres, Valdivia, son cosas que no dicen los noticieros, pero cada día hay más miedo”; así lo señaló José David Hernández, miembro de la Coccam en Antioquia.

Incapaz de brindar seguridad en los territorios abandonados por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el propio Gobierno se niega a reconocer las formas comunitarias de protección territorial como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Por el contrario, las criminaliza y persigue.

A la crisis humanitaria se le suma el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, lo que tiene al PNIS a punto de fracasar. Más de 54 mil familias están inscritas hoy en el programa, pero los recursos para su continuidad (1.5 billones de pesos) no están garantizados en el presupuesto nacional.

Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine este Gobierno? ¿Existe la voluntad política para seguir implementando los Acuerdos de La Habana en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos? ¿Serán el presidente Trump y sus imitadores colombianos quienes sigan imponiendo una política antidrogas fallida? Estas y más son las preguntas que hoy se hacen muchos campesinos en Colombia.

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