Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA
Mientras el gobierno hace alarde desproporcionado sobre supuestos avances en la solución de los problemas sociales, en los últimos meses el país se ha ido convirtiendo en un hervidero de conflictos que ponen al desnudo la incapacidad, la prepotencia y la brutalidad del régimen de Juan Manuel Santos.
Ayer fueron los cafeteros, los cacaoteros, los arroceros y otros sectores agropecuarios; después vinieron los fabricantes de calzado. Todos ellos son víctimas de los tratados de libre comercio que están arruinando la producción nacional y causando desastrosos resultados para los trabajadores y la población.
Desde el 12 de junio, miles de campesinos del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander realizan una movilización que expresa la protesta contra los megaproyectos minero-energéticos que el gobierno adelanta en la región, contra los atropellos de la Fuerza Pública en el marco del Plan Consolidación Integral, contra la erradicación de los cultivos ilícitos, sin que, al propio tiempo, se les ofrezcan alternativas a los campesinos; porque se reconozcan las zonas de reserva campesina, se atienda la crisis humanitaria y se den soluciones a los múltiples problemas que se viven en una de las zonas más olvidadas del país y más castigadas por el conflicto.
La respuesta del gobierno, al igual que ocurrió con los cafeteros, consistió en el envío de numerosos contingentes del Esmad, ampliamente reconocido por su brutalidad contra las manifestaciones públicas, y en la trillada acusación de que el movimiento está infiltrado por las FARC y el ELN. Pareciera como si el gobierno estuviera aplicando anticipadamente la ley de Fuero Militar y semejantes sindicaciones se utilizaran para convertir a los campesinos en “blancos legítimos” de la acción policial.
El saldo de la represión contra la población es, hasta ahora, de cuatro manifestantes muertos a bala y numerosos heridos que, como es costumbre, la policía atribuye a supuestos guerrilleros infiltrados en la protestas, con el propósito de eludir su responsabilidad en los hechos.
Ante esta situación, que es cada vez más grave, nos preguntamos: ¿Hasta cuándo va a continuar la intransigencia del gobierno? ¿A partir de cuántos muertos va a entender que los problemas se solucionan es mediante el diálogo? Sólo hasta última hora, en vista del desborde de los acontecimientos, el gobierno ha aceptado enviar una comisión que ojalá asuma una actitud constructiva para propiciar un arreglo satisfactorio.
Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es una pésima señal sobre la verdadera voluntad de paz del gobierno. Echar discursos sobre la paz y, al propio tiempo, descargar la barbarie militarista sobre el pueblo, es una contradicción flagrante e injustificable.
Con base en estas consideraciones, reiteramos nuestro respaldo a la justa protesta del campesinado del Catatumbo, condenamos de la manera más enfática los asesinatos, les hacemos llegar a los familiares y compañeros de las víctimas nuestra más firme solidaridad y exigimos a las autoridades hacer plena claridad sobre los autores de los crímenes, al tiempo que pedimos del gobierno ponerle fin a la represión y abrir el diálogo para encontrarles soluciones prontas y eficaces a los problemas que originaron el conflicto.
Así mismo, llamamos al movimiento sindical y popular a rodear del más amplio respaldo a los campesinos del Catatumbo y a demandar del gobierno una actitud que en vez de contradecir los propósitos de las conversaciones de La Habana, contribuya a visibilizar la búsqueda de la paz.
Bogotá, D.C., 27 de junio de 2013
